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El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.
Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.
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El 24 de marzo recién pasado —día en que se celebraba el XXII Aniversario de la muerte de Monseñor Óscar A. Romero— arribó a El Salvador el presidente de Estados Unidos, George W. Bush. Esos días fueron de euforia en los círculos gubernamentales, empresariales y mediáticos: desde antes de la llegada de Bush, unos y otros no escatimaron tinta y palabras para hacer ver a propios y extraños lo que significaba la visita del presidente del país más poderoso del planeta. Nunca fueron suficientes las opiniones optimistas acerca del futuro que le esperaba a El Salvador una vez que se embarcara en un Tratado de Libre Comercio —solo, o acompañado del resto de países centroamericanos— con Estados Unidos. Una vez que este paso se diera, lo demás vendría por añadidura: prosperidad, crecimiento económico y desarrollo social.
Como suele suceder siempre que los medios de comunicación hacen eco de la percepción oficial y empresarial, el espacio para las voces críticas fue prácticamente nulo. Apenas se escuchó a aquellos que no sólo pusieron en duda las bondades de un TLC con Estados Unidos, sino que quisieron tocar uno de los temas medulares para la estabilidad socioeconómica de El Salvador, como lo es la situación de los inmigrantes salvadoreños en aquel país. Ni antes de la llegada de Bush, ni durante su breve estadía en suelo salvadoreño, el asunto fue abordado de frente; más aún, fue expresamente eludido por el mandatario estadounidense, como si en ello no se jugara, más que en otras manifestaciones, la presunta cercanía existente entre él y el gobierno y pueblo salvadoreños. Ahí donde algún aguafiestas quiso tocar el punto, inmediatamente se le hizo saber que ello estaba fuera de la agenda previamente establecida por el ejecutivo estadounidense en su viaje por estas tierras.
Otros asuntos no estrictamente económicos —como el afianzamiento de aparatos de seguridad en el subcontinente en vistas a proteger la frontera sur de Estados Unidos ante cualquier eventualidad de amenaza terrorista o narcoterrorista— fueron dejados de lado en la mayoría de análisis y comentarios que se hicieron de la visita de Bush. El énfasis en los temas económicos —específicamente en las implicaciones de la firma de un TLC— hizo que otros temas quizás relevantes desde la perspectiva estadounidense fueran dejados de lado, con lo cual la visita no pudo ser evaluada en sus justos términos. El provincialismo salvadoreño clamó por sus fueros, como si lo único que importara en la gira del mandatario estadounidense fueran los intereses económicos salvadoreños, y nada más. A través de los medios —la gran prensa de derecha a la vanguardia— se vendió la idea de que lo que estaba en juego —aunque nunca se dijo por qué— era el relanzamiento económico de El Salvador, convertido de la noche a la mañana en una de las preocupaciones del gobierno de Estados Unidos.
Pasadas casi dos semanas desde que Bush pisó suelo salvadoreño —y tomando en cuenta sus declaraciones antes de salir de su país, así como lo que efectivamente dejó su viaje— es claro que lo conseguido por El Salvador está muy lejos de lo esperado por el gobierno, los empresarios y los medios de comunicación.
Como una primera reacción, se podría acusar a Bush de haber prometido más de la cuenta o, en otras palabras, de haber alimentado falsas expectativas. Sin embargo, si se revisa con detenimiento lo ofrecido por él, resulta que era muy poco o casi nada. De hecho, la visita era innecesaria desde un punto de vista puramente económico, en cuanto que los términos de los acuerdos comerciales que se podrían suscribir no iban a ser decididos en ella. Más aun, la agenda de Bush era conocida de antemano, por lo que mucho de lo que este dijo en El Salvador fue una mera repetición de lo que había dicho antes de salir de Estados Unidos.
Así pues, el viaje de Bush a El Salvador obedeció a otros motivos no propiamente económicos. Hay que salir al paso de quienes se congratulan de que la visita fue por la entrañable amistad que une al presidente Bush y al presidente Francisco Flores. Es probable que, de verdad, el primero considere como amigo al segundo; es decir, que no se trate de un mero alarde retórico de aquél. Pero si se hubiera tratado de una visita de amigos, lo más razonable era que Flores se fuera a pasar las vacaciones de semana santa a alguna de las residencias sureñas —con caballos, montañas y asados al aire libre incluidos— de su amigo del alma.
Obviamente, no se trató de un viaje motivado por la amistad, aunque cuando Bush dice que Flores es su amigo le da un fuerte espaldarazo político y diplomático del cual el presidente salvadoreño se hace cargo con una felicidad indecible. ¿Cuál puede ser el interés de Bush en promover a Flores? Aquí no faltará quien responda que eso obedece a la amistad que los une: como es su amigo, por eso Bush promueve a Flores, lo alaba y lo abraza en público.
Sin embargo, si se es más perspicaz, se puede lanzar la conjetura de que Bush, más que por un gesto de amistad, lo que hace es premiar al presidente salvadoreño, no sólo por su docilidad ante las iniciativas económicas y militares estadounidenses, sino por su disposición a asumir como propia la causa de este país, sin importar las repercusiones que eso pueda tener en el ámbito interno o incluso internacional. Como ejemplos, bastan los siguientes: Flores no ha titubeado ni un segundo en lanzar diatribas públicas contra Fidel Castro, tampoco ha dudado en ofrecer el apoyo de su gobierno a la lucha antiterrorista librada por Estados Unidos y no ha puesto reparo alguno a la instalación de una base de monitoreo de ese país en suelo salvadoreño.
El premio de Bush es llamar a Flores “amigo” y visitar durante algunas horas El Salvador. Quienes muestren una docilidad similar a la de Flores —ese parece ser el mensaje de aquél— también podrán gozar de semejante privilegio. No se trata de un privilegio gratuito, sino de un regalo que se da a cambio de un favor recibido. Es un regalo, claro está, de poca monta para el pueblo salvadoreño, cuyas necesidades básicas no se van a satisfacer con una visita del presidente del país más poderoso del mundo y por la alegría que le causa a Flores ser reconocido por Bush como su amigo.
POLÍTICALa visita del mandatario estadounidense, George W. Bush, el pasado domingo 24 de marzo es motivo de debate en las más altas esferas políticas del país. La sensación que le queda al observador es que los círculos de opinión de más peso se están poniendo de acuerdo, consciente o inconscientemente, para establecer nuevas coordenadas de lectura de la vida nacional. Todo parece indicar que, de aquí en adelante, quien quiera entender la marcha de la vida nacional debe establecer un antes o un después de la vista del mandatario norteamericano.
¿Significa lo anterior que la breve estadía del mandatario estadounidense en suelo salvadoreño haya servido para abordar las principales demandas de la sociedad? La respuesta a esta pregunta es claramente negativa. De hecho, en su breve declaración a la prensa, George W. Bush no hizo referencia alguna a los temas más preocupantes para la gran mayoría de los salvadoreños. Durante esta sesión de elogios, tampoco se habló de la suerte de los inmigrantes salvadoreños en el gran país del Norte. Ni mucho menos, el mandatario estadounidense se hizo eco de los señalamientos del informe del Departamento de Estado de su país en el cual se reprueba el funcionamiento del sistema judicial salvadoreño y de la Policía Nacional Civil.
Lo más importante para Bush era destacar las cualidades personales de su amigo y homólogo salvadoreño, lo cual se evidenció en una serie de alabanzas para un supuesto líder maravilloso —Francisco Flores—, quien dirige a un país fuera de lo común. Por su lado, el presidente salvado-reño se deshizo en elogios hacia su anfitrión. Flores fue tan lejos que, al parecer, estaría dispuesto a abandonar la responsa-bilidad de gobernar el país que le dieron los salvadoreños en las urnas si tuviera que escoger entre esta última y su amistad con el cowboy de Texas.
Si la visita del mandatario estadounidense no aportó novedad alguna para los salvadoreños, ¿en qué sentido puede ser relevante para la vida política nacional? La respuesta a esta pregunta debe encontrarse a partir del examen de la actitud que adoptaron los actores políticos ante la visita del mandatario estadounidense. Para los círculos de derecha y sus periodistas más destacados, la visita de Bush es el resultado de las supuestas cualidades de estadista del presidente salvadoreño, a quien se le ha premiado por su liderazgo e inteligencia.
Por otro lado, los círculos oficialistas no escatiman esfuerzos en destacar lo mucho que se quieren Bush y Flores. La relación entre los dos mandatarios estaría pasando por una especie de idilio, sin precedentes en la historia de las relaciones entre los dos países. De ahí que la política internacional se convierta en una empresa amorosa, regida según los sentimientos de los mandatarios. Desde esta perspectiva —se nos dice—, El Salvador puede sacar mucho provecho de los Estados Unidos, gracias a las buenas relaciones existentes entre su presidente y el jefe de la Casa Blanca.
En este marco, el destino del país dependería exclusivamente del supuesto encanto personal de su presidente, quien ha logrado cautivar al presidente de la nación más rica del mundo. A estas alturas, se está a un paso de declarar como requisito último para tener acceso a la discusión política en el país la relación de amistad que se pueda exhibir en compañía de algún dirigente extranjero. No hace falta mucho análisis para concluir que, en este tema, ARENA lleva las de ganar, puesto que uno de sus líderes es admirado por el presidente de los Estados Unidos de América.
Ya en una serie de reportajes previos a la llegada de Bush a El Salvador, uno de los periódicos nacionales anunciaba con gran satisfacción el hecho de que haya sido el único medio de prensa nacional invitado a participar en un encuentro con el presidente estadounidense. Pero no se explicó a los lectores que este supuesto premio no tiene relación alguna con la profesionalidad con que este medio de comunicación trata las noticias, ni mucho menos que eso se debió a las acertadas movidas de sus satélites en Washington.
Lo que sucede, en definitiva, es que la derecha se ha propuesto como estrategia, en la actual coyuntura, profundizar en el personalismo como arma política. Es por eso que la reciente visita de Bush a El Salvador se interpreta como un fuerte apoyo para el país. Pero, bien entendido el asunto, se trata más bien de un apoyo nada despreciable a la derecha empresarial gobernante.
Desde esta perspectiva se apuesta profundizar en el desprestigio de los adversarios políticos, especialmente la izquierda. Es indudable que en las próximas justas electorales, se recordará a esta última que no cuenta con amigos tan poderosos como los que respaldan en el ámbito internacional a la derecha. Esa estrategia dio sus frutos en Nicaragua en las últimas elecciones, cuando el presidente Bolaños enarbolaba sus buenas relaciones con los Estados Unidos para desacreditar al candidato del Frente Sandinista. De ahí que la atracción de Bush por Flores se podrá convertir, con toda seguridad, en un soporte para las aspiraciones del partido en el poder.
Además, por otro lado, el espaldarazo de Bush a los dirigentes de derecha permitirá profundizar con mayor facilidad en plan neoliberal en curso en El Salvador. En este contexto, es poca la repercusión que podrán tener, en los círculos de poder, las reivindicaciones de las organizaciones de la sociedad civil que reclaman cierta participación en la discusión de los tratados de libre comercio. No deja de ser sintomático, en este contexto, que la multitudinaria marcha de protestas organizada con motivo de la visita de Bush apenas ha recibido atención en los principales medios de comunicación. Y es que, en este juego, Francisco Flores no está dispuesto a compartir protagonismo con actor nacional alguno.
Por otro lado, tampoco hay que esperar que la amistad de Flores y Bush lleve a una mejor defensa de la causa de los cen-troamericanos. Pese a lo ilusionados que puedan estar los incondicionales del joven mandatario salvadoreño, éste no ha demos-trado tener las cualidades de liderazgo nacional e internacional que le acredita el presidente estadounidense. Los salvado-reños saben perfectamente que Francisco Flores se ha destacado, en lo que lleva de su mandato, como una persona incapaz de dialogar con sus opositores o adoptar decisiones que vayan en contra de las opiniones e intereses del pequeño sector que compone su partido.
Quizá esa es la cualidad más so-bresaliente por la que George W. Bush se ha fijado en Flores. Además, también el presidente norteamericano, en su corta experiencia como líder mundial, se ha destacado por su intransigencia y defensa ciega de los valores más conservadores. No es un secreto que los socios más im-portantes de los Estados Unidos en el mundo se han mostrado particularmente críticos de su unilateralismo creciente y desprecio por las opiniones contradictorias a las suyas. Es difícil imaginar a Francisco Flores como un líder amigo, dispuesto a plantear con independencia de criterio los intereses de los países más pobres del hemisferio. Flores no lo ha podido hacer en su relación con los grandes empresarios de su país; no se ve cómo podrá hacerlo ante Bush.
ECONOMÍAUno de los mensajes económicos más claros derivados de las declaraciones del presidente Bush en su visita al país ha sido su interés en promover una rápida negociación de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con los países centroamericanos. Inclusive ha dejado abierta la posibilidad de poder negociar bilateralmente con aquellos países que cumplen con “las condiciones del estado de derecho, de (respeto a la) propiedad privada”.
Esta posibilidad ya se conocía desde las declaraciones del mismo Bush ante la Organización de Estados Americanos en febrero pasado, cuando anunció la posibilidad de un TLC con Centroamérica. El abordaje del tema migratorio, en cambio, todavía aparecía como algo incierto para los centroamericanos, exceptuando a los nicaragüenses, y sigue siéndolo, aun después de las declaraciones del Presidente Bush en El Salvador.
Para nuestro país, este tema es especialmente delicado, debido a que sus migrantes envían remesas, las cuales se han convertido en uno de los pilares de la integración de El Salvador con la economía global. El otro pilar es el de la maquila textil. Las remesas representan cerca del 15% del PIB, cubren cerca de un 90% del déficit de la balanza comercial y se han transformado en el principal medio de vida de gran parte de la población residente en el país.
Así, la visita del presidente Bush no ha tenido en realidad las connotaciones “trascendentales” que los medios de comunicación y los discursos oficiales le han pretendido dar. En realidad, Bush no vino a decir ni a ofrecer nada nuevo, aunque no por ello se está diciendo que no vale la pena revisar sus declaraciones para confrontarlas con la realidad y valorar las posibles implicaciones para el desarrollo sostenible de El Salvador. Especial mención merecen las valoraciones referidas al libre comercio, la libre competencia y el tema migratorio.
El TLC en la mira
Como ya se mencionó arriba, el plato fuerte
de la fiesta fue la confirmación de la disponibilidad de Estados
Unidos de acordar un TLC con la región, aunque con la novedad de
que este podría también tener una especie de “fast track”,
para aquellos países que reúnan las condiciones necesarias
primero que los demás. Esta disposición del presidente Bush
ya se conocía con anterioridad, y ciertamente constituye una trascendental
oportunidad para la región centroamericana de ampliar su mercado,
pero, al mismo tiempo, constituye una formidable amenaza de penetración
de los propios mercados y de pérdida de empleos.
La conveniencia o no de un tratado de este tipo depende del balance de costos y beneficios, pues este indicará si a final de cuentas es beneficioso (o perjudicial) para un país embarcarse en este tipo de proyectos sin buscar condiciones específicas que le favorezcan. Los gobiernos actuales consideran conveniente casi cualquier medida que tenga que ver con la desregulación y apertura de los mercados, aun y cuando exista evidencia de que sus efectos no son necesariamente positivos en todos los casos.
Allí está el caso de México y su TLC con Estados Unidos y Canadá. Acá se ha evidenciado que el primero se ha llevado la peor parte, pues aunque se ha experimentado un fuerte crecimiento de las exportaciones manufactureras y de la inversión extranjera, la economía mexicana sigue resintiendo problemáticas tradicionales y comunes a los países centroamericanos: lento crecimiento de producción y empleo, escasa integración vertical y horizontal de la economía, profundización de la crisis de la economía campesina e intensificación de los flujos migratorios a los Estados Unidos, entre otros.
Sin ir muy lejos, después de un año del TLC de Guatemala, El Salvador y Honduras con México, los resultados han sido más negativos que positivos para El Salvador y para el grupo de países en su conjunto. Si bien es cierto que las exportaciones casi se duplicaron, también es cierto que las importaciones desde México se incrementaron en una mayor cuantía y la balanza comercial con ese país empeoró sustancialmente. Inexplicablemente, este elemento es obviado por funcionarios gubernamentales a la hora de evaluar los resultados del tratado. Así, el Ministro de Economía salvadoreño se limita a señalar su complacencia por la dinámica de las exportaciones hacia México, obviando los efectos sobre las importaciones. Esta omisión puede resultar peligrosa si la tendencia se profundiza y no se toman medidas correctivas, algo que debería ser evaluado desde ya por el gabinete económico.
Tampoco se quiere decir que El Salvador debe buscar el aislamiento comercial, sino, más bien, que debe realizar una ponderación lo más objetiva posible de los posibles impactos, con miras a adoptar medidas de adaptación a una posible intensificación de la competencia de países con un desarrollo relativo enormemente superior. Lo que ha pasado con México es sólo una muestra de lo que podría pasar con los Estados Unidos, aunque con un impacto relativo potencialmente mayor.
¿Libre competencia en El Salvador?
A propósito de uno de las interrogantes planteadas
por periodistas salvadoreños, el presidente Bush hizo referencia
a la relación entre el libre comercio y la libre competencia. En
concreto, al referirse al tema de los oligopolios, expresó: “la
forma de evitarlos es alentar la competencia y los libres mercados para
impedir que puedan dominar una economía y lastimar a las gentes.
Eso es lo que ha hecho el Presidente (Flores): insistir en los mercados
abiertos, insistir en tener buena competencia”.
En este punto, las declaraciones hacen dudar sobre la validez de las fuentes informativas y las valoraciones del presidente estadounidense. En El Salvador, ni el gobierno actual, ni los precedentes que impulsaron las principales reformas económicas recientes, han promovido la libre competencia. Por el contrario, muchas de las privatiza-ciones y concesiones realizadas por el Estado han consolidado o creado oligopolios.
Algunos ejemplos claros de mercados oligopólicos son el sistema financiero, el subsector televisivo y el mercado de hidrocarburos. En el primer caso, puede detectarse cómo dos o tres bancos han venido adquiriendo activos y cuotas de mercado de otras instituciones financieras que han quebrado, o se han “fusionado” con instituciones más grandes. El resultado final ha sido la conformación de un sistema financiero con características claramente oligopólicas.
En el caso de las empresas televisivas, también
es claro el papel oligopólico de tres de los principales canales
de televisión aglutinados en una “telecorporación” con características
de cártel. El gobierno actual y los dos pasados han estimulado esta
situación a través de una asignación preferencial
de la propaganda gubernamental a este cártel, el cual, a cambio,
difunde noticieros y entrevistas con una clara línea editorial favorable
a los intereses gobiernistas.
Por otra parte, la importación y distribución de
hidrocarburos se ha venido concentrando cada vez más en manos de
tres compañías petroleras transnacionales, sin que existan
instrumentos jurídicos de regulación de precios.
La muestra palmaria de que el gobierno no está promoviendo la libre competencia es su actitud negligente frente a la elaboración, discusión y aprobación de un anteproyecto de ley de libre competencia que se encuentra estancado en la Comisión de Economía y Agricultura de la Asamblea Legislativa. Así pues, las declaraciones del presidente Bush parecen estar basadas en informes poco confiables o incompletos y no reflejan la realidad.
Migraciones, remesas y estándares dobles
Pero de todos los temas tratados, el más
importante no necesariamente es el TLC, aunque sí podría
serlo en un horizonte de más largo plazo. En el corto y el mediano
plazo lo más importante es lograr estabilidad y seguridad de la
población migrante y, con ello, apuntalar uno de los principales
“pilares” del modelo económico salvadoreño: las remesas familiares.
Es en este campo donde están puestas las expectativas de una gran
parte de la población salvadoreña y en donde también
El Salvador se juega su tan alabada estabilidad macroeconómica.
Un elemento decisivo es el TPS, una ley que otorga una situación
más estable para nicaragüenses y cubanos, y se pretende que
también abarque a otros migrantes centroamericanos, incluyendo a
los salvadoreños.
Pero, en este ámbito, el presidente Bush no fue tan claro como en lo tocante al TLC. A lo sumo, señaló que al “TPS lo vamos a estudiar detenidamente este verano”. Sin embargo, de las declaraciones del jefe de estado norteamericano se intuye que el TPS continúa en suspenso y que la política migratoria estadounidense está apuntando a otros objetivos. Así, Bush señaló que “la piedra angular de una buena política migratoria es encontrar a un empleador dispuesto con un trabajador dispuesto para que puedan encontrarse.” Esto podría implicar que la migración futura hacia los Estados Unidos sería posible solamente si el trabajador cuenta previamente con una carta de trabajo.
No cabe duda que las perspectivas de un TLC con Estados Unidos son muy buenas, pero tampoco debe caerse en la ingenuidad de que la nación del norte está movida a firmar el tratado por pura filantropía. Hay intereses geopolíticos detrás ello y, además, evidencias de que, en la práctica, Washington siempre vela por sus propios intereses y no por los de los demás. Algunas muestras de lo anterior son las siguientes: la negativa de ratificar el Protocolo de Kioto sobre la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero; los fuertes subsidios a su agricultura con la petición a los demás países de que no apliquen medidas similares; y la exigencia de apertura comercial, mientras cierra su mercado. Un ejemplo reciente de esto último ha sido la súbita elevación de los aranceles al acero.
En este marco, la aseveración del presidente Bush en el sentido de que “…cuando existe un comercio injusto respondemos, y yo lo he hecho y seguiré haciéndolo porque el libre comercio debe ser un comercio justo”, aún debe ser comprobada con hechos, pues la historia difiere del discurso. Considérese el caso del café, donde los transna-cionales se apropian de la mayor parte de los excedentes y los países productores languidecen con precios inferiores al costo de producción.
En resumidas cuentas, y debido a que ni El Salvador ni Centroamérica pueden abstraerse de los procesos globales, las acciones a tomar deben cubrir, al menos, tres líneas complementarias: una negociación analítica realista y que promueva la asimetría en áreas sensibles, una fuerte política de modernización del aparato productivo y una constante revisión de impactos acompañada de las correspondientes medidas correctivas allí donde sea necesario. De momento, los gobiernos centroamericanos se han concentrado casi exclusivamente en el primer aspecto, descuidando y arriesgando sus aparatos económicos y su desarrollo futuro.
SOCIEDADLa apretada agenda del presidente George W. Bush, en su visita a El Salvador, no incluyó expresamente las cuestiones migratorias, punto clave para el gobierno y pueblo salvadoreños. Ni siquiera la extensión del Estado de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) —programa al que se acogieron por lo menos un cuarto de millón de inmigrantes salvadoreños tras los terremotos del año pasado— fue abordado directamente por el mandatario estadounidense. En palabras del embajador salvadoreño en Washington, René León, ese es un tema que debe tocarse con cautela, ya que “este momento no es el adecuado para hacer anuncios migratorios”.
Según el reputado embajador, en el encuentro bilateral Bush-Flores, la cuestión del TPS fue postergada por razones obvias: dicho programa no vencerá sino hasta septiembre; por lo tanto, sería demasiado prematuro lanzar juicios adelantados sobre el mismo. Como para no apagar las ilusiones del gobierno salvadoreño, George Bush expresó que al TPS “lo vamos a estudiar detenidamente este verano”. Aún así, de lo que no quedó ninguna duda es del decidido impulso norteamericano al libre comercio, lo cual ha despertado grandes expectativas en todos los sectores nacionales y centroamericanos. No obstante la eventual marginación del tema migratorio, vale la pena hacer una breve apreciación del manejo de la política migratoria al interior de El Salvador y fuera de sus fronteras.
Como primera apreciación, hay que señalar que desde las esferas gubernamentales —y, en torno a ellas, la empresa mediática—, el tema migratorio ha sido prácticamente reducido a la obtención de beneficios para los compatriotas residentes en Estados Unidos. Esta visión se funda en la premisa según la cual programas como la extensión del TPS beneficiarían a cientos de salvadoreños en aquél país y asegurarían, adicionalmente, la subsistencia de igual número de familias en El Salvador. La estimación no es gratuita; en efecto, los ingresos por remesas familiares ascendieron a casi 2 mil millones de dólares el año pasado. De ahí la importancia conferida al TPS.
Sin embargo, se estaría apostando a programas cortoplacistas como el TPS que, por su misma naturaleza, no dejan de ser temporales y, por ende, traen beneficios muy limitados. Luego de la situación crítica suscitada por los terremotos del año pasado, la concesión de beneficios migratorios permitió a miles de salvadoreños asegurar fuentes de trabajo y enviar remesas a sus familiares en el país, lo cual, aunado a la entrada de fondos provenientes de la cooperación internacional, permitió aminorar el impacto económico de los sismos. Además, como señala el mismo León, entrevistado en un periódico nacional, existe una tradición de Estados Unidos a otorgar beneficios migratorios a inmigrantes salvadoreños. Empero, lo anterior no obsta para que se articulen otras iniciativas migratorias en beneficio común.
A juzgar por el interés mostrado por Estados Unidos hacia la región y al país en particular, la coyuntura actual sería provechosa para los intereses comerciales salvadoreños, no así para los migratorios. Si al inicio de la administración Bush, América Latina no aparecía en la lista de prioridades de la política exterior estadounidense, al parecer los últimos acercamientos estarían revirtiendo esa apreciación. Con todo, hay otros focos de atención en el escenario mundial —como el conflicto palestino-israelí o la lucha comercial con la eurozona— que fácilmente rebasarían el interés estadounidense en el subcontinente.
En segundo lugar, aparece el lado humano del fenómeno migratorio. Es de sobra conocido el tortuoso camino y los vejámenes a los que se ven expuestos los miles de inmigrantes que anualmente cruzan las fronteras centroamericanas y mexicanas hasta llegar al “sueño americano”. En este sentido, hace irrupción el factor jurídico; es decir, la necesidad de articular iniciativas que busquen la seguridad y el amparo de los inmigrantes durante su estadía en el extranjero. En general, los gobiernos se quejan de los malos tratos que sufren sus ciudadanos, pero ellos mismos no practican una política migratoria que garantice el bienestar de los inmigrantes que cruzan sus territorios.
La preocupación de los derechos humanos y la seguridad de los inmigrantes aumentó luego de las restricciones y aplicación de medidas arbitrarias, en respuesta a la tensa situación generada por los atentados terroristas del 11 de septiembre pasado. Sistemáticamente se restringió el acceso de personas en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, en un claro y legítimo intento de salvaguardar la seguridad nacional; empero, algunas restricciones rayaron en la inconstitucionalidad y lesionaron directamente las libertades individuales. En la Conferencia Regional para las Migraciones (CRM) realizada en San José, Costa Rica, en noviembre pasado, se puso de manifiesto esta preocupación sin que los defensores de los inmigrantes obtuvieran resultados satisfactorios.
Las iniciativas y los proyectos planteados en foros internacionales tendrán un reducido alcance si en los escenarios nacionales no se alcanzan avances sustanciales en materia migratoria. En El Salvador, la Asamblea Legislativa ha discutido un proyecto de Ley de Extranjería que incluso restringe el ingreso de personas contagiadas con el VIH. Además, salvo algunas excepciones muy marcadas, pareciera que los procedimientos, el control y las trabas institucio-nales que tienen que sortear los extranjeros en el país mandan un mensaje claro a quienes por diferentes motivos lo visitan: “Usted es un extranjero, debe sentirse como tal y debe abandonar el país lo más pronto posible”.
De ahí que la política migratoria salvadoreña peque de hipocresía e intolerancia, pues, mientras en el exterior se hacen titánicos cabildeos para obtener mejores tratos a los connacionales, en el país las estructuras son arregladas de tal forma que se dé un trato poco cortés e irrespetuoso a los extranjeros. Tal parece que la estrechez aldeana y los sentimientos xenófobos del nefasto dictador salvadoreño, Maximiliano Hernández Martínez —quien vetó el ingreso de personas de origen asiático y de raza negra al territorio nacional en la primera mitad del siglo XX—, han dejado una huella aún imborrable en las autoridades y las leyes migratorias salvadoreñas.
Mientras El Salvador se prepara en lo económico para enfrentarse a la globalidad, las leyes migratorias padecen un grave provincialismo, contrario a los principios y consignas que se pregonan en el exterior. Por tanto, la revisión de la política migratoria y un análisis concienzudo del fenómeno migratorio en el país es un imperativo de grandes dimensiones. No basta con el cabildeo por la extensión de beneficios migratorios. Por el contrario, la situación actual requiere una labor nacional que contrarreste las causas que propician los flujos migratorios hacia el exterior.
Pero esta última tarea es un reto que el gobierno del presidente Flores no ha asumido como propio. Por eso, el tema migratorio como tal —que no se reduce al TPS— ha sido un tema ausente no sólo en la agenda del presidente Bush en su visita al país, sino que también ha sido una cuestión marginal en el actual gobierno salvadoreño.
REGIÓNEl anuncio de la visita del presidente estadounidense George W. Bush a El Salvador como parte de una gira a tres países latinoamericanos (los otros dos eran México y Perú) provocó expectativas entre los distintos sectores de la sociedad salvadoreña. ¿Hasta qué punto esas expectativas se correspondieron con lo que trajo consigo la presencia del mandatario norteamericano el pasado 24 de marzo? Esa es la pregunta que queremos responder en las siguientes líneas.
El TPS quedó afuera
La deportación masiva de varios centenares
de salvadoreños que viven indocumentados en territorio estadounidense
es una pesadilla para el gobierno salvadoreño. Ello implicaría
el derrumbe de uno de los pilares del actual modelo económico: las
remesas que son enviadas al país. El Salvador, tal como se encuentra
en la actualidad, no puede abrir sus puertas a esos emigrantes, por mucho
que hayan nacido en su tierra. La falta de acceso al empleo haría
de esos hipotéticos deportados un elemento de desestabilización
sociopolítica difícil de manejar. De ahí que la diplomacia
salvadoreña tenga dos asuntos en agenda: el libre comercio y el
evitar deportaciones de personas indocumentadas. Ello explica por qué,
cuando un grupo de salvadoreños que emigró a Suecia, estafados
por una agencia de viajes que hablaba de un ficticio plan migratorio de
la nación escandinava, las gestiones diplomáticas se orientaron
a evitar a toda costa que los connacionales regresaran a su país.
El gobierno de Francisco Flores esperaba que la extensión del programa TPS (Estatus de Protección Temporal, en español), el cual ha frenado la deportación de personas indocumentadas, fuera uno de los puntos de la agenda de Bush. Al menos, así lo expresó el embajador salvadoreño ante Washington, René León. Algunos días después, la consejera de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Condoleeza Rice aclaró que la visita del mandatario se enfocaría en un único asunto: El Tratado de Libre Comercio, y que, por tanto, el TPS no estaba en la agenda de la visita.
El presidente Flores trató de aminorar el impacto de este anuncio, explicando que su colega norteamericano no se pronunciaría inmediatamente sobre el TPS en la reunión. Que es una manera elegante de decir lo mismo: Bush no discutiría la prolongación del Estatus de Protección Temporal. En declaraciones a La Prensa Gráfica, Bush fue claro al decir que “no voy a hacer ese anuncio allá”, y añadió que el plazo de vencimiento del TPS es hasta septiembre. Si bien recordó que ya había apoyado la extensión del TPS en una ocasión anterior, tampoco quiso adelantar cuál sería su decisión al respecto. En otras palabras, el mandatario estadounidense no vino a El Salvador a discutir la situación de los indocumentados.
La canciller salvadoreña Eugenia Brizuela declaró que la firma del TLC de Centroamérica con Estados Unidos es la mejor política migratoria, pues creará mayores fuentes de trabajo y ello frenará al multitudinario exilio económico salvadoreño. Esta es la posición del gobierno de Bush. Entre líneas, lo que se está diciendo es que Washington necesita que los gobiernos centroamericanos frenen la incontrolable emigración hacia la nación del Norte. Los centroamericanos que ya se encuentran allá (ese allá que es casi un lugar mítico) y no tienen legalizada su situación migratoria, quedaron fuera de las pláticas de Bush con sus colegas centroamericanos.
El TLC es un sueño
El punto central, según la prensa nacional,
de la visita de Bush no fue otro que el TLC. Se manejó que el mandatario
norteamericano vendría a firmar el Tratado con sus pares del istmo.
Ello fue recibido con el beneplácito compartido del gobierno, los
empresarios y los grandes medios de comunicación. El gobierno salvadoreño
se mostró optimista ante la firma del tratado, pues lo considera
clave para sus planes económicos. La empresa privada también
se alegró con las perspectivas de la visita del mandatario norteamericano.
Pidió, y Flores se lo concedió, tener presencia en las negociaciones
del TLC con Bush. Los periódicos matutinos también aplaudieron
el TLC que el presidente estadounidense traería bajo el brazo. “Bush
trae plan de prosperidad”, anunciaba El Diario de Hoy en la portada de
su edición del 20 de marzo. Más comedida, La Prensa Gráfica
destacaba en esa misma fecha, “Bush le apuesta al libre comercio”.
Sin embargo, en el cónclave entre los mandatarios de Centroamérica y Bush, no se firmó tratado alguno. Aún se tiene que esperar la aprobación del Congreso norteamericano. Se ha vendido la imagen de un bloque de mandatarios con una posición unánime ante el TLC. Las divergencias y las cautelas eran, sin embargo, obvias. Francisco Flores fue claro al pedirle a “su amigo” Bush que había que agilizar el ingreso al TLC de aquellas naciones que cumplan con los requisitos establecidos por los EE.UU. Dicho de otra manera: lo que interesa no es tanto el garantizar que Centroamérica entre al TLC en condiciones favorables para todos los países del área, sino que entren primero aquellos países que ya se encuentren “aptos”, en desmedro de cualquier posición regional.
El TLC no es un sueño
El optimismo del gobierno y muchos medios de comunicación,
que hace aparecer al TLC como la panacea a los grandes males estructurales
de la economía nacional, no fue compartido por todo el mundo, comenzando
por los trabajadores. Como primera reacción, el movimiento laboral
anunció una movilización de rechazo a la venida de Bush y
a un TLC hecho a la medida de los poderosos y excluyente de la población
trabajadora. El repudio a Bush se vio acrecentado por la coincidencia de
su visita con la fecha en el que miles de personas, tanto en El Salvador,
como en otras partes del globo, conmemoran el asesinato de Monseñor
Óscar Arnulfo Romero. De esta manera, la visita de Bush venía
a encarnar, de esta manera, la presencia de un poder excluyente y, peor
aún, irrespetuoso con los temas sensibles para los países
bajo su influencia.
El gobierno salvadoreño no toleraría que se empañara la fiesta que tenía preparada para el 24. La negativa del Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan, a estar presente en el acto en el que se darían por superados los acuerdos de paz, fue un golpe difícil de encajar. Un golpe que quiso bajarse de perfil acusando al FMLN de influir al diplomático de origen ganés en su decisión. Un golpe que también intentó aprovechar el partido opositor, dejando abierta la duda de por qué no había denunciado los incumplimientos de los Acuerdos de Paz sino hasta ahora. Por eso, el gobierno de Flores anunció que castigaría severamente cualquier desorden.
Se hizo público el impresionante dispositivo
de seguridad que protegería al presidente de la nación más
poderosa de la tierra. Días antes de la visita, el gobierno afirmó
que ya había detectado a un grupo universitario que supuestamente
tendría planificado provocar disturbios, en una maniobra que recordó
las campañas de guerra psicológica que se efectuaban durante
el conflicto. En aquella época, los gobiernos de turno sacaban a
relucir supuestos planes de desestabilización, protagonizados por
el FMLN, que actuaba como titiritero moviendo los hilos de las organizaciones
sindicales o de derechos humanos. Esta estrategia se utilizaba en las vísperas
de una movilización masiva de sindicalistas o estudiantes, como
maniobra de distracción ante políticas impopulares, o como
justificación de represalias contra opositores.
Ahora vemos una nueva resurrección de una
vieja táctica. El 22 de marzo, voceros policiales afirmaban que
sus pesquisas ya habían progresado aún más, al saber
la composición de una supuesta “célula” compuesta por once
supuestos universitarios, hombres y mujeres, que ya habría protagonizado
otros disturbios callejeros y que era “especialmente peligrosa”.
Como sea, el atentado que destruyó un centro comercial
en las cercanías de la Embajada estadounidense en Lima, a escasos
días de la presencia de Bush en la capital peruana, contribuyó
a tensionar las cosas. Sin embargo, las actividades que los sindicatos
y las organizaciones religiosas llevaron a cabo el 24 de marzo transcurrieron
en total tranquilidad. Una procesión salió del Hospital de
La Divina Providencia hacia El Salvador del Mundo y de ahí se unió
a la marcha sindical hacia Catedral Metropolitana, es decir, fuera del
recorrido que hiciera Bush.
La llamada “semana mayor” de 2002 arrancó con la conmemoración del vigésimo segundo aniversario del martirio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Ese mismo día, domingo 24 de marzo, el Presidente de los Estados Unidos de América, George W. Bush, estuvo en nuestro país por unas horas. Casualidad o no, lo cierto es que el evento que lo trajo a El Salvador —su encuentro con la y los mandatarios centroamericanos— provocó la euforia del Ejecutivo nacional. No era para menos, tras el “espaldarazo” que recibió Francisco Flores al ser presentado como “adalid” de las “libertades democráticas y económicas” en la región.
Así, Bush le permitió a Flores regodearse en sus sueños de grandeza al elevarlo en exceso, más allá de la simple tarima en la que estuvo parado durante la conferencia de prensa que ambos brindaron. Las momentáneas alas de popularidad que batió un delirante Flores —en buena medida, gracias a ciertos medios de masivos de difusión— hicieron olvidar a algunos la verdadera situación en la que nos encontramos. Fue tanta la exaltación y la excitación que, en una especie de clímax escénico, a Flores se le olvidaron cosas más importantes y reivindicó las protocolarias muestras de amistad por parte de Bush como el más alto honor de su vida.
Todo parecía apuntar a que tal ambiente continuaría durante la Semana Santa; así, en ese estado de “buena esperanza”, se presentó el “Plan Verano 2002” a desarrollar en las playas salvadoreñas impulsado conjuntamente por clubes de servicio, hospitales, Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional Civil (PNC) y Fuerza Armada. Buena iniciativa, ya que es de general conocimiento que en estas fechas se eleva, por desgracia, el número de víctimas debido a los densos desplazamientos de personas hacia las zonas costeras y por los hechos que en ese marco se producen.
El presidente del Comité de Emergencia Nacional (COEN) y Ministro de Gobernación, Francisco Bertrand Galindo, defendió ante los medios la eficiencia de dicho plan de seguridad. “Nuestro objetivo —afirmó— es reducir el índice de muertes”; sin embargo, eludió responsabilidades al señalar lo siguiente: “Se asume que el ciudadano será un elemento colaborador del sistema”. Pero lo ocurrido durante los días “santos” recién pasados, nos ha devuelto a la realidad. Así, se pasó de las simulaciones diplomáticas propias de una comedia oficial, por la visita de Bush, a la permanente tragedia de un país con un alto índice de violencia, exacerbado en estas fechas. Prueba de ello son las 118 personas fallecidas en tan sólo nueve días de vacación.
Por eso, aunque mucha gente —el Ministro de Gobernación en cuenta— se empeña en buscar explicaciones cada vez más superficiales que sólo distraen la atención de las verdaderas responsabilidades, las estadísticas ofrecidas como balance de la jornada son dramáticas y contundentes: Las emergencias atendidas durante la Semana Santa estuvieron a la orden del día, incrementándose éstas en un 6% en comparación con otros años y dejando —como ya señalamos— 118 víctimas mortales, según informe del COEN. El trabajo de los Cuerpos de Socorro fue constante, brindando atención especial a los accidentes “usuales” de estas fechas tales como rescates acuáticos, politraumatismos y lesiones; pero también tuvieron que trabajar en hechos resultado de ataques con arma blanca o de fuego, entre otros, que, por desgracia, sí son una constante durante todo el año.
No obstante, al fijarnos en el número de personas fallecidas las cifras son demostrativas. Encabezan las estadísticas los accidentes de tránsito, al arrojar 51 víctimas en total; catorce personas se ahogaron; las muertes por arma de fuego sumaron 47 y fueron seis las producidas por arma blanca. Con lo anterior, el escándalo público se centra en la grave cifra de muertes por accidentes vehiculares; pero muy poco se habla en los medios respecto a que las víctimas por armas de fuego y armas blancas —53 por todas— sumaron más. Estas últimas son agresiones que terminan de forma fatal; pero la situación se empeora y la cuenta se dispara al considerar las agresiones violentas con arma de cualquier tipo que no terminan en muerte, sabiendo que la gran mayoría de estos hechos no se denuncian por temor. Semejante cuadro alarmante —como ya hemos indicado en otras ocasiones (Proceso 887)— no incluye otras manifestaciones delictivas como robos, hurtos, violaciones, agresiones físicas y secuestros.
En tal escenario, las propias autoridades responsables no tuvieron más remedio que expresar su preocupación por el impresionante número de muertes contabilizadas en los tres primeros días de fiesta. Así, hasta la tarde del jueves 28 de marzo se reportaban 65 personas fallecidas; eso arrojaba el escalofriante promedio aproximado de 21 muertes diarias. En menos de 40 horas, las que transcurrieron de la tarde del sábado 30 de marzo a la mañana del lunes 1° de abril, se registró un total de 27 personas fallecidas; catorce de ellas por arma blanca o de fuego. A lo anterior se debe añadir el suceso acaecido el mismo sábado 30, cuando se enfrentaron miembros de la “Mara Salvatrucha” con integrantes de la “Mara 18”, quienes convirtieron la Playa El Majahual en un auténtico campo de batalla; el resultado: por lo menos, quince heridos.
Pero no podemos analizar estos datos sin, al menos, confrontarlos con los del año pasado. En la Semana Santa de 2001 murieron 30 personas en accidentes de tránsito; 20 menos que este año. Dicho año, la principal causa de muerte fue por arma blanca: 58 víctimas. Esta Semana Santa se reportaron seis. Sin embargo, el descenso en este tipo de hechos delictivos no alcanzó para las víctimas por arma de fuego, ya que el año pasado se contabilizaron 21 muertes y este año ascendieron a 47; es decir, 26 más. Estas cifras indican con claridad que, digan lo que digan, la sociedad salvadoreña sigue siendo violenta.
Desde nuestro espacio hemos insistido mucho en la necesidad de adoptar políticas institucionales integrales y audaces que permitan enfrentar el fenómeno en su totalidad, empezando por el impulso de un esfuerzo auténtico en materia de prevención del delito, sobre la base de una seria constatación de las causas que generan actos delictivos y pasando por una auténtica depuración de los diversos componentes del sistema estatal de justicia: PNC, Ministerio Público y Órgano Judicial. Ello, con el objeto de garantizar una investigación eficiente del delito y una verdadera impartición de justicia. Con menos índices de impunidad, se puede animar a las y los ciudadanos para que denuncien sin temor los hechos que les causan agravio, a fin de activar y determinar —por medio de la presión que ejerzan— el que las instituciones cumplan con el deber que les corresponde.
Se debe decir que, aunque nuestro país ocupa el primer lugar, no es el único en la región que vive en medio de semejante “Vía Crucis”. También afecta a nuestros vecinos; durante las vacaciones recién pasadas, fueron 335 las víctimas en Centroamérica. Los organismos de socorro del istmo informaron que de éstas, 167 personas fallecieron a causa de ataques con armas blancas o de fuego. Como ya señalamos, una vez más las cifras demuestran que la “Semana de la Pasión” más violenta tuvo lugar en nuestro país, con esas ya comentadas 118 muertes y con 1,600 personas heridas por diversas causas. El segundo deshonroso lugar se lo llevó Honduras; en este país, las agresiones con arma blanca y de fuego provocaron la muerte de 64 personas, mientras que otras 43 fallecieron a consecuencia de accidentes viales y ahogamientos.
Juntos, El Salvador y Honduras —países enemigos en la guerra en 1969— sumaron 225 muertes; más del 67% en toda la región. Sólo el nuestro, alcanzó el 35%. En el resto de la región, los datos reflejan una cantidad menor de incidentes. En Nicaragua se contabilizaron 45 muertes; en Guatemala, 46; en Costa Rica, 19 y en Panamá, tres. Estos números mantienen a El Salvador entre los sitios más violentos del mundo y en uno de los lugares donde más delitos diarios se cometen. De poco o nada sirven los planes regionales de acción contra este flagelo si, en el ámbito centroamericano, la escalada violenta no sólo no cesa sino que se incrementa en períodos como éstos. El prometido combate al tráfico de armas, al narcotráfico, al crimen organizado y a otras lacras que mantienen intranquila a algunas de estas sociedades, pasa por ser una tarea que fundamentalmente corresponde a las autoridades de seguridad pública; pero, pese a las costosas campañas oficiales de publicidad, los cambios esenciales fruto de su acción no se advierten.
Hay que recordar que fue el ahora casi “compadre” de Bush, Francisco Flores, quien incluyó dentro de su oferta electoral —la llamada “Nueva Alianza— una “Alianza por la Seguridad”; así, prometió una estrategia para enfrentar el fenómeno delictivo y de violencia en El Salvador. Pero, como ya dijimos, en la práctica es muy poco lo que realmente ha hecho para superar tan alarmante estado de cosas. Digan lo que digan, el conteo de víctimas no cesa. Tratar de ocultar como “circunstancias” propias de la época de vacaciones los sucesos relatados, cuando tienen una raíz más profunda, es no querer encarar esa problemática nacional con verdadera coherencia. Son necesarios planes más serios que el “Verano 2002”, para intentar paliar la violencia social que aflige a nuestra sociedad.
Como se ha constatado, algo que viene siendo práctica habitual, sólo se enfrentan con alguna diligencia las muertes y cierto tipo de delitos —como el secuestro— cuando son tan espectaculares que se convierten en factores negativos para la inversión. Esa y no otra es la política asumida por el gobierno actual: la de “apretar el cinturón” y aplicar “mano dura” cuando la gran empresa —nacional o extranjera— anuncian su negativa de venir al país o su retiro de éste, si sus proyectos se ven afectados por este clima hostil que afecta a la gran mayoría de la población. A nuestro pesar, el “capital” —y no la universal dignidad del ser humano— sigue definiendo qué se va a hacer y cómo se hará en El Salvador para enfrentar la violencia.
Para eso se le ha otorgado recientemente mayores
poderes al Director de la PNC, reforzado con partidas presupuestarias secretas.
Hay que recordar que él es el responsable directo del monopolio
legítimo del uso de la fuerza, que en todo Estado de Derecho debe
existir. El problema —como se constata en la práctica— es cuándo,
cómo, por qué y contra quién se usa esa fuerza. En
lugar de un trabajo serio en los ámbitos de la prevención
de los delitos y una investigación adecuada de los mismos, la intervención
policial y la investigación posterior a éstos se traducen
—entre otras cosas— en fraudes procesales, brutalidad policial e impunidad.
Se deja de lado la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas,
cuando éstas “andan descalzas”. Así las cosas, tal como vemos
la situación actual, en El Salvador se sigue sin ofrecer respuestas
beneficiosas para toda la sociedad. Y eso es más trágico
que nuestra Semana Santa.
Tel: +503-210-6600 ext. 407, Fax: +503-210-6655 |
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