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    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.

    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.

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Año 22
número 992
20 de marzo, 2002
ISSN 0259-9864
 
 
 
 

ÍNDICE

EDITORIAL

 Los abusos de la Policía Nacional Civil (PNC) contra el diputado Orlando Arévalo y la irrupción violenta de miembros del Grupo de Reacción Policial (GRP) en la Asamblea Legislativa hicieron pensar a más de algún ingenuo que los días del director de la policía, Mauricio Sandoval, al frente de la institución estaban contados. Salvo algunos diputados que aplaudieron el proceder policial, los demás se rasgaron las vestiduras ante los desmanes autoritarios de Sandoval. Los más vociferantes se comprometieron a llegar hasta las últimas consecuencias en su defensa de la institucionalidad básica del país. Un aire de decencia apareció en el horizonte del quehacer político nacional; por fin, dijeron los más optimistas, la Asamblea Legislativa haría algo importante para comenzar a recuperar el respeto y la legitimidad de las que tanto adolece.

Sin embargo, más temprano que tarde, lo que se había vendido como el compromiso más irrestricto con la institucionalidad democrática del país se reveló como lo que verdaderamente era: un ejercicio de demagogia tras el que se ocultaban los intereses mezquinos de siempre. Pronto, lo que estaba llamado a ser un drástico enjuiciamiento al proceder de Mauricio Sandoval al frente de la policía, se convirtió en un ejercicio de politiquería en el cual cada uno de los involucrados buscaba sacar el mejor provecho de la situación, dejando en segundo plano lo verdaderamente importante: la evaluación del desempeño de Sandoval en los sucesos que llevaron a la captura de Arévalo y a la irrupción violenta de la policía en la Asamblea Legislativa.

    Por como se habían desarrollado los acontecimientos, era presumible que, dada la responsabilidad directa de Sandoval en los hechos, la Asamblea Legislativa exigiera su destitución inmediata. Al menos, eso era lo que se podía esperar de unos diputados que se respetaran mínimamente. También es algo que cabría esperar en un país mínimamente civilizado. Pero, ni los diputados se respetan a sí mismos ni el país tiene el grado de civilidad suficiente como para hacer intolerable la presencia de un jefe de policía que se cree por encima de las leyes y las instituciones.

    Como resultado de ello, lo que fue un claro desmán autoritario de Sandoval se ha convertido en un error menor de sus subalternos que, en lo que a él concierne, lo obliga a una disculpa pública para con la Asamblea Legislativa y los medios de comunicación. El abuso de poder en que incurrió o el exceso en sus atribuciones —por no hablar de la persecución y la violencia ejercidas en contra de un diputado—, fueron diluidos en un debate político de baja calidad, en el cual detalles irrelevantes hicieron perder de vista lo verdaderamente importante: el autoritarismo de Mauricio Sandoval y la discrecionalidad con que maneja a la institución policial.

    Una vez más, la Asamblea Legislativa ha traicionado sus obligaciones constitucionales; los intereses mezquinos y los juegos de poder han tenido la primacía sobre la necesidad de defender la institucionalidad del país. El modo como los diputados manejaron el "caso Sandoval" obliga a poner los pies en la tierra y a aceptar que es bien poco lo que se puede pedir a los políticos salvadoreños en materia de honorabilidad y compromiso con la democratización del país. Definitivamente, en su mayoría, no están preparados para ir más allá de las componendas y los tratos bajo la mesa, por más que proclamen lo contrario.

    A lo mejor era de prever que los diputados, en vez de romper de una buena vez con las amarras de los intereses mezquinos, persistieran en sus prácticas inveteradas. No obstante eso, no era absurdo esperar de ellos —en una situación en que su misma legitimidad había sido puesta en duda—, que hicieran una defensa decidida de los mínimos institucionales vigentes en el país. Al no hacerlo, no sólo contribuyeron a aumentar la desconfianza ciudadana en la política y los políticos, sino que dejaron perfectamente claro que Mauricio Sandoval pueden pasar por encima de las leyes y quedar tan campante como si nada hubiese pasado.

    De aquí en adelante, no es mucho lo que se puede esperar de los políticos salvadoreños —concretamente de los diputados— en lo que se refiere a su compromiso con la democratización real del país. Han dado signos evidentes de no estar preparados para asumir los retos que el incierto proceso de consolidación democrática que vive El Salvador les plantea de modo inexorable. Eso es grave porque deja a la sociedad salvadoreña sin los mecanismos de intermediación necesarios para canalizar y procesar sus demandas, las cuales se decantan irremediablemente hacia lo más básico para sobrevivir. La frustración social aumenta y las salidas desesperadas, muchas veces violentas, aparecen en el horizonte de individuos y grupos inconformes con el modo cómo las autoridades enfrentan los problemas del país.

    La tesis del divorcio entre el sistema político y la sociedad civil cobra nuevos bríos; junto con ella, el problema de los desbordes sociales violentos aparece como una posibilidad real e inmediata en la vida de los salvadoreños. El desorden y las prácticas disruptivas se van convirtiendo en la alternativa para muchos ciudadanos que no encuentran solución a sus demandas y necesidades en los cauces institucionales correspondientes. De nueva cuenta, se hace palpable que la política y los políticos han fracasado en sus funciones de intermediación sociopolítica, con lo cual las opciones de la sociedad en el marco de la legalidad se van haciendo más limitadas.Todo parece indicar que los políticos salvadoreños no son capaces de caer en la cuenta de los males que acarrean sobre el país sus desatinos e irresponsabilidad. Persisten en sus prácticas y vicios de la forma más aberrante y absurda; no ocultan ni sus ambiciones personales ni los tratos que se hacen a partir de ellas. En consecuencia, ni están en condiciones de regirse por las normas básicas de eticidad, honorabilidad y legalidad, ni muchos menos lo están para defender la institucionalidad básica del país ante las embestidas autoritarias que emanan del Ejecutivo. Lamentablemente, es con políticos de ese calibre con los que los salvadoreños habremos de lidiar por un buen tiempo: irresponsables, faltos de respeto hacia sí mismos y hacia su investidura, ambiciosos y ciegos ante la realidad.

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    Desde finales de la década de los setenta, el papel del sector agropecuario dentro del conjunto de la economía salvadoreña comenzó a perder importancia, tanto por el impacto de los cambios en el mercado internacional como por causa de la aplicación de políticas públicas internas desatinadas. Es difícil negar que las políticas estadounidenses no han sido determinantes en la orientación del crecimiento económico del agro. El florecimiento de los cultivos de café, azúcar, algodón y ganadería fueron resultado de políticas deliberadas de Estados Unidos para promover estas actividades agropecuarias. Durante los setenta, el acceso y la demanda de los citados productos en el mercado estadounidense provocó un ascenso inusitado de su actividad, área cultivada, producción y exportaciones; en los ochenta, las oportunidades se malograron, a causa del conflicto interno, la forma en que se ejecutó la reforma agraria y la desatención del sector agropecuario que se prolonga aun en el momento actual.

[Extracto]

     Guatemaltecos y nicaragüenses se encuentran a la expectativa por la supuesta existencia de casos de corrupción al más alto nivel. En el primer país, el presidente y el vicepresidente, Alfonso Portillo y Juan Francisco Reyes, respectivamente, han sido señalados por desviación de fondos públicos hacia cuentas personales en el extranjero. En Nicaragua, el ex presidente de la República y actual presidente de la Asamblea Nacional, Arnoldo Alemán, ha sido acusado de enriquecimiento ilícito al comprobarse que habría multiplicado su fortuna mientras gobernaba a uno de los países más pobres de Centroamérica. Otras irregularidades fueron detectadas en la administración de la municipalidad de Managua, tras el relevo del gobierno sandinista el año pasado, aunque en este caso no hay acusaciones personales.

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    Las voces que están comprometidas en ser fieles a la verdad están amenazadas en las sociedades donde reina la impunidad y el silencio es la ley. Así pasó con el Arzobispo de la ciudad colombiana de Cali, Monseñor Isaías Duarte, quien fue asesinado a tiros el 15 de marzo recién pasado, después de una ceremonia religiosa.

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    Nunca quedó suficientemente claro por qué el secretario de las Naciones Unidas, Kofi Annan, canceló su visita a El Salvador. La ONU nunca lo explicó. El gobierno salvadoreño responsabilizó al FMLN, mientras los ex guerrilleros aseguraban que había sido decisión propia de Annan. Esta  reciente discrepancia entre el gobierno y el FMLN ha puesto de manifiesto esencialmente la competencia que existe en las dos fuerzas políticas más fuertes del país por construirse imágenes públicas positivas.

    Cerca de ocho mil personas lanzaban vivas a San Romero de América, exigían la aparición con vida de las personas detenidas?desaparecidas, pedían el esclarecimiento de los hechos del pasado, demandaban castigo para sus responsables y reclamaban la reparación del daño a las víctimas. Todo ello, en el marco de un hermoso encuentro con la poesía y la música de Daniel Viglietti, Adrián Goyzueta y su Grupo Experimental, Luis Enrique Mejía Godoy, Guardabarranco, Firinne, Exceso de Equipaje, Los Torogoces de Morazán, Xolotl, Son ¾, Jorge Palencia, Juan Carlos Berríos y Lenin Álvarez. Ese era el ambiente que se vivía en el concierto del Festival “Verdad 2002”, el sábado 16 de marzo en la UCA; ambiente plagado de encuentro, solidaridad y esperanza. La gente vibraba con el canto y los ideales que impulsaron la lucha del pueblo salvadoreño y que ahora —diez años después del fin de la guerra— continúan vigentes en medio de una realidad dura, difícil y peligrosa.

    Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, el arzobispo de Cali, monseñor Isaías Duarte Cancino, moría tras recibir cinco impactos de bala vomitadas por un grupo de sicarios que le dispararon cuando salía de un oficio religioso en uno de los barrios más desamparados de esa importante y sufrida ciudad de Colombia. Hace poco más de un mes, Duarte Cancino había lanzado fuertes y valientes acusaciones sobre la financiación de algunas de las campañas políticas para las últimas elecciones al Congreso —celebradas el pasado 10 de marzo— con dinero proveniente del narcotráfico.

    Desde la trágica noche del sábado 16, cuando ocurrió el magnicidio, se pudo observar un impresionante despliegue de elementos policiales y militares por el distrito de Aguablanca. Los allanamientos fueron abundantes y con ellos —según confirmó un alto oficial del Ejército colombiano— se logró la captura de casi 200 personas. Asimismo, el presidente de Colombia se encontraba coordinando las acciones necesarias para el esclarecimiento del crimen y anunció una recompensa de un mil millones de pesos —437.000 dólares estadounidenses— para quien dé información veraz y útil que permita ubicar el paradero de los autores materiales e intelectuales del ?en sus palabras? “homicidio”.

    El mandatario dijo, además, que el prelado rechazó siempre la seguridad  personal que se le ofreció. Y es que Duarte Cancino corría peligro, en serio. Siempre hizo duros cuestionamientos contra las acciones de la guerrilla, de los para?militares y de los narcotraficantes. Pero, consciente de eso, no quería que alguien muriera a su lado si algún día lo atacaban. Por esa razón, prefería estar sin escoltas. La noche de su muerte sólo le acompañaban dos sacerdotes, en cuyos brazos murió.

    El Fiscal General de la Nación dijo que ?tras el asesinato? estaban investigando una posible alianza entre narcotraficantes y algún grupo guerrillero que tuvieran interés en perpetrarlo. También reveló que tenía planeado reunirse con el prelado en los próximos días, con el objeto de escuchar de su boca las versiones que conoció sobre el turbio apoyo  financiero de algunas campañas electorales con dinero obtenido de la “droga”. Monseñor Duarte Cancino denunció esa situación y llamó a sus feligreses a no votar por candidatos respaldados por el narcotráfico.

    Ese señalamiento lo hizo él y para ello contó con el apoyo de los obispos del Valle del Cauca. Al revelar la “infiltración” del narcotráfico en la campaña electoral en esta zona, el arzobispo provocó un fuerte roce entre el clero regional y el presidente de la república. El pronunciamiento de la jerarquía de esa parte de Colombia se produjo el 7 de febrero; cinco días después Pastrana le pidió en público a monseñor Duarte Cancino que concretara sus denuncias, exigiéndole proporcionar los nombres de las personas involucradas en las campañas infiltradas. No hacerlo significaba, según el mandatario, “tirar la piedra y esconder la mano”.

    El sacerdote Gersaín Paz, jefe de prensa de la Arquidiócesis de Cali, denunció que en la tarde del sábado se informó a la Policía sobre la presencia de sospechosos cerca de la iglesia del Buen Pastor, en cuyo atrio ocurrió el crimen. A pesar de ello, según el religioso, las autoridades no atendieron la solicitud de dar seguridad al prelado. Del mismo modo, explicó que la existencia de numerosas fuerzas oscuras vuelve demasiado complejo el definir la identidad de los autores. Asimismo, sostuvo que monseñor “siempre fue enemigo de la guerra porque en ella todos perdemos la justicia y la paz”.

    Precisamente, la reanudación de la lucha armada y el retorno a la violencia a gran escala en Colombia, ha sido consecuencia directa de los diversos atentados, el secuestro de un avión y el también plagio del senador Crechen –atribuidos todos ellos a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)? y que provocaron la ruptura del proceso de paz, iniciado durante la presidencia de Andrés Pastrana. Efecto directo de ello es la anulación de las zonas protegidas ?establecidas en los acuerdos de paz? para la guerrilla, designando seis zonas en el sur del país como zonas de guerra, poniéndolas de hecho bajo control militar.

    Fruto de esta situación también son los llamados “crímenes políticos”, siendo los representantes electos los objetivos “favoritos”, como la senadora Martha Catalina Daniels, asesinada este 3 de marzo, incluyéndose en este “grupo” a otras personalidades civiles. Pero es que, además, en lo transcurrido del año 2002 son ya 30 los sindicalistas asesinados, el último Eduardo Chinchilla Padilla, el reciente día 11 de marzo. Esto nos lleva a reiterar que no se están dando las garantías necesarias para proteger las vidas de los amenazados. Vidas que están siendo silenciadas por una masacre sistemática hacia aquellos que, con justicia y el respeto a los derechos humanos, “todavía” se mantienen firmes en la defensa del derecho a la vida y a la libertad de pensamiento.

    El pueblo colombiano que demanda la paz y sufre una situación de violencia continua, extorsiones, secuestros, desplazamientos de pueblos indígenas, narcotráfico y todo tipo de violaciones de los derechos humanos, encontró en monseñor Duarte el guía espiritual que buscaba. Además, hay que destacar que entre sus numerosas labores parroquiales dejadas por él se encuentra la creación de la “Comisión de Vida, Justicia y Paz”, que adelanta estudios sobre las víctimas de la violencia.

    Por su trabajo en pro de la paz y su meta de desterrar la violencia de Colombia, también fue un abanderado de los derechos humanos. En 1999, con ocasión del secuestro de la iglesia La María dijo que “no es cometiendo injusticias como se lucha por la justicia, ni agrediendo a seres inocentes como se llega a la paz”. Por eso criticó tan duramente el proceso de paz del presidente Pastrana con las FARC, argumentando el despropósito que suponía hablar con un grupo rebelde que continua sus acciones violentas mientras dialoga.

    Al hablar cuentan que era muy directo. En 1998, cuando fue nombrado obispo de Apartadó en Antioquía, tuvo la valentía de sentar en la Mesa Regional de Diálogo a los sectores más disímiles: empresarios, sindicatos, guerrilleros, autodefensas y gobiernos local y departamental. A todos les habló con franqueza al decirles que no quería más sangre en la zona ?azotada por una gran violencia? ni muertos ni viudas ni huérfanos. El lugar tenía que progresar y él estaba ahí para hacer su aporte.

    Pero mientras organizaba nuevas formas de ayuda no dejó de hablar duro. En 1991 estuvo presente en el proceso de reinserción de los miembros del Ejército Popular de Liberación (EPL). Su gestión incluyó a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Les dijo que estaba cansado de su conflicto con las FARC, grupo erradicado de la región.

    Entre sus más famosas polémicas se encuentra la ocurrida el 30 de mayo de 1999, cuando expresó su rechazo al ser sacados por la fuerza 186 fieles en La María, al sur de Cali. Para ello realizó marchas y se reunió muchas veces con la guerrilla para solicitar la liberación de sus familiares, retenidos por el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Su frase, que se convirtió en todo un lema fue “los queremos vivos, libres y en paz”. Luego reafirmó sus críticas al ELN el 17 de septiembre del 2000, ante otro secuestro masivo en el kilómetro 18 de la vía Cali?Buenaventura.

    De todos modos, siempre estaba dispuesto a la paz. En 1994 pidió al Gobierno que frenara a los paramilitares y contó que alguna vez le tocó ver cómo estos incendiaban casas con gente en su interior; un año después pidió incluir a esos grupos en un diálogo de paz. Según Gersaín Paz “para quienes lo asesinaron, monseñor Duarte hubiera pedido programas educativos porque la guerra y la venganza no eran para él”.

    Tuvo pronunciamientos fuertes, especialmente, por dos secuestros masivos del Ejército de Liberación Nacional en Cali; y a comienzos de febrero pasado pidió, junto con otros obispos del Valle, que no se votara por candidatos respaldados por el narcotráfico. También había criticado a las FARC tras el secuestro del sacerdote Guillermo Correa, quien oficiaba en Cali, pero se encontraba en Gigante (Huila) cerca de la zona de distensión. Pero también cuestionó a los paramilitares e incluso a los sectores productivos a los que pedía más conciencia social.

    El presidente Andrés Pastrana en sus declaraciones dijo que se analiza la hipótesis de la responsabilidad del narcotráfico en el asesinato de Duarte Cancino, por la posible relación con las acusaciones que hace poco más de un mes había hecho sobre la financiación en la campaña electoral. Asimismo, indicó que monseñor hablaba claro al país, razón por la cual los colombianos le reconocían que como pastor de la iglesia no le importaba a quién hubiera que denunciar, ya que él estaba dispuesto a hacerlo.

    Las FARC y el ELN aseguraron por separado que no están implicadas en el asesinato de monseñor. Así, en un comunicado leído por el vocero de este último grupo insurgente señala que si bien no compartían puntos de vista, opiniones o acciones de monseñor Duarte frente a diversos temas de la realidad del país y el conflicto, ello no impidió que mantuviéramos un contacto franco y abierto y una comunicación permanente, y mucho menos el ELN llegó a pensar en atentar contra su vida.

    “Si no se respeta la jerarquía de monseñor, qué más se puede esperar de este país”, manifestó una feligresa doliente. Y aunque se afirma en algunos sectores que no existía conocimiento sobre amenazas a su vida, el sábado 16 de marzo monseñor Duarte cayó asesinado. Salía de casar a 104 parejas. Comentaba medio en broma, que su récord casando llegaba a 40 parejas y esa noche había triplicado la cifra. El “apóstol de la paz”, como se le conoce ya, se fue sin ver a su querida Colombia en paz. Compañeros suyos afirman que a monseñor lo mató el decir la verdad, porque siempre denunciaba aquello que estaba contra el bien humano. Lo último que les dijo fue que “la paz es de todos o es de nadie. Y no hay paz sin justicia y no hay justicia sin perdón”.
 
 

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