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    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.

    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.

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ÍNDICE

EDITORIAL

    El recién nombrado presidente de ARENA, al lanzar la nueva campaña electoral del partido, pidió a sus correligionarios que visitasen comunidades y pueblos para conocer las necesidades de sus habitantes y para combatir la indiferencia hacia las elecciones y la política, en general, que predomina en el ambiente. Pareciera, pues, que uno de los partidos que más afirma que gobierna para el pueblo no conoce aún de primera mano sus necesidades y debe visitarlo para salir de su ignorancia. Un partido que, en efecto, gobernara en beneficio del pueblo conocería esas necesidades y no debe visitarlo para eso. Si esto fuera así y la población comprobara que sus necesidades son atendidas y satisfechas, tendría bastante más interés en las próximas elecciones y en la política.

    En cambio, es casi seguro que ARENA conoce muy bien las necesidades de la gran empresa privada. En parte, por su cercanía con ella. Algunos de los representantes de ese sector forman parte de la dirigencia del partido y están próximos al gobierno. En parte, porque la gran empresa ha establecido la costumbre de sentar cada año al gobierno en pleno para comunicarle sus necesidades y para planificarle las tareas del siguiente año. En parte, porque este sector cuenta con las grandes empresas mediáticas para recordar al gobierno sus demandas y exigirle las políticas del caso. En parte, porque varios de los suyos son parte de las altas esferas gubernamentales y, finalmente, porque posee canales privados para hacer saber al poder ejecutivo sus necesidades y reclamos.

    El resto de la población no tiene a su disposición tantas facilidades para hacerse escuchar. Los partidos políticos, que debieran llenar ese vacío, son tan egoístas, que sólo se ocupan de sus intereses. Es así como la población es obligada a observar, no sin cierto asombro, cómo las decisiones que se adoptan están dirigidas a favorecer a aquel sector. No se puede sostener que las demandas de la gran empresa privada incluyan las de los demás sectores de la población, ni siquiera asumiendo que ellas sean beneficiosas para el país entero. Esa es una vieja patraña que ya no convence. A esto se debe que buena parte de la ciudadanía haya perdido interés en las elecciones y en los resultados de las urnas. A ella le da lo mismo quién sea el gobernante, puesto que cualquiera que sea no significará mayor novedad en su vida cotidiana.

    Es comprensible que un partido que aspira a controlar la Asamblea Legislativa  y la mayor parte de concejos municipales, en las elecciones del año próximo, salga a buscar votos, porque éstos son los que determinan los cargos de elección popular. La composición partidaria de la nueva Asamblea Legislativa dependerá del voto ciudadano, lo mismo que la distribución de los concejos municipales. ARENA sólo podrá tener mayoría de diputados y recuperar los municipios donde se concentra la población urbana si consigue atraer el voto de los que no son militantes, ni afiliados, ni simpatizantes del partido. Estos, sin duda, votarán por ARENA; pero con esos votos no conseguirá lo que tanto desea. Para ello, debe conquistar el voto de la mayoría que se mantiene alejada de él y de los demás partidos.

    El proceso electoral es reconocido como uno de los pilares de la democracia, pero, tal como se desarrolla en El Salvador, es dudosamente democrático. El voto mayoritario es buscado para mantener en el poder a un partido que gobierna exclusivamente para la minoría de la población.

    ARENA debe volverse hacia sus militantes y simpatizantes, entre quienes predomina el descontento por los cambios impuestos en su cúpula. Aquellos no se sienten representados ni identificados con el grupo de grandes empresarios que dirige el partido. ARENA también experimenta serias fracturas internas, que se aglutinan alrededor de unas cuantas familias y de ciertos intereses, e incluso un sector descontento se ha separado para conformar un nuevo partido de derecha. La empresa mediática se ocupa con diligencia de ocultar la realidad interna de ARENA, mientras exagera la del FMLN.

    Contrario a lo que esa prensa asegura, los empresarios no son bien vistos por la población. Para la gran prensa son personas de éxito, porque han triunfado en el mundo empresarial y porque tienen mucho dinero; pero la mayor parte de la población piensa otra cosa muy distinta. A esto hay que agregar que los empresarios que dirigen ARENA no tienen liderazgo, ni dentro ni fuera del partido, ni tampoco poseen carisma. A ARENA, por lo tanto, le conviene renovar la relación con su militancia y con la población, aunque ello le resulta muy difícil, porque sus dirigentes están más dedicados a sus empresas que a la política y porque a éstos no les es fácil entrar en contacto con quienes no pertenecen a su misma clase social.

    De todas maneras, las visitas podrían ayudar al liderazgo de ARENA a ampliar sus relaciones partidarias y a superar la rigidez que lo paraliza, en la actualidad. Como es usual, las visitas anunciadas irán acompañadas de toda clase de promesas. Pero la gente es más sabia que ARENA: acepta lo que le dan, pero observa con escepticismo, y no sin cierta sorna, los movimientos que hacen los partidos para tratarla de convencer a que les dé su voto. Las promesas de campaña tienen eco en aquella población que aún espera algo del gobierno. Pero, en la práctica, es poca la población que todavía tiene expectativas, en cuanto a que éste la va a ayudar a resolver sus problemas más graves. La mayor parte no espera nada, sino emigrar. Convertir la apatía en votos está en relación directa con los resultados y los beneficios que la gestión gubernamental pueda dar a una población con sus necesidades básicas insatisfechas y sin futuro.

    ARENA como partido de gobierno debiera conocer bien esas necesidades, puesto que cuenta con los medios para ello. Así pues, el llamado del presidente de ARENA no tiene mucho sentido, a no ser que considere que, en realidad, el partido no está al servicio de las necesidades de las mayorías, sino que debe acercarse a ellas, como un extraño, para conocerlas. De hecho, a los empresarios les vendría bien acercarse a la realidad del pueblo salvadoreño, aun cuando fuera por el interés de conseguir su voto. Así verían el rostro de las políticas económicas y sociales que han impulsado en la última década.

    El número 11 es ya símbolo de las amenazas que puede llegar a sufrir el Estado de Derecho. Fue un día 11, en septiembre de 1973, cuando cayó el gobierno democrático de Salvador Allende tras el cruento golpe perpetrado por las Fuerzas Armadas chilenas. También un 11 de septiembre, pero del 2001, constatamos que a la acumulación permanente del terror únicamente le sigue el terror a gran escala. Por último, el pasado 11 de abril del 2002 y durante casi tres días, en Venezuela se puso en vilo la tan afamada transición democrática latinoamericana. Ese día, por primera vez en más de diez años, se intentó derrocar a un presidente que había arribado al poder mediante elecciones. Este gravísimo atentado contra la institucionalidad hizo que la región se enfrentara (repentinamente( a la posibilidad cierta de una vuelta a la era “paleopolítica” que pensábamos superada; a las épocas de gran represión, cuando los grupos de gran poder económico echaban mano de la milicia para quitar y poner gobiernos según sus intereses.

    Pero pongámonos en antecedentes. La distribución del ingreso en Venezuela es escandalosamente desigual: el setenta por ciento de la población vive en la pobreza. ¿Cómo es eso posible en un país con tantos recursos? Sencillo: durante cuarenta años, dos grandes partidos políticos –Acción Democrática (AD), social demócrata, el “COPEI”, demócrata cristiano( se repartieron el gobierno y la riqueza nacional, llegando a sumergir a esa sociedad en niveles inauditos de corrupción.

    A eso hay que añadir el “boom” del “oro negro”. Así, Venezuela habría recibido desde 1960 hasta 1998, el equivalente a quince planes Marshall en ingresos de divisas por venta de petróleo. Hay que recordar que con un único Plan Marshall se pudo reconstruir la Europa destruida durante la Segunda Guerra Mundial. En cambio, con los ingresos que recibió el país andino en las dimensiones que se apuntan, en el país andino sólo se consiguió que unos cuantos políticos y empresarios corruptos amasaran algunas de las mayores fortunas del mundo, mientras la mayoría de la población se hundía irremediablemente en la miseria.

    Ese sistema de corrupción acabó por derrumbarse en 1998. Los dos partidos en cuestión fueron barridos y casi desaparecieron. Hugo Chávez resultó triunfador en las elecciones presidenciales, con un programa de transformación social y con el proyecto de hacer de Venezuela un país más justo y menos desigual. Algunos pensaron que (como tantos otros( una vez establecido en el poder, Chávez se olvidaría de sus promesas y todo seguiría como siempre. Pero este coronel de origen muy humilde, admirador de los grandes libertadores latinoamericanos, estaba decidido a no defraudar a sus electores; les quería cumplir con el impulso de un moderado programa de transformaciones sociales.

    De esta forma, en los dos últimos años, Venezuela ha subió cuatro puestos en el Índice de Desarrollo Humano. Es más, en el año 2001, fue uno de los países con mayor crecimiento económico del continente, al alcanzar cerca del 3%. Sin embargo, a medida que las reformas se ponían en práctica, muchos de los que habían sostenido a Chávez comenzaron a abandonarlo.
Así se fue gestando una situación de confrontación; se fue desarrollando una lucha entre clases que desembocó en la huelga general del 9 de abril. Por un lado, Chávez apoyado por la parte mayoritaria del pueblo común; por el otro, una alianza “neoconservadora”: sectores acomodados del país, apoyados por el gran capital y adoptando formas populares de protesta, ocuparon las calles de sus barrios y blandieron cacerolas para hacer alboroto. Estas manifestaciones fueron cubiertas por los medios de comunicación (prensa, radio y televisión( ferozmente hostiles a Chávez y con el respaldo de la “aristocracia obrera” –los trabajadores del petróleo( movilizados por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), considerada como una de las agrupaciones sindicales más corrupto de América Latina.

    En ese clima de tensión, se comenzaron a conocer declaraciones en los medios de militares de alta jerarquía pronunciándose contra el régimen “chavista”. La mencionada huelga se prorrogó por un día más, hasta declararse indefinida el mismo 11, cuando se alzó la “junta golpista”. Entre los conspiradores se encontraban Pedro Carmona, presidente de la federación de gremios empresariales venezolana, y un alto jerarca de la iglesia católica, así como el presidente del COPEI, el vicepresidente de la federación de cámaras de comercio y un representante de la CTV.

    La “junta” (dentro de las dependencias del Poder Ejecutivo Nacional( firmó un Decreto auto nombrándose “gobierno provisional”, asumiendo para ello las facultades legislativas y constituyentes después de haber “suspendido” al Poder Legislativo. También “destituyó” de sus cargos a los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, al Fiscal General de la República, al Defensor del Pueblo y a los Miembros del Consejo Nacional Electoral. Imputaron a órdenes directas del Presidente, el ataque a la manifestación cercana a los alrededores del Palacio de Miraflores y las muertes causadas. Asimismo, justificaron su accionar sosteniendo que Chávez y el Poder Ejecutivo habían “trazado y ejecutado una política exterior contraria a los más altos intereses económicos, políticos y sociales de la nación”.

    Durante las horas que duró el Golpe, se impidió que radios y emisoras de televisión comunitarias retransmitieran cualquier información sobre la situación del país. La provisional “junta” decretó una política de restricción absoluta para las noticias sobre las protestas y las detenciones arbitrarias que se realizaban, tanto en Caracas como en otras ciudades del interior del país. Mientras, la policía metropolitana de la capital reprimía duramente las manifestaciones de sectores de la población que demandaban la restitución del Estado de Derecho. Las cifras de muertos van en aumento, conforme transcurren los días. De las primeras quince víctimas se ha pasado a veinticuatro, pudiendo aumentar esta última cifra. Desde ambos lados se lanzan acusaciones; obtener datos comprobados está resultando muy difícil.

    Resulta relevante el recurso presentado por Israel Álvarez de Armas, Ombudsman nacional, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Éste hubiera activado el Sistema Interamericano para amparar a la sociedad venezolana ante el quiebre del Estado de Derecho y, consecuentemente, obligar a su restauración. Así, por primera vez, se habría puesto en marcha este Sistema a través de un “Defensores del Pueblo”.

    El golpe de Estado tuvo fuerte olor a petróleo (su precio descendió inmediatamente en el mercado internacional( y evidenció la “mano peluda” de los Estados Unidos de América, como se demostró en los días posteriores. Washington, en su voluntad explícita de dominar el mundo después del 11 de septiembre, no podía soportar la recobrada independencia diplomática de Venezuela, su papel en la OPEP –que triplicó los precios del petróleo en 18 meses(, su falta de apoyo al Plan Colombia, sus buenas relaciones con Cuba y su actitud militante contra la globalización neoliberal. Necesitaba, pues, de un gobierno a su medida que pusiera fin a todas esas “extravagancias”; sobre todo, que le asegurara petróleo a buen precio.

    Este método para “salvar la democracia” no se (re)producía en América Latina desde hacía décadas. El retorno a la “agenda oculta” por parte de la administración Bush no es casual, sino una condición necesaria para que este tipo de hechos ocurran cuando sea “necesario”. Hace unos meses, nombró subsecretario de Estado para los Asuntos Americanos –es decir, procónsul de Estados Unidos en América Latina( a Otto Reich, antiguo colaborador del presidente Reagan, experto en organización de sabotajes y atentados, especialista en las artes de la contrarrevolución y conspirador en el affaire “Irán-contras”. Reich fue el arquitecto oculto de la conjura contra Chávez.

    Además, con las declaraciones de la administración Bush –que no pudo ocultar su alegría por el golpe( y de algún “amigo” de éste, junto a la posición de ciertos organismos internacionales –el FMI ofreció de inmediato, a los venezolanos “alzados por la democracia”, sus servicios( se ha acuñado la llamada “diplomacia del Estado de Excepción”. Pero, en el caso venezolano,  esta práctica de reconocimiento inmediato fracasó, entre otras razones, porque el silencio o la manipulación noticiosa, la premeditada confusión y la complicidad no pudieron sostenerse.
Desde este nuestro espacio queremos recordar que las amenazas autoritarias a la democracia (que efectivamente existían en el gobierno de Hugo Chávez( no se resuelven con más autoritarismo, sino con más democracia. Sin regateo alguno, repudiamos la violencia con la que se agredió a quienes se manifestaban pacíficamente en las calles de Caracas el 11 de abril. El gobierno legítimo de Venezuela tiene la obligación constitucional de velar por la defensa y el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos.

    En este sentido, apoyamos expresamente la propuesta de los organismos venezolanos de derechos humanos (asumida por el presidente Chávez( para la realización de una necesaria “investigación imparcial y ajustada a derecho, que determine las responsabilidades de los hechos ilícitos acaecidos desde el día 11 de abril, a fin de que sus autores materiales e intelectuales sean sancionados y se evite así la impunidad de esos delitos y violaciones a los derechos humanos” Asimismo, apoyamos que se realice “por parte de una Comisión Social de la Verdad, una investigación autónoma de esos sucesos, que presente testimonios, pruebas y resultados analíticos tanto a la sociedad como a los Poderes Públicos. Esta Comisión de la Verdad (…) no puede reemplazar en ningún caso el derecho a la justicia”

    En lo que concierne a nuestro país, cabe decir que las declaraciones de Francisco Flores (su famoso “voto de confianza” para la junta golpista( demuestran su ineptitud en el manejo de la política exterior. Olvidó que el año pasado firmó la Carta Democrática Interamericana; ésta, en el Artículo 19, establece la condena a “la ruptura del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático” de cualquier Estado que la haya suscrito. Flores (pretendido líder en la defensa de las “libertades económicas y democráticas”( no pudo hacerle mejor favor a sus detractores, al intentar querer agradar a quien meteóricamente lo ha “encumbrado”. Peor aún resulta el que, después, no haya querido reconocer su error cuando hasta el fugaz “presidente” Carmona manifestó estar dispuesto a ofrecer disculpas.

    Finalmente, nada se ha dicho de toda esa población que salió a las calles en defensa de la democracia y de su presidente: Nadie quiere reconocer que el plan de los golpistas se frustró por ello. El escándalo se atajó no por la vergüenza de la intervención, sino por la lucha de la población que salió de sus casas a manifestarse frente a las puertas del cuartel militar donde se encontraba preso Chávez, para exigir el respeto a sus derechos y la restitución del Estado de Derecho.
 
 
 

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