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    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.

    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.

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ÍNDICE

EDITORIAL

    En los últimos días de abril, la alcaldía municipal de San Salvador dio a conocer una nueva ordenanza municipal que lleva por título “Ordenanza para la transparencia en la gestión municipal y la participación ciudadana del Municipio de San Salvador”, cuya finalidad expresa es “promover, establecer y regular los mecanismos que permitan la organización y el ejercicio de la participación ciudadana y la transparencia en la gestión de la alcaldía de San Salvador, en el entendido de que éstos son los componentes fundamentales del desarrollo local”. Como se puede colegir por el texto citado, la ordenanza apunta a dos temas de primera importancia para la democratización, no sólo de los gobiernos locales, sino —en general— para el conjunto de la vida social: la transparencia en la gestión de los recursos y la participación ciudadana en los asuntos públicos. De más está decir que ambos aspectos están estrechamente entrelazados, puesto que una participación ciudadana efectiva y madura —en este caso al nivel local— sólo puede serlo si está sostenida por mecanismos de información cuya transparencia no deje lugar a dudas. La administración edilicia de San Salvador se ha hecho cargo de ese doble desafío, del cual la nueva ordenanza es una expresión concreta.

    La estructura de la ordenanza, en efecto, es un reflejo del propósito de fondo que la anima: contribuir a la construcción de una ciudadanía entre los salvadoreños que habitan la capital, lo cual implica facilitar los procesos de participación ciudadana de un modo activo, consciente y crítico, no sólo al nivel personal, sino también dentro de las organizaciones y entidades en las que aquellos estén integrados. ¿En dónde se espera que deba ejercerse esa participación? ¿Lo será en el proceso de toma de decisiones y ejecución de acciones de desarrollo que realiza la administración municipal?

    Como puede verse, se trata de una nueva forma de entender la gestión municipal en El Salvador. Y es que, ésta, tradicionalmente se ha entendido como un ejercicio centralizado del poder político local, en el cual los ciudadanos son relegados a meros receptores pasivos de las decisiones que emanan —para bien o para mal— de quien gobierna el municipio. Ni que decir tiene que esta forma tradicional de gobierno municipal está más a tono con una concepción autoritaria del poder que con una concepción democrática; más aún, no es casual que la misma se haya incubado bajo los regímenes militares que dominaron la vida nacional durante casi todo el siglo XX.

    Bajo esta óptica, la iniciativa de la administración edilicia capitalina constituye una  innovación en la forma de concebir el ejercicio del poder municipal: en la apuesta del gobierno municipal, el mismo debe integrar como parte activa y crítica a unos ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, pero también claramente informados del modo cómo la alcaldía maneja los recursos humanos, financieros y materiales bajo su responsabilidad.

    A todas luces —y al examinar en detalle la ordenanza— es indiscutible que la Alcaldía de San Salvador se está poniendo una enorme carga al hombro. Nuevas responsabilidades se suman a las ya existentes, y esta vez vinculadas a la promoción de la organización y la participación ciudadanas, y a la rendición de cuentas, lo cual no es un trabajo fácil de realizar. En estos apartados, las energías que habrán de invertirse para llegar a buen puerto, sin duda, serán muchas. Y la pregunta que queda en pie es si se tienen esas energías —que no la voluntad— para llevar adelante lo proyectado o lo más probable es que las cosas se queden a medio camino, como suele suceder con tantos propósitos loables, pero faltos de realismo.

    Una de las caras del proyecto, pues, ve hacia los recursos y fuerzas con las que cuenta la Alcaldía para salir adelante con los nuevos retos que se le vienen encima. La otra cara ve hacia los ciudadanos. Y es que —atención con esto— el tipo de ciudadano que se quiere perfilar con la nueva ordenanza es un ciudadano maduro y consciente de sus derechos y deberes, pero también —por ello— dispuesto a asumir responsabilidades comunitarias. Las tendencias culturales predominantes en El Salvador —es decir, los estilos de vida, las prácticas cotidianas y las actitudes públicas— indican que ese ciudadano tiene que ser creado, pues, por el momento, pareciera no existir públicamente.

    Obviamente, en este último punto se tiene que estar atento a las excepciones, es decir, a la existencia de individuos y grupos que sí estarían dispuestos a asumir, a partir de su madurez ciudadana, un compromiso en algún tipo de gestión de los recursos públicos. Pero las excepciones son, en este caso, la confirmación de una preocupante regla: la de privatización de las prácticas sociales y el abandono del espacio público por sectores significativos de la población.

    Sin duda, ir a contracorriente de estas dinámicas culturales y sociales no es nada fácil. Más difícil es revertirlas y traducirlas en su opuesto, esto es, en una irrupción ciudadana organizada en los asuntos públicos. Ello, no obstante, no quiere decir que no se tenga que (o no se pueda) hacer algo. Pero ese “algo” que se puede hacer debe ser bien medido y situado en el contexto más amplio de las dinámicas culturales, sociales y económicas que mueven al país y que no son ajenas a los grande cambios en el mundo propiciados por la globalización. No tomar en cuenta estas dinámicas puede llevar a que las tareas de promoción de la organización y participación sociales se conviertan en un callejón sin salida o, lo que es peor, en un agujero negro que consuma las mayores energías y recursos, sin que se obtengan los frutos esperados.

    Con todo, como de lo que se trata es de empezar a caminar en orden a vencer el aletargamiento social, la Alcaldía de San Salvador ha dado un primer paso en esa dirección. Lo peor que se puede hacer es poner obstáculos a la construcción del sueño que se pretende realizar con la ordenanza sobre la transparencia y la  participación ciudadana en San Salvador. Sin duda, quienes impulsan la puesta en práctica de la ordenanza saben bien los problemas que les esperan. Ojalá sepan leer, de entre las diversas objeciones y críticas que se harán a su planteamiento, aquellas que, motivadas por el mismo propósito de avanzar en la democratización del país, pretenden ayudarles a afinar su propuesta con el objeto de hacerla más efectiva.
 

    La sociedad salvadoreña se prepara para otra justa electoral. Para el mes de mayo del año que viene entrarán en función los diputados y alcaldes que saldrán electos en las próximas elecciones. Los partidos políticos se preparan en consecuencia. Y en sus “cuarteles generales” el ambiente preelectoral se respira ya por adelantado. Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) es el partido que más se ha adelantado. Francisco Bertrand Galindo, al parecer el nuevo hombre fuerte del partido, insta las bases a iniciar la “guerra  contra el FMLN”, tal como lo revela La Prensa Gráfica del lunes 29 de abril. Mientras no se conozcan los programas electorales para analizar con detenimiento las propuestas electorales y municipales de los partidos en contienda, es conveniente hacer un recuento de lo que prometieron en la campaña pasada y determinar hasta qué punto cumplieron con lo prometido. En concreto, en las líneas que siguen se va a examinar el “Programa Electoral 2000-2003” de ARENA, sus propuestas y sus realizacio-nes efectivas a un año de las próximas elecciones.
 

    Según las últimas valoraciones guberna-mentales, el año 2002 traería consigo una relativa mejoría de importantes indicadores económicos. Según el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Rafael Barraza, para este año se espera una tasa de crecimiento del 3% y una tasa de inflación de 2.5%. Por su parte, el Ministerio de Hacienda afirmó que, durante los primeros tres meses del año, el déficit fiscal habría caído a sólo un 0.6% del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra considerablemente menor al 3.6% obtenido durante el pasado año.

[Exracto]

    Los signatarios del informe sobre el progreso educativo en América Latina en 2001, Quedándonos atrás —presentado reciente-mente en El Salvador— traen a la memoria las graves dificultades que, desde 1996 (año en que se realizó el primer informe), abren una brecha en la cantidad, calidad y equidad de la educación en el subcontinente: (1) la falta de estándares establecidos con respecto al aprendizaje de los alumnos y la falta de evaluación del rendimiento, (2) la ausencia de autoridad y responsabilidad por los resultados en el ámbito de las escuelas, (3) la mala calidad de la enseñanza y (4) inversión insuficiente en la enseñanza básica y secundaria. Seguidamente, haciendo una evaluación del progreso educativo hasta la fecha, señalan que la región, en el escenario mundial, ha estado quedando a la zaga en materia educativa.

    El periodista español Ignacio Ramonet dice que ya se ha hecho característico ver en los medios de comunicación cómo la “sobreinformación entraña una desinfor-mación”. Una de sus tesis es que “la ava-lancha de noticias —con frecuencia hueras—retransmitidas ‘en tiempo real’ histeriza al espectador y le dan la ilusión de que se informa”. Según Ramonet, en cada “tempestad mediática”, se demuestra que “el modelo CNN” es un engaño, ya que “el hecho de hallarse sobre el terreno no basta para saber de un acontecimiento”.

    Recientemente, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH-ONU) aprobó una resolución sobre Cuba. Al acercarse la época en que se reúne este organismo, quienes se mueven dentro de estos espacios o están relacionados con el tema esperan —año con año— la polémica al respecto. De antemano se esperaba que la Casa Blanca ubicara un gobierno afín, para introducir su posición de condena al régimen de Fidel Castro. Pero este año, las cosas cambiaron. En un hecho sin precedentes, la iniciativa fue presentada por un gobierno latinoamericano y fue copatrocinada por otros de la región, incluido, entre ellos, el salvadoreño. Además, esta vez resultó aprobada la propuesta. Sin duda, esta situación nos exige reflexionar al respecto sobre lo que ocurre en la “perla de las Antillas”; pero también nos obliga a insistir en el examen de lo que pasa en el “Pulgarcito de América”.

    Lo primero es lo primero: ¿qué dice la resolución? La CDH-ONU insta al Gobierno cubano a que adopte todas las medidas necesarias para que tenga lugar —lo antes posible— la visita de un representante de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Mary Robinson. Eso es algo que, de entrada, fue rotundamente rechazado por el gobierno de la isla. Además, recomienda realizar esfuerzos por respetar los derechos civiles y políticos, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los principios y normas propios de un Estado de Derecho. Asimismo, anima a Cuba —aún reconociendo lo avanzado de sus políticas en materia social— a suscribir y ser parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

    La mentada resolución fue aprobada con veintitrés votos a favor, veintiuno en contra y nueve abstenciones. La presentó Uruguay y fue respaldada por Argentina, Canadá, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Perú. Es ésta la primera ocasión que un país latinoamericano introduce en el organismo una propuesta de resolución sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. De un buen tiempo a la fecha, las autoridades de la isla caribeña habían mantenido “buenas” relaciones con la mayoría de países en el continente; pero lo que durante alguna época pareció ser un apacible clima político, ahora se está transformando en algo cada vez más tenso dentro del mundo de la diplomacia. Así las cosas, el cerco tendido alrededor del gobierno de La Habana se va cerrando poco a poco, adquiriendo niveles nunca vistos al encontrarse —en palabras del mismo Castro— el “enemigo dentro de casa”.

    Para que la representación de la señora Robinson pueda arribar a Cuba y logre desarrollar su labor, es necesario que las autoridades de la isla acepten la resolución. Al observar la reacción oficial, resulta evidente que no se llevará a cabo ese examen en el terreno. Una vez más —porque no es el primer intento que se hace al respecto— Castro ha decidido no colaborar con la CDH-ONU, en este punto.

    Bien es cierto que el cumplimiento en materia de derechos sociales y culturales —sobre todo en las áreas de salud y educación— han convertido a Cuba en una de las naciones más avanzadas del mundo. Para situarnos bien y de manera clara, la democracia social está más que lograda en la isla. El gran reto al que se enfrentan sus gobernantes es el de conseguir que esos logros colectivos se encuentren acompañados de las necesarias transformaciones en términos de derechos individuales y libertades públicas.

    Durante mucho tiempo  se ha sostenido oficialmente desde La Habana que su sistema electoral y la participación ciudadana son superiores, si se comparan con lo que predomina en otros países del continente. No nos corresponde validar o no ese alegato, porque no tenemos los insumos para ello. Sí podemos opinar sobre lo que ha ocurrido antes, durante y después de la guerra en El Salvador, porque lo conocemos y sabemos que en ese tema hay mucha tela que cortar en cuento al manejo de la información; es esa experiencia la que nos mueve a desconfiar y a opinar críticamente. Por ello, pensamos que abrirle la puerta a las Naciones Unidas sería un paso decidido y efectivo para beneficio del pueblo cubano: o se corrobora lo que afirman las autoridades cubanas y se desmiente a quienes dicen lo contrario; o se establecen las fallas y las insuficiencias, para que se emitan las recomendaciones que indiquen lo que se necesita mejorar.

    Se trata de un gran reto para quienes forman parte del llamado “régimen castrista”, pero también para las generaciones posteriores. Y, desde nuestra perspectiva, habría que asumirlo poniendo atención y teniendo cuidado en dos aspectos fundamentales. El primero tiene que ver con la idoneidad de quienes pudiesen integrar, en determinado momento, el contingente de especialistas internacionales que examinaría la situación cubana. Sabemos que la señora Robinson no se prestaría nunca al engaño y la trampa; sin embargo, no podemos asegurar lo mismo de todos sus funcionarios. Por la experiencia de nuestro país con la Misión de Observadores conocida como ONUSAL y por lo que sabemos de otros casos, no faltamos a la verdad si sostenemos que —dentro de ese sistema— se cometen errores graves al momento de seleccionar el equipo humano encargado de realizar operaciones tan delicadas como la que nos ocupa. Por tanto, es importante garantizar la calidad de los observadores a partir de su conocimiento técnico de los derechos humanos y el compromiso personal con éstos.

    El otro aspecto tiene que ver con los logros de la revolución cubana en materia social y cultural, reconocidos universalmente. Atentar contra eso sería contraproducente para ese pueblo. Lo alcanzado hasta la fecha debe ser el piso sobre el cual se construya una mejor forma de convivencia. Surge entonces la disyuntiva: ¿se trata de instalar un “sistema democrático” como el de otros países como el nuestro, para que muchos partidos sin legitimidad se disputen el poder político mediante la manipulación del electorado y —una vez apoderados del mismo— desnaturalicen las instituciones para responder sólo a determinados intereses de grupo? ¿O se trata de lograr la participación de una población informada, consciente, crítica y en capacidad de decidir, entre varias opciones, por el proyecto político que le garantice mantener sus conquistas y avanzar hacia formas superiores de convivencia?

    Inclinarse por lo primero, es demasiado peligroso; es apostarle a una bomba de tiempo social que tarde o temprano, como lo confirma la historia latinoamericana, revienta. Apuntarle a lo segundo, significa jugar en serio a la democracia: tanto a la formal como a la real, tanto a la política como a la social. No se trata de decidirse por una, sacrificando la otra. Se trata de que ambas vayan de la mano y se conviertan en el soporte de una sociedad justa, respetuosa de los derechos humanos sin distinción.

    Aparte de la esperada reacción cubana a la resolución de la CIDH-ONU, otras no se hicieron esperar.  El Salvador, luego de su especial “interés” por la aprobación de la misma, expresó —en boca de su representante en Ginebra, refiriéndose a los cubanos— que “en esta oportunidad les ha dolido mucho más porque ha sido un proyecto y una iniciativa latinoamericana”. Era de esperarse, conocida la posición del declarado “amigo” de Bush y enemigo de Castro. Otro de los países americanos que apoyó el texto fue México. Esto sí sorprendió, pues su posición anterior —durante once años— había sido totalmente distinta. Al respecto, La Habana consideró que “los países que allí se prestaron a esta patraña norteamericana son los mismos que en estos días se hicieron los de la vista gorda y no tuvieron el valor de condenar el golpe de Estado en Venezuela.”

    Pero la polémica casi sólo se ha enfocado en Cuba. Y no se ha dicho que —entre otros asuntos— la CIDH-ONU rechazó una resolución de la Unión Europea en la que se condenaba a Rusia por presuntas ejecuciones, torturas y otras violaciones de los derechos humanos en Chechenia. También se postergaron las discusiones sobre los textos en torno a presuntas violaciones de derechos humanos en Irán y Afganistán. En el caso del gobierno salvadoreño, se le debería exigir igual vehemencia —tanto allá en Ginebra como en nuestro país— para reprobar los continuos ataques contra la población palestina; para, al menos, parecer coherente, la administración de Francisco Flores debería apoyar de forma incondicional y vigorosa la resolución de condena de la CIDH-ONU por la masacre en el campo de refugiados de Jenin.

    Sin apartarnos de la esfera internacional, también debemos acercarnos a nuestra realidad y preguntarnos si lo que acá se está viviendo es una verdadera democracia. Como en el caso cubano, son miles de personas las que abandonan el territorio nacional para buscar —en el mismo país del norte— mejores horizontes para su realización individual y familiar, sin importar los riesgos. ¿Y qué decir de quienes, en el Salvador, se oponen con todas sus fuerzas a la impunidad que permanece intacta? Hilda María Jiménez y su hija Gina Marcela tu-vieron que dejar el territorio nacional, porque se empeñaron en buscar justicia tras el asesinato de la pequeña Katya Natalia. Por eso la familia García Prieto —cerca ya de cumplirse el octavo aniversario del asesinato de su hijo Ramón Mauricio— continúa sufriendo amenazas y hostiga-mientos. Y así hay periodistas, policías y fiscales —entre otros— que se encuentran fuera, “culpables” de haber querido hacer bien su trabajo.

    No hace falta mucho esfuerzo para reconocer que, en muchos aspectos, los  niveles de desarrollo humano de la mayoría de la población salvadoreña se encuentran a “años luz” de la cubana, ni que la participación social acá se encuentra más que limitada. Entre tantas frases “célebres” del “amigo” de Bush, basta recordar la que soltó cuando alguien pidió participar en las discusiones sobre los tratados de libre comercio. “Muchos cocineros —dijo— pueden arruinar la sopa”. Habría que recordarle de nuevo la Carta Democrática Interamericana —que más de un quebradero de cabeza le ha dado últimamente— no ya por el controvertido artículo 19, sino por lo que señala en su artículo 6 sobre la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo, al establecer que “es un derecho y una responsabilidad”. Es, además, “condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia”. “Promover y fomentar diversas formas de participación —señala la Carta que Flores firmó pero, quizás, no leyó— fortalece la democracia”

    ¿Y qué decir de los caprichosos y repetidos cambios de estatutos para el funcionamiento de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa? Eso es más que un atentado institucional. ¿O sobre el intento por integrar la comisión que juzgará las conductas deshonestas de sus miembros —requisito básico para aplicar el Código de Ética parlamentaria— con diputados de la propia Asamblea? El actual régimen salvadoreño se ufana de estar “al servicio del pueblo”, pero en realidad trabaja para un reducido grupo de poder económico que ahonda las diferencias sociales y que además obstruye las vías de expresión democráticas posibles. Por eso, todavía no pasa el examen en materia de derechos humanos y menos tiene solvencia para colocarse como ejemplo frente a otras realidades.
 
 
 
 
 

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