Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI)
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    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.

    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.

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ÍNDICE

EDITORIAL

    La atención se centró en una extranjera, empleada de uno de los programas de Naciones Unidas, a quien la policía dejó en libertad, según algunos, por gozar de inmunidad diplomática; según otros, por no encontrar delito en su contra. En cualquier caso, en cuanto la dejaron libre, la extranjera salió del país. Hay quienes, aunque sin mucho convencimiento, se han fijado más en la circulación y el consumo de drogas existente en la sociedad salvadoreña. Así, entre una cosa y otra, las limitaciones de la Policía Nacional Civil han pasado a un segundo plano o, peor aún, se comienzan a considerar algo tan normal, que ya se pasan por alto.

    Actuaciones policiales como la llamada “Tormenta tóxica”, espectaculares gracias a la gran prensa que está a su servicio, siguen un patrón bien conocido. La noticia aparece en la gran prensa con gran despliegue. Según los primeros informes, la policía habría logrado infiltrar una fiesta, en la cual se consumían drogas de manera abierta, variada y abundante. Habría mucha gente implicada, incluida una extranjera. La policía y la prensa crearon grandes expectativas: se trataba de un operativo policial que conseguía dar un golpe fuerte al narcotráfico. Los detalles de la operación, proporcionados por los agentes, difundidos por la gran prensa con gran amplitud, confirman su importancia. El caso, aseguran, llegará a los tribunales, habrá nuevas capturas y, con toda seguridad, habrá condenas.

    Pocas horas después, sin embargo, otra realidad comienza a surgir, en la misma prensa que antes ha difundido las versiones oficiales. Las fuentes policiales, del Ministerio Público y del poder ejecutivo se contradicen. La gran prensa difunde sus contradicciones, sin caer en la cuenta que ella misma ha dado por verídicas las mismas informaciones que ahora cuestiona. Pero eso no detiene a los altos funcionarios, quienes continúan hablando, en un vano intento por aclarar lo que parecía evidencia establecida. La falta de información y consistencia, en una palabra, la falta de seriedad, los traiciona. En lugar de consolidar su caso, lo debilitan cada vez más. En parte, esto sucede por la falta de una capacidad mínima de la Policía Nacional Civil para la investigación. En parte, ocurre por la ausencia de una dirección que ordene la investigación, las ideas y las declaraciones públicas. Los funcionarios actúan de esta manera descuidada, irresponsable y superficial porque, en la práctica, es imposible pedirles cuentas.

    El nombre con el cual la policía y la prensa conocen la fiesta es, aparentemente, equivocado, pues “Tormenta tóxica” es el nombre del grupo musical que la animaría. Es un mal comienzo para un trabajo de investigación. La policía aseguró que había encontrado éxtasis, pero el análisis químico demostró que era acetaminofén. Asimismo, los agentes calcularon la droga incautada en casi 30 mil dólares, pero, en realidad, su valor apenas supera los mil. Un error de apreciación de quien habla sin saber. En la misma línea de la imprecisión, la policía asegura que las transacciones que habrían tenido lugar durante la fiesta representaron sumas enormes de dinero, pero al juez sólo le entregaron 39 dólares. La policía no sólo tiene dificultades con la identificación de la droga y su valor, sino que tampoco sabe cuánta gente participaba en la fiesta, en el momento de su incursión. Las personas detenidas fueron 16, pero los agentes encubiertos aseguran que había 70 en la fiesta. El presidente Flores, en cambio, afirma que había 185.

    Las autoridades tampoco tienen claridad sobre el procedimiento seguido con la extranjera que encontraron en la fiesta. Aparentemente, policías y fiscales asumieron que gozaba de inmunidad diplomática, confundiendo esta categoría con la de ser miembro de una misión internacional. Pero eso no es todo: los fiscales aseguran que los agentes encubiertos les dijeron que no la habían visto tomar parte en acciones ilícitas y, en consecuencia, no había motivo para detenerla. Sin embargo, estos mismos agentes aseguran lo contrario, que, en efecto, poseía droga; el director de la policía, en cambio, sostiene que estaba limpia. No es extraño entonces que, con frecuencia, policías y fiscales enfrenten dificultades insalvables a la hora de traducir sus argumentos al lenguaje jurídico. En este caso, por ejemplo, no han podido individualizar los delitos de las personas detenidas, ni han podido demostrar la clase y la cantidad de droga consumida, aparte que el hecho parece reducirse a mero consumo y no a tráfico.

    Las diversas intervenciones del director de la policía no han contribuido a esclarecer el delito, ni tampoco la captura de las personas acusadas. Cuando le han preguntado por las diferencias sobre el tipo de droga, su cantidad, su valor y los detenidos, el director ha preferido guardar silencio. Lo que sí está claro es la confusión que existe entre el presidente Flores, el director de la policía, los fiscales, los agentes policiales y la prensa. Parte de esa confusión es que la policía no puede explicar el asesinato de uno de los agentes que tomó parte en las capturas, hecho ocurrido pocas horas después de que éstas tuvieran lugar, ni de la agresión de la cual fue víctima el juez que conocía el caso. De la misma manera que tampoco puede explicar cómo se lleva a cabo el tráfico sistemático y masivo de niños salvadoreños. Estos hechos son mucho más importantes que la libertad de la extranjera. Es el mismo patrón de los casos de violación de los derechos humanos del pasado y del presente.

    En estas condiciones sería una irresponsabilidad acceder a las peticiones del director de la policía, quien está pidiendo autorización para proceder, sin orden judicial, a allanar inmuebles, congelar cuentas bancarias y a registrar personas cuando sospeche que poseen o consumen drogas. Dada la poca seriedad con la que trabaja, otorgarle estas libertades es abrir más la puerta para nuevos abusos. Si con la jurisdicción que ya tiene no puede combatir el delito de manera eficaz, por que no puede dirigir la investigación policial, con más poder sólo cometerá más abusos. El legislador salvadoreño, sin embargo, no se caracteriza por la responsabilidad. En los privilegios que ha concedido a los miembros de la misión japonesa que construirá el puerto de Cutuco, ya están sembradas las semillas de nueva confusión, cuando les otorga las “facilidades que sean necesarias para su entrada y permanencia” en el país. Esas facilidades lo mismo se aplican a cualquier extranjero que se leen como tratamiento especial, es decir, como privilegio diplomático. Todo dependerá de cómo sea leído por los interesados. La tormenta está, pues, dentro de la misma policía.

    En los últimos días se ha arreciado el cerco militar israelí sobre los territorios ocupados. Y recién están saliendo a luz pública las consecuencias. Centenares de muertes, miles de heridos y viviendas arrasadas, es el saldo preliminar de las bajas que los soldados del primer ministro Ariel Sharon han ocasionado en la población palestina. El mundo se ha hecho eco del terror que invade el Medio Oriente, ante una intervención de grandes proporciones de las cuatro divisiones del ejército israelí —una más de las que ocupó Israel para conquistar el Sinaí en la guerra de 1967—, armado hasta los dientes con los más sofisticados pertrechos de guerra.

[Extracto]
Un gobierno en busca de respaldo
    Un «valor agregado»  —para decirlo en los términos con que muchos atropellan el lenguaje— de la visita de Bush para el gobierno salvadoreño tiene que ver con los Acuerdos de Paz. El mandatario estadounidense vendría aquí también para avalar al gobierno salvadoreño, en su posición sobre el estado de cumplimiento de los Acuerdos firmados hace diez años. Eso también supuso júbilo para la derecha, que vio en el supuesto anuncio de Bush una compensación por el desplante de Naciones Unidas. Los matutinos destacaron el supuesto aprecio que el inquilino de la Casa Blanca profesa a Francisco Flores. Se llegó a hablar, incluso, de «química» personal entre ambos mandatarios. Frases de Bush refiriéndose al presidente salvadoreño como «mi amigo», o como «uno de los jóvenes líderes más brillantes», se hicieron frecuentes en los diarios.

[Extracto]
    "No olvides, muchacho, que tus exclusivas de hoy servirán para envolver el pescado de mañana".
WALTER LIPPMAN

    De lo que publicaron los diarios matutinos en los días de la visita del presidente estadounidense George W. Bush, dos ideas fueron las más recurrentes: Bush considera un amigo al presidente salvadoreño Francisco Flores y el libre comercio es la llave del desarrollo local y mundial. En esas dos ideas insistieron no sólo los medios impresos del país, sino también la mayoría de los electrónicos.

    El pasado jueves 4 de abril se recordó el tercer aniversario de la violación y el cruel asesinato de Katya Natalia, la niña de nueve años que con su mirada dulce nos interpela al recordarnos el silencioso drama que afecta a muchas niñas y niños en nuestro país. Su muerte impune cuestiona cada vez más a una sociedad que necesita respuestas, pues, hasta ahora, no se conoce al autor o los autores de esa brutal e intolerable tragedia. Así, son patentes las muestras de indignación por la deficiente actuación institucional, tanto de la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil como del Órgano Judicial, mediante la cual se impidió una investigación a fondo y se negó justicia a las víctimas.

    Quién sabe por qué, casi todo lo ocurrido alrededor del caso Katya asoma como una clara conspiración por hundirlo en el silencio y el olvido, tanto por parte de las estructuras estatales como de la familia paterna de la menor ultrajada y fallecida. Desde aquel fatídico domingo 4 de abril de 1999 a la fecha, todas las hipótesis que se plantearon en torno al mismo se mantienen abiertas sin que se hayan establecido responsabilidades ni aplicado el merecido castigo a quien o quienes corresponda; mucho menos, se ha reparado debidamente el daño a las víctimas de tan reprochable crimen.

    Son abundantes las acciones a realizar y ninguna de ellas ha sido impulsada por las instituciones encargadas de ello. No obstante eso y la sospechosa actitud de un padre que nunca ha movido un dedo para dar con los asesinos de su hija, pese a contar con mejores condiciones que la madre para tal fin, ni el silencio ni el olvido han ganado la batalla como algunos quisieran para cubrir —con un manto de absoluta impunidad— el caso. Para bien de nuestro país y su gente, las verdaderas víctimas no han “tirado la toalla” y éstas sienten que desde la sociedad salvadoreña están siendo acompañadas con generosa y activa solidaridad.

    No falta quien se pregunte cómo es posible que la madre y la hermanita de Katya Natalia hayan tenido que abandonar el país, buscando garantizar su seguridad personal amenazada por querer conocer la verdad y exigir justicia. La respuesta es simple: porque en El Salvador, pese a todo lo ocurrido durante y después de la guerra, hay cosas que no han cambiado. Se sigue protegiendo —desde las estructuras estatales— a ciertos delincuentes cuando tienen poder, grande o pequeño, sin importar quién haya sido su víctima. Por eso, nuestro Macondo guanaco continúa siendo distinto al de García Márquez, donde “el coronel no tiene quien le escriba”; acá sí le escriben en los periódicos, para conminar con prepotencia a las víctimas a que presenten pruebas si quieren obtener justicia —cuando el sistema entero las oculta, altera o destruye— y lanzarles veladas advertencias.

    Por eso alienta y compromete la admirable tenacidad de Hilda María Jiménez y su hija Marcelita, quienes, aun estando lejos, insisten en sus demandas de verdad y justicia para Katya. Y por eso, cada vez más se acentúa nuestra convicción: la convivencia social armónica y en paz en El Salvador no se alcanzó ni se alcanzará por el acuerdo de los que hicieron la guerra, sino con el esfuerzo de las víctimas de la violencia y la impunidad que —cueste lo que cueste— están dispuestas a lograr justicia por los medios racionales; es decir, mediante el funcionamiento de las instituciones.

    Ese esfuerzo se enfrenta a muchas y obvias resistencias, la mayoría de ellas surgidas desde sectores e individuos que no quieren asumir sus responsabilidades y que —en medio del pavor que les produce la posibilidad de estar sentados en el banquillo de los acusados— pretenden mantenerse intocables. No obstante, ese esfuerzo de las víctimas también despierta la sensibilidad dormida o escondida de esa parte buena de la sociedad salvadoreña, que es mayoría, para brindar su acompañamiento fraternal.

    De ahí que se hayan reunido casi trescientas personas, el recién pasado jueves 4 de abril, para realizar un entrañable y cálido acto en recuerdo de Katya y para celebrar el “Día nacional para la erradicación de la violencia sexual ejercida contra las niñas y niños de El Salvador”. No es casualidad que estas dos razones para seguir luchando coincidan en la misma fecha; la segunda es fruto del incansable esfuerzo de Hilda María, madre de Katya, quien con su valiente denuncia ha hecho todo lo posible por evitar que otra niña o niño sea víctima de la barbarie que padeció su hija.

    El ambiente del evento se movió entre la emoción sobrecogedora y la reflexión profunda. ¿Qué impactó más a las personas que asistieron? ¿Las emotivas canciones entonadas por las niñas y los niños del Coro de la Radio UPA? ¿Las palabras de la directora del Colegio Sagrado Corazón? ¿Las intervenciones musicales de Exceso de Equipaje? ¿El mensaje enviado por Hilda María, leído por otra madre de una víctima y también símbolo viviente de la lucha vigente contra la impunidad, como lo es Gloria Giralt de García Prieto? ¿La presencia de Misael y Morena, padres del asesinado cadete Erick Peña Carmona y ejemplos de dignidad, que también continúan luchando?

    La realización de este acto sirvió de marco para la presentación de dos publicaciones. La primera titulada Derechos y políticas de la niñez, bajo la responsabilidad de la Fundación Olof Palme; la segunda: la Colección “Verdad y Justicia”, cuyo primer número dedicó el IDHUCA al caso Katya. El esfuerzo de la Fundación Olof Palme recupera los resultados del Seminario “Te regalo una paz iluminada” y del Taller denominado “Sistema Nacional de niñez: construcción y participación”. La  presentación de ésta fue elaborada por Miguel Ángel Cardoza, Procurador General de la República, quien también inauguró el evento del 4 de abril.

    El texto del funcionario, al principio, dice: “Siempre que hablamos de los derechos de los niños y las niñas, estamos en presencia de uno de los sectores más vulnerados de la sociedad, al que se hace sumamente difícil alzar la voz para protestar por las injusticias, atropellos y vejámenes que recibe, sobre todo de nosotros los adultos, que no dejamos de ejercer nuestros instintos autoritarios sobre ellas y ellos, los más débiles”. No obstante reconocer avances en el país tras la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Procurador afirma que “la situación de marginalidad de niños y niñas persiste, las condiciones de violencia se mantienen y el abuso contra sus derechos se acrecienta, lo que nos indica que hay acciones que deben tomarse”.

    Considerando la dimensión del problema y el resultado de las dos actividades que dieron origen a la publicación de la Fundación Olof Palme, el procurador concluye así: “Conocer lo que cada institución hace —sus programas, sus metas— y compartir las inquietudes  de cada una de ellas al interactuar con los empleados y las empleadas, ha sido posible gracias a la realización de estos dos eventos, lo que además nos comprueba la necesidad y efectividad de promover encuentros similares que nos acerquen tanto a las instituciones públicas como de la sociedad civil, en el entendido que nuestros esfuerzos son complementarios, ya que ni el Estado podrá por sí solo con el encargo, ni las ONG tendrán los recursos suficientes para lograrlo”.

    En cuanto a la Colección que presentó el IDHUCA, se afirma que ésta lleva por nombre “Verdad y justicia”, debido a la gran ausencia de ambas en la sociedad salvadoreña. La realidad actual —para la mayoría de la población— es de injusticia social y legal, de violencia e impunidad. En eso tiene que ver mucho una institucionalidad que no satisface las expectativas de las víctimas de esa realidad ni corresponde al sacrificio de tanta gente que, incluso, hasta dio su vida para que aquélla existiera y funcionara de manera adecuada. Y no hay verdad cuando se miente con descaro para intentar cubrir todo eso y presentar a El Salvador, ante el mundo, como el “modelo” que no es: el de un país donde la gente vive a gusto, con oportunidades y sin impunidad.

    Formarán parte de esta Colección el caso Katya —que ya fue editado y presentado públicamente—, junto a otros que han conmocionado al país, como el de Ramón Mauricio García Prieto, el de Adriano Vilanova, el de William Gaytán y el de Erick Peña Carmona. También se incluirán otros que no han sido difundidos con tanta amplitud, pero que revelan con nitidez lo que en materia de justicia ocurre en nuestro país después de la guerra.

    ¿Por qué esta Colección? Primero porque, a falta de referentes éticos, estos casos son o deberían ser símbolos de una dignidad en la lucha impulsada por  personas que sufrieron algún atropello, pero que —sin importar los obstáculos— no están dispuestas a ser también víctimas de la impunidad. Además, porque pretenden ser herramientas educativas en diversos sentidos: para el conocimiento de los derechos humanos, para la sensibilización de la sociedad y para la acción ciudadana. En tercer lugar, porque son semillas que comienzan a brindar prometedores frutos.

    Por un lado, ya se mencionó el decreto legislativo que establece el 4 de abril como el “Día nacional para la erradicación de la violencia sexual ejercida contra las niñas y niños de El Salvador”. Por el otro, las limpias figuras maternas exigiendo verdad y justicia en los casos García Prieto y Vilanova animaron a Hilda María, quien no fue influida por los que —desde el lado de sus victimarios— inútilmente quisieron ensuciarlas; y la perseverante e íntegra acumulación de estas tres valiosas mujeres alentó a los padres del cadete Peña Carmona; y así se han ido animando y se seguirán sumando en el esfuerzo personas valientes que, desde su tragedia individual, han descubierto los renglones torcidos de la “paz salvadoreña” y están dispuestas a luchar por enderezarlos.

    La de Gloria Giralt de García Prieto fue la última intervención del evento. Teniendo como fondo las imágenes de Katya jugando con su hermanita y agitando la mano en un gesto de despedida, dio lectura al mensaje de Hilda María. Antes, la directora del Colegio Sagrado Corazón —donde estudiaba la niña— pronunció bellas palabras. “Estas niñas y niños aquí presentes” —afirmó la hermana Hilda Rodríguez— “son para nosotros el constante recuerdo de Katy. Ella estaría como ellas, y entre ellas y ellos”. Además, afirmó lo siguiente: “Parece duro tener que hacer un reconocimiento oficial de derechos humanos que son obvios; pero la sociedad se ve obligada a hacerlo, porque en la realidad son ignorados y pisoteados”. Y lanzó una interrogante para ella, para quienes nos encontrábamos presentes en el evento y para toda la población: “¿Qué podemos hacer ante esta situación?”

    La religiosa no terminó sus palabras sin contestar su propia interpelación. “A nivel nacional —señaló con firmeza— respondiendo a la gestión de varias instituciones. Se ha dado un paso declarando éste como el día para la erradicación de la violencia sexual ejercida contra los niños y las niñas de El Salvador. Fue muy importante la lucha legal realizada por la madre de Katy y que la continúa aun desde lejos. Su valiente denuncia y la de otras madres y padres de víctimas, así como la nuestra, puede ayudar a frenar este tipo de violencia. Lamentablemente, nuestro deteriorado sistema de justicia ha sido incapaz de resolver estos casos”.

    La Presidenta de la Secretaría Nacional de la Familia, Lourdes de Flores, anunció que en mayo entregará a la Asamblea Legislativa el proyecto del Código de la Niñez. ¿Será eso suficiente para eliminar los males que afectan a nuestras niñas y niños, si se sigue destinando sólo el 0.5% del Presupuesto Nacional al Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, uno de los entes encargados de que se cumpla lo plasmado en el futuro Código? ¿Tendrán que ser inmoladas otras Katyas, otras Wendys u otras tantas vidas inocentes sin nombre, como continúa ocurriendo, para que las cosas cambien? ¿O vamos a asumir ya, de una vez por todas, el papel que nos corresponde en la construcción del mejor país que debemos entregar a nuestra niñez?

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