Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI)
E-mail: cidai@cidai.uca.edu.sv

Universidad Centroamericana (UCA)
Apdo. Postal 01-168 Boulevard Los Próceres
San Salvador, El Salvador, Centro América
Tel: +(503) 210-6600 ext. 407
Fax: +(503) 210-6655
 

    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.

    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.

     Los interesados en suscribirse a este boletín pueden dirigirse a la Oficina de Distribución de Publicaciones de la UCA. Cualquier donativo será muy bien recibido por el CIDAI. Esta publicación se puede consultar parcialmente en la página electrónica de la UCA: http://www.uca.edu.sv

ÍNDICE

EDITORIAL

    El gobierno forzó tanto las cosas, que se le aguó la fiesta que preparaba para celebrar el final de la verificación del cumplimiento de los acuerdos de paz. La gran celebración sería el 16 de marzo y contaría con la presencia del Secretario General de Naciones Unidas. Pero éste pospuso su visita al país, poniéndole fin prematuro a una celebración que el gobierno salvadoreño se prometía buena. La razón aducida es el cambio del entorno nacional. La celebración ya había sido pospuesta una vez, de tal manera que la conmemoración del 16 de enero tuvo más de inauguración del año escolar que de celebración de los acuerdos. El gobierno se estaba reservando para marzo. Por lo visto, deberá seguirse reservando y conformarse sólo con el espaldarazo que, sin duda, le dará el presidente Bush, durante su visita de cinco horas a la capital salvadoreña, el 24 de marzo.

    La respuesta del Secretario General es un no diplomático al gobierno salvadoreño y aunque aparentemente éste no proporciona detalles sobre los cambios ocurridos en el entorno nacional que le impiden visitar San Salvador, no es difícil adivinarlos. El fracaso diplomático es sonado, sobre todo cuando aquél visitará otros tres países centroamericanos, en lo que es una gira regional, de la cual ha quedado excluida El Salvador. El único culpable de este fracaso es el gobierno de ARENA. Es normal que éste rehuse reconocer su fracaso internacional y busque culpables de su propia torpeza. Es así como la canciller se rodeó de los embajadores de los países amigos y de Estados Unidos para calificar la respuesta de Naciones Unidas como boicot del FMLN y para acusar a sus dirigentes por nombre y apellido. Según ésta, Naciones Unidas habría sido manipulada por el FMLN.

    Mucho poder tendría el FMLN si ha sido capaz de hacer del Secretario General de Naciones Unidas un instrumento para sus fines. Si la visita no era tan importante y si los acuerdos son cosa del pasado, como las víctimas de la guerra, ¿cómo explican, entonces, exabruptos como el del mismo presidente Flores, quien afirmó que el FMLN era una vergüenza para el país?

    El gobierno salvadoreño, olvidando que representa a toda la ciudadanía y no a un determinado partido político, pretendía hacer de la celebración una fiesta política partidista. Se olvidó que los acuerdos fueron negociados y firmados por dos partes. Se olvidó también que debía ser una celebración nacional y no de partido y pretendía dar tarima a sus nuevos aliados de la izquierda, desconociendo que el FMLN ha cambiado mucho en los últimos diez años. En un sólo acto, pretendía dar por terminada la verificación de los acuerdos de paz, implicando su pleno cumplimiento, y desautorizar al FMLN actual, su adversario político más importante. Pieza clave de esta trama era el Secretario General de Naciones Unidas.

    No es, pues, el FMLN el que manipuló, sino el gobierno de ARENA. Es claro que el entorno salvadoreño ha cambiado de manera radical. La dirección de la policía cometió un error garrafal con repercusiones graves al no respetar el fuero de un diputado, al allanar el recinto legislativo con hombres armados y encapuchados y al agredir a la prensa con saña. El carácter autoritario que ha adquirido el gobierno es demasiado duro de digerir para Naciones Unidas, cuando, precisamente, su representante venía a celebrar la democratización de El Salvador.

    Si el FMLN es una vergüenza para El Salvador, se puede decir lo mismo del gobierno de Estados Unidos, y más en concreto, de su embajada en la capital salvadoreña, pues aquél, en su informe anual sobre las prácticas de los derechos humanos, no deja bien parado al país. Tanto que, sintiéndose aludido, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, visiblemente alterado, lo calificó de irrespetuoso.

    Las dos áreas más criticadas por el Departamento de Estado son el sistema judicial y la policía. El informe guarda las formas diplomáticas. Reconoce avances o cita la Constitución o las leyes para señalar lo establecido, pero luego señala las violaciones de los derechos humanos observadas en el año 2001. La crítica a veces es directa y, por lo tanto, atribuible a esa dependencia de Estado, pero en otras ocasiones cita fuentes, a las cuales, sin duda, da mucha credibilidad, de lo contrario no las utilizaría para señalar violaciones.

    El Departamento de Estado considera que el sistema judicial salvadoreño es deficiente y corrupto. Este juicio priva sobre cualquier otro señalamiento positivo. No siempre respeta los derechos de los imputados, pero, más importante aún, lo acusa de propiciar la impunidad de personas con relaciones políticas, económicas o institucionales. En otro lugar lo dice con más claridad: los ricos y poderosos permanecen en la impunidad en El Salvador. En la corrupción incluye a la Fiscalía General de la República. Además, se queja de que la Corte Suprema de Justicia no sanciona a los jueces y tolera a aquellos que no tienen título profesional.

    Cada una de estas afirmaciones es sostenida con varios casos, entre ellos, el de los jesuitas. A la Policía Nacional Civil, aparte de reconocer avances en la lucha contra el delito y los esfuerzos para depurar la institución, le atribuye abusos, asesinato, tortura, extorsión, secuestro, uso excesivo de la fuerza, mal trato a los detenidos y violación de la integridad personal. En algunos de estos señalamientos, Wa–shington no observa mejorías entre el año 2000 y el 2001. Este capítulo incluye las condiciones lamentables en las que se encuentran las cárceles. Con más inteligencia que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el director de la policía recibió las críticas con una sonrisa, subrayó lo positivo y se olvidó de los señalamientos negativos.

    En las áreas problemáticas, el Departamento de Estado destaca una larga serie de discriminaciones. Sigue una lista de violencias y abusos contra la mujer y los niños, quienes son forzados a trabajar y a la prostitución, y con quienes se trafica para explotarlos sexualmente. Destaca la violencia doméstica y la prostitución, común y forzada, abierta y clandestina, cosa que debiera llamar la atención a los guardianes de la moralidad pública. Otra área de preocupación es la laboral, en la cual el gobierno hace muy poco por proteger los derechos de los trabajadores, sobre todo de las trabajadoras de las maquilas.

    Así, pues, El Salvador y su gobierno no quedan bien parados en este informe del gobierno de Estados Unidos. Con una agudeza poco frecuente, el Departamento de Estado observa que el gobierno de ARENA se concentra más en reducir la pobreza y promover la estabilidad familiar a través del crecimiento económico que gastando en programas para favorecer a la infancia. En consecuencia, los responsables de estos señalamientos debieran ser tratados con los mismos calificativos que el FMLN.

 Ya están en casi todas las mentes las consideraciones oficiales acerca de la próxima visita de George W. Bush, el 24 de marzo, a El Salvador. El presidente norteamericano, en el contexto de lo que llama una “muestra de simpatía y de relaciones complacientes con sus vecinos”, se apresta a visitar México, Perú y El Salvador. La visita del mandatario estadounidense pretende reunir a los líderes de la región para enfrentar una agenda común. Sin embargo, ante las diversas consideraciones sobre la  visita, hay que detenerse para analizar su importancia para los países de la región latinoamericana, especialmente para los centroamericanos.

Desde mediados de los setenta comenzó a resultar claro de que la baja productividad de las grandes empresas de los países desarrollados era una limitante de consideración para mantener los privilegios que, a lo largo de los anteriores cien años, habían sido conquistadas por el sector trabajador: legislación laboral, organizaciones sindicales y convenios colectivos que aparecen ahora como prestaciones de “lujo”. A medida que problemas económicos, como el desempleo crónico y la inflación, comenzaron a hacerse latentes, se abrió la discusión sobre la necesidad de desregular las relaciones económicas, contrariamente a la moda imperante durante la época del “keynesia-nismo”, cuando la regulación se fortaleció.

[Extracto]

Participación ciudadana, consulta pública, plebiscito, cabildo abierto, audiencia, concertación…, son todas palabras que expresan mecanismos de equilibrio en las relaciones de poder, en torno a la administración de la cosa pública y la consecución del bien común. Sin embargo, en El Salvador, tales locuciones revisten una fuerte carga ideológica que identifica abiertamente estos mecanismos democráticos con una irremisible concesión de cuotas de poder. Esta identificación ha estado fundamentalmente ligada en los últimos años a la derecha más radical del país, acostumbrada a responder a lineamientos verticales que rayan en el autoritarismo.

[Extracto]

Diferentes expectativas ha despertado la visita del presidente estadounidense, George W. Bush, a nuestro país, anunciada para este próximo 24 de marzo. Particularmente, el gobierno y la empresa privada se encuentran optimistas ya que, según su lectura, la presencia del mandatario podría interpretar-se como el inicio de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la región centroamericana y los Estados Unidos. Nada más elocuente que las palabras del embajador salvadoreño en Washington, René León: “Bush, el 24 de marzo, puede traer un anuncio significativo: dar el banderillazo de salida para las negociaciones”.

 La captura, acaecida la semana pasada, de José Narciso Ramírez Ventura, como principal cabecilla de una organización de traficantes ilegales de personas, que “movían” gente entre la región centroamericana, Méjico y los Estados Unidos, puso en evidencia la existencia de mafias salvadoreñas de este tipo a escala internacional. Con la detención se constató la ampliación de estas redes de “coyotes”, que han pasado de indicar a los inmigrantes ilegales los pasos fronterizos “seguros” a establecer auténticas rutas de transporte de seres humanos, sobre los itinerarios clásicos seguidos por millones de personas en la búsqueda del “sueño”.

    Así, la operación policial que puso fin a esta red se denominó “Monterrey”, debido a que en esa localidad mejicana el 26 y 31 de enero pasado fueron sorprendidos —rumbo al norte— dos furgones repletos de indocu-mentados que se encontraban al borde de la asfixia, siendo la gran mayoría de ellos, en esta ocasión, salvadoreños. Esta gente sin rostro se vio obligada a marchar del país al no encontrar alternativas de futuro para un presente de hambre.

    Las investigaciones policiales revelaron que todo está planificado en una red como esta, ya que llega a transportar un mínimo de cien personas a la semana a un costo promedio de 5 mil dólares cada una, para un viaje a los Estados Unidos, como en este caso. Estamos hablando de precios “astronómicos” para la mayoría de la población y más aún para personas de mínimos recursos —como es la situación de los migrantes— lo cual trae como consecuencia directa el endeudamiento de familias enteras, trabadas ya por años en el pago de estos préstamos.

    Pero aunque las autoridades consideren que ha sido el más duro golpe que ha recibido este tipo de organizaciones, desde que entró en vigor la reforma al Código Penal que tipifica como delito el tráfico ilegal de personas, hay ciertos aspectos en estrecha relación con el caso que es necesario mencionar:

    Así, todo parecía encumbrar “otro” éxito policial con el procesamiento del principal imputado, Ramírez Ventura. Pero, al efectuarse la detención en su domicilio de Ahua-cha-pán, el Juzgado de Paz de San Francisco Menéndez acogió la causa. Las autoridades policiales no llegaron a imaginarse que tras largos meses de investigaciones todo su trabajo sería desperdiciado por Adrián Cabezas, juez de paz de la localidad. Debieron olvidar que estamos en un país donde la corrupción en el Órgano Judicial es la “norma a aplicar” diariamente. No tardó en constatarse la relación entre el juzgador y el imputado al decretar el primero la inmediata puesta en libertad del acusado, decidiendo además —y para mayor sorpresa—  hacerle rebaja en la fianza impuesta antes de volver tranquilo a casa. Para culminar su actuación, al momento de la salida, no pudo evitar fundirse en un “fraternal” abrazo de despedida con el reo citándose —sin vergüenza alguna— para celebrarlo en la noche.

    Adrián Cabezas es el nítido ejemplo que delata la grave situación en la que se encuentra el Órgano Judicial en El Salvador actualmente: corrupto, de rendimiento inadecuado, incumplidor de los plazos acreditados en la ley y cuestionado por la legitimidad de su licenciatura. Pero eso no es todo, la fiscalía —como viene siendo habitual en ella— no decomisó importantes documentos que establecían vínculos entre Ramírez y un funcionario diplomático. El Fiscal General de la República, Belisario Artiga, confirmó además que una carta de “recomendación” extendida por el juez de paz de San Francisco Menéndez, tampoco fue decomisada.

    Pero, lejos de desviarnos de la problemática migratoria planteada, el escándalo por la liberación de “El Chicho” tiene antecedentes previos. Al punto que, la presión de las organizaciones —como el IDHUCA— que en El Salvador trabajan en el tema y las noticias de principio de año de lamentables hechos suscitados en perjuicio de niñas y niños salvadoreños expuestos a ser traficados y jóvenes retornando con sus miembros amputados, después de sufrir accidentes en la vía férrea en territorio mejicano, exigían una respuesta del gobierno. No podemos dejar de mencionar el caso de las agencias de viajes —los nuevos coyotes de cuello blanco— que a finales del año pasado estafaron a 600 familias salvadoreñas que intentaron llegar y establecerse en Suecia, pero que finalmente tuvieron que ser repatriadas.

    Con todos estos escándalos en la agenda, el gobierno de Francisco Flores determinó —como solución— pasear la fotogenia de la canciller en la ruta seguida por los migrantes. Precisamente, hace casi un mes, los días 19 y 20 de febrero, la Ministra de Relaciones Exteriores, María Eugenia Brizuela de Ávila, se hizo acompañar por un buen séquito —fundamentalmente periodistas y fotógrafos— para recorrer el camino que es usado con frecuencia por miles de salvadoreños y centroamericanos que, en forma indocumentada y dispuestos a correr todo tipo de riesgos, pretenden llegar, en la mayoría de los casos, a los Estados Unidos.

    La finalidad del viaje, como luego se vio, fue la de visitar los centros de detención y atención a migrantes en la frontera entre Guatemala y Méjico, específicamente en los sectores de Tapachula, Chiapas y Tecún Umán. Obviamente, las condiciones del viaje de la señora ministra y el recibimiento de la delegación dista mucho de la experiencia que viven nuestros compatriotas y, en general, los centroamericanos y suramericanos en la consecución de su objetivo común de llegar al “norte” del continente.

    Sin embargo, no fue posible ocultar a las cámaras las duras condiciones en las que son retenidas las personas indocumen-tadas mientras aguardan su deportación. Las instalaciones del Instituto Nacional de Migración de Méjico, por ejemplo, si bien son seguras, albergan a buen número de personas en un espacio sin adecuada ventilación, con poca luz y pésimas condiciones higiénicas. Ello contrasta con el tipo de transporte que desde tiempo reciente es usado para llevar a los indocumentados a la frontera con Guatemala, siendo buses muy nuevos, confortables y con suficientes asientos. Un dato importante a destacar: la diferencia, no sólo en apariencia, sino en trato, entre los centros de detención atendidos por autoridades migratorias y los centros de atención al migrante, que son atendidos humilde, pero cálidamente, por organizaciones de la sociedad civil.

    Con todo, hay muchos aspectos que comentar, ya que quedan evidentes tareas para retomar en nuestro país: hay una ley de migración pendiente de ser discutida y aprobada, hay un centro de detención para mi-grantes por construir, equipar y administrar, hacen falta jornadas de sensibilización e información a la población en general para prevenir nuevos casos de abusos y accidentes y hay una tarea consular que fortalecer.

    El gobierno tiene que tomar cartas en el asunto y atender la problemática, porque, ¿es una solución seria el que la Ministra de Asuntos Exteriores dé un paseo por Guatemala y Méjico, se haga un par de fotos y nos olvidemos todos del asunto hasta la próxima tragedia? Ese no es el camino. Pero, ¿cuál es la política del gobierno en materia de migración? Sin lugar a duda, esta es incoherente e insolidaria porque mientras, por un lado, exige beneficios migratorios para los nacionales en el extranjero, por el otro, para los extranjeros que llegan a nuestro país no existe una regulación específica que los ampare. La vigente Ley de Extranjería no contempla ni tan siquiera el otorgamiento del estatuto de refugiado, para las personas que lo sean por motivos políticos y determinen presentar dicha solicitud en nuestro país. Este es el caso más suscitado a raíz del recrudecimiento del conflicto armado en Colombia, pues son numerosas las y los colombianos que así lo han solicitado a las autoridades migratorias de nuestro país.

    El ejecutivo abandonó —hace ya tiempo— el fenómeno migratorio como problemática social y lo ha asumido como herramienta política. Las remesas de dinero, provenientes de familiares establecidos en el extranjero, forman parte de las estrategias presupuestarias del gobierno y, como fenómeno político de interés que es, así lo defiende en sus visitas a otros países, pues de ello depende en gran medida la economía nacional. Sin embargo, el gabinete del ejecutivo es doblemente incompetente, porque no ha sido capaz de desarrollar una política económica independiente de estos envíos y sigue sin dar respuestas claras a los problemas que a diario suscita la migración.

    Y mientras nos cansamos de ver a Francisco Flores en las portadas de los diarios publicitando la firma de cualquier acuerdo —por mínimo que sea— ahora comienza a anunciarse la futura adhesión al tratado de libre comercio con Estados Unidos que “se espera” reanime la maltrecha economía salvadoreña. No obstante, la circulación de todos los trabajadores –sin distinción- y la garantía de sus derechos laborales básicos seguirá siendo el “talón de Aquiles” de este tipo de acuerdos y, en todo caso, antes será permitida la circulación de mercancías a través de nuestro país —por medio de anillos que circunvalen la periferia de nuestra capital— que serán garantizadas las mínimas condiciones para el libre tránsito de las personas entre fronteras.

    Pero, ¿hacia dónde deben caminar las políticas migratorias? El tráfico de personas y las redes mafiosas de la inmigración se alimentan de la esperanza, pobreza y necesidad de sus víctimas, de la intransigencia de gobiernos del “norte” y de la avaricia de empresarios desalmados. Se debe incrementar la inversión en educación, recursos sanitarios y el desarrollo integral del nivel de vida debe contribuir a frenar el crecimiento poblacional de las zonas empobrecidas; pero, del mismo modo, las sociedades desarrolladas deberán abrir sus puertas a la integración plena de millones de personas procedentes de dichas zonas, regulando con flexibilidad y seguridad los flujos migratorios.

    Los argumentos opuestos a estas medidas no se hacen esperar y así los contrarios presentan su tesis resumida en estas palabras: “Ni el absurdo de la inmigración cero; ni el angelicalismo sin fronteras”; o, lo que es lo mismo, inmigrantes-mercancía sí; ciudadanos integrados y con plenitud de derechos, no. En la primera opción, la que contempla al inmigrante como mera mercancía laboral, éste se convierte en sinónimo de competidor barato, en ser extraño y con diferentes costumbres molestas, al que se rechaza muy a menudo desde actitudes racistas y xenófobas —porque esa es la otra realidad diaria que no nos llega de los millares de salvadoreños que han tenido que salir hacia otro país. Hay que romper con esas políticas de inmigración que potencian la imagen social del migrante como una persona sin derechos, que bastante tiene con ser empleado —¿en qué condiciones?— en el país de destino.

    Es necesario el pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona, con independencia de su origen, condición, cultura o color; al tiempo que debemos exigir también de todas las instituciones públicas y de todas las organizaciones políticas una regulación humanitaria y generosa de los flujos migratorios. Toda persona que llegue a nuestro país en situación de necesidad y por cualquier medio de transporte debe ser atendida humanitaria-mente por servicios públicos, al margen de la decisión posterior sobre su status jurídico y, en todo caso, el tráfico de seres humanos debe configurarse como delito de lesa humanidad.