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    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.

    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.

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ÍNDICE

EDITORIAL

 La dirección de El Diario de Hoy se siente amenazada por una conspiración que, según sus suposiciones, tendría varios frentes. Las pruebas de su existencia serían un anteproyecto de ley del FMLN para amordazar la prensa y coartar la libertad de expresión, la justificación que ese partido y el obispo auxiliar de San Salvador habrían hecho del cierre de los medios venezolanos poco antes del golpe de Estado y la presunta difamación en contra del matutino, llevada a cabo por parte de docentes de la Universidad de El Salvador y de la UCA. Los conspiradores se valdrían, según este curioso periódico, de tergiversaciones, calumnias y falsedades, “para cuestionar su labor y preparar futuras embestidas”. El punto culminante de esta conspiración habría sido el ataque a los periodistas de la Telecorporación Salvadoreña, el 1° de mayo pasado. Esta agresión, según la dirección del periódico, sería “la culminación de una insidiosa campaña contra los periodistas y los medios de comunicación del país”.

    Es evidente que a la dirección de El Diario de Hoy le molesta mucho la crítica pública. Al crítico de todos y de todo no le gusta que lo critiquen. De la UCA, le molesta el análisis que hace de manera sistemática de su desempeño periodístico, porque no sale bien parada. Una de las cosas que, por lo visto, más le disgusta es que se hagan comparaciones con su competencia y con la de sus amigos. Por eso se queja con amargura de que “se exalta a un par de medios en manos de comunistas como ‘los únicos que hacen verdadero periodismo’”. El problema no es la ideología, sino la objetividad y la verdad en la información y en las opiniones. Ambas virtudes le fallan de manera notable a El Diario de Hoy.

    Para muestra un botón. En la misma edición del 2 de mayo en la que denuncia esta conspiración, dedica una página a la presunta distribución de pornografía infantil, en un principio atribuida a la UCA. En la nota periodística, en la cual reproduce la opinión de la Fiscalía General de la República, que sostiene que la UCA está libre de toda responsabilidad, atribuye el delito a una “empresa de telefonía”, a la cual no se atreve a identificar, ya sea por mera ignorancia, lo cual no está justificado en un periódico que se considera muy acucioso, o por interés, puesto que se trata de la transnacional TELECOM.

    Es más, el periodista exonera a la empresa de toda responsabilidad, cosa que no se hizo con la UCA, en su momento, y, en cambio, acusa a un empleado, cuyo paradero, además, es desconocido. La dirección de este medio es leal al capital que lo financia y le cubre las espaldas a costa de la verdad. Pero ni siquiera la información sobre la comisión del presunto delito es veraz. El periodista todavía no sabe explicar cómo funcionan las direcciones IP en el país.

    El Diario de Hoy no dice la verdad, ni es objetivo, ni informa, cuando afirma en un subtítulo, publicado pocos días antes, que los datos en los cuales la policía fundamenta sus teorías sobre el origen genético de la violencia en El Salvador fueron tomados de estudios realizados por la “Universidad José Simeón Cañas”. Es cierto que la UCA es una de las instituciones que más ha estudiado el fenómeno de la violencia, pero es absolutamente falso que en alguno de ellos se afirme la teoría genética que suscribe la policía. Al no dar mayor explicación en el cuerpo de la nota y al no indicar que esa afirmación proviene de la misma policía, este periódico, muy pagado de su veracidad, no es veraz, y muestra la mala intención de atribuir a la UCA una afirmación absurda. Bien ha explicado ésta el fenómeno de la violencia en publicaciones diversas, en varias conferencias y foros, a los cuales ese periódico nunca ha prestado la más mínima atención. Ahora que las tonterías de la policía se prestan para la ocasión, el diario de marras atribuye a la UCA algo que es completamente falso. Ni siquiera se ha molestado en escribir correctamente el nombre de la Universidad.

    Curándose en salud, la dirección del periódico recuerda, en la nota del 2 de mayo, la existencia de “una enorme cantidad de medios de expresión que informan, discuten, critican y orientan”, y que, por lo tanto, nadie estaría excluido, pues todos tienen cabida “en algunos, o la mayoría de ellos”. Por consiguiente, nadie puede acusarla de que en sus páginas sólo se refleja determinada tendencia. A la dirección del periódico únicamente le faltó agregar que los descontentos con su forma de hacer periodismo tienen libertad para fundar su propio medio, y así informar lo que les parezca. Lo que no dice es que ya se encargan ella y sus amigos de impedir que los medios alternativos prosperen, bien sea manipulando la ley o bloqueando la propaganda comercial, aun cuando aquéllos tengan una audiencia importante, lo cual es más eficaz todavía.

    La dirección de este periódico no parece haber cambiado mucho en los últimos años. Todavía vive en medio de conspiraciones y ataques comunistas. Para ella, las críticas a su desempeño profesional sólo pueden provenir de comunistas. No se le ocurre que se la puede criticar con más razón y fuerza desde la disciplina del periodismo. Quienes hacen un periodismo más moderno, y quienes informan más y con mayor veracidad que ella, sólo pueden ser comunistas. Aquellos que no se atienen a la línea establecida por ella y los otros grandes medios no pueden sino ser comunistas. A El Diario de Hoy no sólo le fallan la objetividad y la verdad, sino que, como siempre, está fuera de lugar. Es peligroso calificar de comunistas a quienes piensan de manera diferente o a quienes hacen mejor periodismo. Esta actitud lo único que revela es impotencia y envidia.

    El pueblo salvadoreño no es víctima de ninguna conspiración comunista, sino de la voracidad del capital, que la dirección de El Diario de Hoy defiende a capa y espada. Habiéndose convertido en supremo árbitro de la sociedad y del gobierno, no tolera la diferencia de opinión, ni la crítica. Teme la pérdida de credibilidad, porque eso significa menos circulación, lo cual pondría en peligro su sustancioso negocio. Pero más la atemoriza que su inmenso poder sea cada vez menos temido y haya cada vez más voces que se levanten para señalar sus errores y protestar por sus desaciertos. Si fuera más objetiva, más veraz y más amante del pueblo y no del dinero, sería más querida y no sería atacada, ni criticada. La conspiración es una fabricación propia para esconder las propias deficiencias en el desempeño de la profesión periodística.
 

 En los tiempos que corren, caracteriza-dos como la “Era de la información”, los medios de comunicación desempeñan un papel de primer orden en la marcha de la sociedad. No sólo constituyen la fuente privilegiada para enterarse de lo que acontece en el mundo, sino también con-dicionan, en buena medida, la percepción de los ciudadanos sobre la vida social en general y, especialmente, del desempeño político. De ahí la gran cuota de poder que detentan. Y, dada esa relevancia, se convier-ten en un aliado nada despreciable para cualquier proyecto político que se quiera impulsar.
 

[Extracto]
 El comienzo de la época lluviosa ha sido, desde tiempos ancestrales, motivo de alegría para los agricultores y la población en general, no solamente porque marca el inicio del ciclo agrícola, sino también la entrada del invierno y el fin de un verano cada vez más caluroso. Paulatinamente, esta alegría se ha venido convirtiendo en preocupación para quienes viven bajo la amenaza de inundaciones y derrumbes, como para los agricultores, que se ven cada vez más afectados por las sequías y las pérdidas de producción que éstas generan.

[Exracto]
 II. Las reformas son insuficientes
    El informe Quedándonos atrás señala que la educación en América Latina continúa en crisis, pese al reconocimiento de los gobiernos del área sobre la necesidad de reformar los sistemas educativos y de enseñanza para superar las deficiencias de cobertura, calidad y equidad. Seguidamente, se procede a la evaluación detallada.
 

    El virtual arresto domiciliario que padeció Arafat prueba cómo están las cosas para la Autoridad Nacional Palestina. Instituciona-lizada como resultado de los Acuerdos de Oslo, firmados entre Israel y Palestina en 1993, la autoridad de la entidad rectora de los territorios palestinos es puramente nominal. Supuestamente, una autoridad debe gobernar sobre los territorios bajo su jurisdicción. Es lo menos que hace la ANP. El gobierno israelí pasa por encima de la autoridad de ésta cuantas veces se le antoja. No hace nada cuando los colonos de su país se toman tierras palestinas, pero reacciona con ira ante la violencia de la nación árabe. No se trata de justificar en absoluto los actos terroristas cometidos por palestinos contra civiles israelíes. Lo que se está diciendo es que Israel no actúa hacia quienes irrespetan la integridad territorial de Palestina con la misma severidad que lo hace cuando las víctimas pertenecen a su país.
 

    El pasado 3 de mayo se celebró el XX aniversario de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, organización que, durante todos estos años, ha sido digna represen-tante en la defensa y protección de los derechos humanos y que ha jugado un papel destacado y relevante en nuestro país. Celebración ésta, que nos permitió recuperar la dilatada experiencia acumulada por esta organización, custodia de la memoria histórica en el largo y muy duro camino recorrido por todas las y los salvadoreños.

    El evento se realizó en un lugar tan simbólico como es la Catedral Metropolitana y constó de dos actos. En la mañana, una eucaristía en la que se dio gracias por el trabajo realizado durante estos veinte años de servicio a la Iglesia y al pueblo salvadoreño. Y por la tarde, en la Cripta de Catedral, tuvieron lugar tres conferencias y un merecido homenaje a Monseñor Ricardo Urioste.

    De esta forma, nos centraremos en los actos de la tarde. Así —en la primera ponencia— Su Eminencia Monseñor Óscar Andrés Cardenal Rodríguez —Arzobispo de Tegucigalpa— que dio por nombre a su intervención Los derechos humanos y el magisterio de la Iglesia, partió en su presentación de los hechos trágicos ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial; época que dejó como resultado la creación de la Organización de las Naciones Unidas y la formulación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, instrumento en el que se recogen principios y derechos que buscan alentar a la humanidad en la construcción de un camino pacífico para todos.

    Además, trajo a colación Su Eminencia la Doctrina Social de la Iglesia, señalando que “todos los derechos humanos tienen como objetivo establecer las condiciones necesarias para la paz”. Afirmó segui-damente que “la paz va unida a la justicia y mientras existan injusticias en cualquier campo, que afecten a la dignidad de la persona humana, ésta no será posible”. A este respecto, indicó que “la paz interna-cional exige una organización económica justa, de ámbito también internacional”.

    Precisó también que la Iglesia sabe que la denuncia profética de las injusticias es una labor importante, pero que ésta no lo constituye todo, ya que “la denuncia debe servir para despertar las conciencias y hacer comprender la urgencia de los cambios estructurales en las relaciones nacionales e internacionales, que favorezcan en la creación de condiciones dignas para las personas y los pueblos” dijo.

    Terminó su exposición  abordando dos de los principales desafíos que —según Monseñor Cardenal Rodríguez— la humani-dad entera afronta en este momento, el primero de ellos: el derecho de los pueblos a salir de la miseria; y el segundo, el de los seres humanos sin vivienda, situación relacionada con el derecho de todo ser humano a un nivel de vida suficiente. En el primero de los desafíos, hizo una clara ex-posición de las actuales relaciones eco-nómicas y de poder entre naciones desarro-lladas y subdesarrolladas, planteando frente a éstas la creación de una nueva solidaridad: “la solidaridad entre todos y la solidaridad de los pobres entre sí”.

    Seguidamente, dio inicio la conferencia a cargo del Dr. Roberto Cuéllar, Director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, quién habló sobre los nuevos escenarios que existen en la actualidad para el movimiento de los derechos humanos y sobre los retos y desafíos que se presentan en éste ámbito. Así, Cuéllar dibujó el nuevo escenario que vive Centroamérica y planteó un conjunto de retos que deberán afrontar las organizaciones de derechos humanos. Entre ellos, la “reencarnación de la demo-cracia actual, la reencarnación de las or-ganizaciones civiles en las necesidades de las mayorías y la reconfiguración de sus métodos de trabajo, ya que al penetrar en el espacio público, cultivaron la actitud defensiva, una cultura de oposición”. “Ahora” —indicó— “hay que moverse con eficacia y utilidad en el espacio que el Estado de Derecho teóricamente da”. Y señaló que si bien las viejas rutinas están entrando en inoperancia, lo que deben mantener las organizaciones civiles es “el conjunto de prin-cipios éticos que las hicieron legítimas”.

    Ya terminando su intervención, nos hizo ver que de lo anterior se derivan —también para las organizaciones de derechos hu-manos— al menos tres responsabilidades. En primer lugar, “transparencia de los grupos civiles para enfrentar y atender los progra-mas de derechos humanos, pero tam-bién descubrir las necesidades, encubiertas o fingidas”. En segundo lugar, “un compro-miso duradero y permanente con la demo-cracia, la cual se construye a través del ejercicio de los derechos humanos”. Y en tercer lugar, “la rendición de cuentas frente a los bene-ficiarios directos de la ayuda”.

    A continuación, en la tercera ponencia, la Licenciada María Julia Hernández, Direc-tora de Tutela Legal del Arzobispado, dio inicio a su conferencia, que llevó por nombre Síntesis histórica del trabajo de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador. María Julia inició con palabras de recuerdo hacia Monseñor Arturo Rivera Damas, “quien, continuando la labor de su antecesor en el Arzobispado, Óscar Arnulfo Romero —defensor de los derechos huma-nos hasta el martirio— fundó Tutela Legal del Arzobispado, desarrollando a través de ella una pastoral que abarcaba tres aspectos: el auxilio a las víctimas del conflicto armado; la humanización del conflicto mediante la protección y promoción de los derechos humanos, haciendo énfasis en la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, durante esta guerra civil; y el fin del conflicto mediante el diálogo y la negociación”.

    “En este marco” —recordó— “Monseñor Rivera fundó nuestra oficina, orientada a la promoción y protección de los derechos humanos”. Y a continuación, la Licenciada Hernández recorrió el camino seguido por la organización, distinguiendo al menos tres períodos: el primero, el período de la guerra (1982-enero de 1992); el segundo, el período de la postguerra (febrero 1992-1995); y el tercero, el período de trabajo actual (de 1996 al presente).

    La exposición de la Licenciada Hernán-dez representó un rico recuento de los di-feren-tes mecanismos utilizados o creados por la Iglesia Católica —a través de la Oficina de Tutela Legal— para defender la vida y la dignidad de las personas. Al respecto, recor-dó cómo desde Tutela Legal se insistió en utilizar los mecanismos que la ley otorgaba en un contexto de guerra, donde el sistema judicial no funcionaba. “Ante esto” —ex-plicó— “no nos quedaba más que insistir con los recursos jurídicos ante las diversas instan-cias: juzgados mili-tares, ante la Corte Suprema de Justicia, etc.”. De esta forma, las acciones jurídicas iban conformando el archivo de la víctima y la constatación escrita de tantas personas desaparecidas, tortura-das o ejecutadas sumariamente; y, al mismo tiempo, eviden-ciaban la inoperatividad del sistema judicial. Ante esto, Tutela Legal desa-rrolló mecanis-mos no jurisdiccionales de investigación de las violaciones de derechos humanos que fortalecieron “los casos, de tal manera que eran irrefutables sus presenta-ciones ante los juzgados correspondientes”. Asimismo —continuó— “se recurrió a los tres sis-te-mas de protección de los derechos hu-ma-nos que nuestro país había aceptado”. En ese sentido, se acudió a las instancias, tanto “de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos y a la Cruz Roja Internacional, para buscar, pro-teger y salvar vidas”, dijo.

    Además, dio a conocer la forma en que se interpelaba a la Fuerza Armada —a tra-vés de Oficios a los juzgados correspon-dientes— que pretendían lograr la liberación o la entrega de personas que habían sido detenidas por éstos. “Como el militarismo se impuso en nuestro país de tal manera que nada funcionaba —sólo lo que ellos decidían— era un recurso en donde se les hacía la petición a los Jefes Militares, para que investigaran en todas sus instancias el paradero de las víctimas; o, cuando se sabía en dónde estaba la víctima, se solicitaba que, en caso de haber cometido algún delito, se la remitiera a la instancia judicial corres-pondiente o que por razones de humanidad —según el Derecho Interna-cional Hu-mani-tario— admitiera la tenencia de la víctima o la dejaran en libertad”.

    Pero, como ella misma reconoció, “el gran mecanismo de protección para las víc-timas y familiares de violaciones de derechos humanos fue la denuncia homi-lética que ya había instituido —y dado su vida por ella— Monseñor Oscar Arnulfo Romero”. Sin lugar a dudas, estas denuncias protegieron y salvaron muchas vidas de miles de personas, “humanizando el con-flicto, a pesar de las diatribas, por el modo profético y evangélico de la iglesia de afron-tar esta realidad”. Pasos que, como María Julia indicó, “siguió Monseñor Rivera Damas”. Además, éste último creó otro gran meca-nismo como fue el de los refugios de la iglesia en El Salvador, para la protección de la población civil desplazada.

    La labor de Tutela Legal del Arzobispado ayudó además al avance del derecho humanitario con relación a los refugiados, como también promovió los mecanismos de solidaridad internacional iniciando programas de salida, estadía e integración en otros países como Canadá o Suecia, para aque-llas personas perseguidas que estuvieran en peligro por causas de nuestro conflicto armado.

    En el período posterior al conflicto, y dentro de la implementación de los Acuerdos de Paz, Tutela Legal del Arzobispado trabajó muy estrechamente con la Comisión de la Verdad. “Nuestros archivos estuvieron enteramente abiertos a ellos” —reconoció— “con la esperanza de lograr superar la impunidad: que se conociera la verdad de los hechos, que se administrara justicia y se diera una reparación a las víctimas y familiares”.

    Finalmente, ya en el período actual, María Julia explicó que “aquí, además de la impunidad del pasado y del presente, se configuran las graves violaciones al debido proceso, a la violación al deber de garantía del Estado de El Salvador, pero se profundizan de una forma alarmante las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, en el marco de la globalización y el modelo neoliberal llevado a término por sus instituciones multilaterales”. La Directora de Tutela Legal reprochó, además, el hecho que “el pueblo salvadoreño está experimentando violaciones, que cons-tatan que, frente a tal estado de cosas, se están conformando nuevas estructuras de represión ante cualquier tipo de demanda ciudadana”.

    Su intervención, plena de recuerdos y anécdotas, concluyó con una reflexión, de quien ha sido uno de los símbolos de la sociedad civil en la defensa y protección de los derechos humanos: “esta grave situación es, hoy día, un gran desafío para todo organismo de derechos humanos, y Tutela Legal del Arzobispado, fundamentada en principios evangélicos y en la Doctrina Social de la Iglesia, está llamada a seguir —si Dios así lo quiere— luchando por la dignidad de la persona”.
 
 

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