Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI)
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    El informativo semanal Proceso sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador. Asimismo, recoge aquellos hechos de carácter internacional que resultan más significativos para nuestra realidad. El objetivo de Proceso es describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.

    Su producción y publicación está a cargo del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador. Por favor, asegúrese de mencionar Proceso al utilizar porciones de esta publicación en sus trabajos.

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ÍNDICE

EDITORIAL

    A raíz de los sucesos ocurridos el 1° de mayo pasado, cuando presuntos manifestantes de izquierda agredieron a algunos comunicadores que cubrían las actividades del Día Internacional de los Trabajadores, se ha suscitado un debate en torno a la libertad de expresión —alentado por las empresas mediáticas más poderosas— que todavía no se ve hasta dónde va a llegar. La tesis fuerte que estas empresas quieren imponer a la conciencia ciudadana es que la libertad de expresión está siendo amenazada por un sector político, cuyas prácticas e ideología van encaminadas a socavarla en sus mismos fundamentos. Este sector no es otro —en la lectura de las empresas mediáticas— que el FMLN, partido que se ha convertido en el principal enemigo de la libertad de expresión en el país.

    Las “pruebas” que se esgrimen son, entre otras, la actitud agresiva que líderes como Schafik Handal muestran ante determinados medios de comunicación y, más puntualmente, el maltrato padecido por algunos comunicadores en las celebraciones del Día de los Trabajadores. Situaciones como esas han sido leídas por lo que se puede llamar la prensa de derecha y de centro derecha como ataques sistemáticos a la libertad de expresión. Y, si las cosas son así, la condena más absoluta al FMLN y los suyos no puede ni debe hacerse esperar. Ni lentos ni perezosos, los jerarcas del conglomerado de medios de derecha han tomado cartas en un asunto tan grave y se han pronunciado enérgicamente en contra de quienes han osado violentar un derecho democrático fundamental. Por su lado, editorialistas y periodistas de medios particulares han asumido la tarea de demostrar a los salvadoreños lo que significa el FMLN como amenaza a la libertad de expresión y a otras libertades democráticas.

    Desde la perspectiva mediática de derecha y de centro derecha, las cosas son tan claras que no es necesario detenerse en consideraciones de otra índole. Para sus mentores y adalides, esta prensa no sólo es baluarte de la democracia, sino que cualquier discrepancia de fondo con sus posturas ideológicas y políticas es un ataque, no a los intereses que ella representa, sino a la misma democracia. Luego, siguiendo esta lógica, en sus páginas pueden plasmarse las más fieras embestidas contra quienes —por no coincidir con sus posturas— han sido tipificados como enemigos de la democracia. Se trata, es cierto, de una argucia, pero de una argucia efectiva, como bien lo muestra la situación a la que ha sido llevado el FMLN por no prestarse al juego de los grupos de derecha en el país.

    Tomando en cuenta el poder económico y político de los medios de comunicación de derecha y de centro derecha, así como la situación económica y política del FMLN, es difícil aceptar que este partido pueda ser una amenaza real para los primeros. Por lo menos en estos momentos, es poco lo que ese partido puede hacer para alterar sistemáticamente el poder mediático; sostener lo contrario es pecar de ignorancia o de mala fe. Quizás a lo que se teme es a lo que pueda suceder en el futuro, ante la posibilidad de un FMLN con una dosis significativa de poder político en sus manos: pero ese es otro problema, que tiene poco que ver con el poder efectivo del FMLN ahora.

    En estos momentos, es el FMLN el que luce inerme ante una ofensiva mediática sistemáticamente organizada, para la cual los enojos de Handal o los empujones a periodistas y camarógrafos no son más que un pretexto para justificar los ataques al partido y sus líderes. Peor aún, en esta pugna entre el FMLN y los medios de comunicación no son estos los que llevan las de perder, sino aquél, como bien lo saben los dueños de los medios y sus empleados. Y estos llevan las de ganar, no porque tengan la razón, sino porque tienen más poder que el FMLN: tienen poder económico, tienen poder político —por las relaciones tejidas entre sus propietarios, los jerarcas de ARENA y funcionarios de alto rango en el gobierno— y tienen el poder para orientar a la opinión pública según sus propios intereses.

    Definitivamente, los medios de derecha y de centro derecha en El Salvador no pueden ser considerados sin más baluartes de la democracia o baluartes de la libertad de expresión, aunque insistan en proclamarse como tales. Esta última, para el caso, está siendo usada como una bandera para justificar ataques arteros y sistemáticos contra un partido al que por definición se le considera un enemigo a muerte. ¿Dónde están los pronunciamientos de estos defensores de la libertad de expresión ante la persecución y los asesinatos de periodistas a manos de la Fuerza Armada y los cuerpos de seguridad durante la década de los años ochenta? ¿Dónde están los pronunciamientos firmes contra los maltratos por parte de agentes de la PNC hacia los medios de prensa después de firmados los Acuerdos de Paz? ¿Basta aquí acaso con una disculpa? ¿Por qué en este caso sí y en otros no?

    El listado de interrogantes se puede extender interminablemente y siempre se llegará a la misma conclusión: la defensa de la libertad de expresión es algo ajeno a la tradición del periodismo de derecha salvadoreño. Tan es así que este periodismo cree, equivocadamente, que la libertad de expresión consiste en que sus voceros digan lo que les venga en gana, denigren a quien sea, violenten la dignidad de personas e instituciones, y todos acepten —especialmente los afectados— sus embestidas sin rechistar.

    No se les cruza en la cabeza que la libertad de expresión no es, ni por cerca, eso. Y es que la libertad de expresión no apunta tanto a lo que las empresas mediáticas puedan o no decir, sino a los espacios que dentro y fuera de los medios se abren a los ciudadanos para que puedan pronunciarse sobre los diversos asuntos públicos sin verse coartados para ello. Y, por paradójico que parezca, las empresas mediáticas pueden convertirse en un obstáculo para la libertad de expresión. Esto sucede cuando se crean monopolios mediáticos que no sólo imponen al público una perspectiva ideológica determinada, sino cuando esos monopolios cierran el espacio para que opiniones distintas a las suyas puedan ser expuestas y debatidas.

    En El Salvador, los medios de derecha y de centro derecha no sólo han formado una alianza de virtual monopolio, sino que se caracterizan por excluir sistemáticamente aquellas informaciones y opiniones contrarias a las suyas. Este modo de proceder podrá ser justificado apelando a la libertad de empresa, pero nunca a la libertad de expresión.

    Una de las características más claras de la actual coyuntura nacional es la relativa pérdida de credibilidad del modelo económico iniciado con el primer gobierno de ARENA hace casi trece años. Las líneas programáticas iniciales fueron claras (estabilización macroeconómica y reorien-tación de la economía) y tuvieron reper-cusiones considerables sobre la realidad salvadoreña y sobre los lineamientos de los dos gobiernos posteriores. Independiente-mente de sus consecuencias, las medidas económicas fueron implementándose y originando impactos sociales que casi nunca han sido evaluados ni mitigados.

    Toda aquella persona consciente de los peligros que entraña el fascismo está aliviada porque los electores franceses le infligieron una derrota al candidato del Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen. Su sorpresivo ascenso y la forma en que su derrota electoral se consumó hace unos días han motivado numerosas reflexiones. Queremos aquí sumar las nuestras, centradas en dos aspectos: las limitaciones de la democracia representativa y la necesidad de que Europa comience a replantearse su identidad.

    Pocos cuestionan ya el hecho de que, para bien o para mal, los medios de comunicación se hayan convertido en el espacio por excelencia para la política. Esto quiere decir, en palabras del profesor español Manuel Castells, que allí  “se forman las opiniones y las decisiones de los ciudadanos”. El autor aclara que “esto no quiere decir que los medios de comunicación tengan el poder, pero en ellos se juega el poder”. Por ello, los políticos han tenido que ir adaptándose al lenguaje mediático y en esa lógica, “la política del escándalo” se ha convertido en “arma fundamental de acceder al poder, por eliminación del contrario”.

     A principios de este año, se verificó el juicio de divorcio entre Hilda María Jiménez y Edwin Miranda, padres de Katya Natalia Miranda Jiménez. ¿Quién en El Salvador, e incluso fuera de él, no se indigna cuando conoce la trágica historia de esta niña, de su madre y su  hermana menor? Sobre eso hemos escrito bastante; por eso, mejor regresar al punto inicial de esta reflexión. En la primera audiencia de ese juicio de familia, el ahora Mayor de la ahora “prestigiada” Fuerza Armada de nuestro país ofreció para el mantenimiento de su hija Gina Marcela, la mencionada hermanita de Katya, 500 colones. ¡Sólo 57.14 de la actual moneda nacional, o sea dólares estadounidenses! Eso, a todas luces, distaba mucho para cubrir las necesidades básicas de la niña. Tras ser víctima por el asesinato de su hermana, por la impunidad en el caso y un exilio forzado por motivos de seguridad, Gina Marcela recibió la no muy grata noticia de tan miserable ofrecimiento, que fue “mejorado” —tras una larga discusión en el tribunal y fuera de él— hasta la cantidad de 100 dólares. Semejante actitud paterna concuerda con la falta de interés por esclarecer el asesinato de su otra hija.

    A inicios de marzo, el Departamento de Estado de los EE.UU. causó  revuelo al tomar el caso de la violación y asesinato de Katya Natalia como un mal ejemplo en este “nuevo” El Salvador. Sin embargo, en otra audiencia del proceso de divorcio, el Mayor Miranda dijo convencido: “El sistema funcionó”,  refiriéndose al juicio penal donde él, su padre y los empleados de éste fueron sobreseídos. Claro está que tal frase no viene de un padre que —desgarrado por el dolor— busca justicia para su hija asesinada, sino de alguien satisfecho con los resultados de un proceso que, en este caso, no ha llevado a ningún lugar. Sí tiene razón el Mayor al decir que funcionó el sistema; pero el de la impunidad que prevalece en el país, y no el de la justicia. La frase aludida nos remite a la comodidad de un “padre libre de culpas” que contrasta con la inquebrantable actitud de Hilda María —verdadera madre— quien sigue buscando la verdad y el respeto de la ley, sin importar peligros u otros obstáculos. El esfuerzo firme y constante de esta valiente mujer es igual al de los padres del Cadete Erick Mauricio Peña Carmona, de Ramón Mauricio García Prieto Giralt y de Manuel Adriano Vilanova Velver, por citar algunos de los tantos casos que se conocen públicamente.

    La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), ahora que ha revivido, acaba de resolver sobre el “caso Katya”. Antes emitió otra resolución. El 18 de octubre de 2000, hizo valoraciones como la siguiente: “No cabe duda que en el presente caso, el actuar negligente de la Fiscalía y la Policía, afectó irreparablemente el desarrollo de la investigación del homicidio y violación de la menor Katya Miranda, dado que la inspección ocular en la escena del delito constituye un pilar fundamental de la investigación, ya que en la misma se recaban las primeras evidencias tendientes a identificar o individualizar al autor o autores del ilícito y además, dicha diligencia es un acto irreproducible.”

    También señaló a la Policía Nacional Civil (PNC) y a la Fiscalía General de la República (FGR) “por violación al principio de eficacia procesal, cometida en la investigación de los delitos de Homicidio y Violación de la menor Katya Natalia Miranda Jiménez.” Censuró, además, a Godofredo Miranda — tío de la niña sacrificada, quien estuvo presente cuando ocurrieron los hechos, y que, al momento de la tragedia, era el segundo jefe de la División de Investigación Criminal de la Policía— por no preservar con  diligencia la escena del crimen, de acuerdo a la evidente obligación que tenía por su alto cargo policial, aun sin estar de “servicio”. En esa resolución también se menciona la intervención ilegal del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE).

    Cuando emitió ese dictamen la PDDH, estaba pendiente el término para que el abuelo y el padre de la niña asesinada, capturados junto a dos empleados del primero, fueran sobreseídos definitivamente por no aparecer nuevas evidencias. Ni la FGR ni la PNC ahondaron en las investigaciones durante ese período; por eso, en octubre de 2001, lo provisional pasó a ser permanente. Sin embargo, la actual Procuradora no estuvo a gusto e insistió en investigar. Por eso, se ha pronunciado al respecto, “debido a la gravedad de los hechos y a su relevancia nacional, pues el brutal homicidio de Katya Miranda debe considerarse como ilustrativo de la violencia irracional que victimiza a nuestra infancia y de la necesidad de buscar su protección mediante una lucha contra la impunidad“.

    Al inicio de su enérgica resolución, Beatrice Alamanni de Carrillo rescata la parte humana del caso, trayendo a cuenta “la desmedida perversidad del hecho, por cuanto la víctima fue una pequeña niña de nueve años, violada sexualmente y luego asfixiada por sofocación, cuando su rostro fue presionado contra la arena de la playa. Este menosprecio a la vida humana y a los derechos de la niñez, no puede menos de llevarnos a exigir con severidad y firmeza la aplicación de la justicia, pues la impunidad de la muerte de Katya Miranda, además de inaceptable resulta abyecta, y es ultrajante para la conciencia nacional”.

    La segunda resolución de la PDDH alude a nuestro sistema normativo que —además de establecer la protección general para la vida— otorga especial énfasis al cuidado de la niñez, atendiendo, por lógica, a su particular vulnerabilidad. Eso vincula de forma singular al Estado y, por tanto, remite a evaluar el papel de sus instituciones cuya gestión debió encaminarse con todo hacia la hipótesis más fuerte: que la autoría del abominable crimen había que buscarla en el grupo familiar presente en lugar de los hechos. La Procuradora parte de esta consideración, desechando otras hipótesis por ser, “en exceso”, inverosímiles.

    La funcionaria valora de nuevo la actuación de la FGR y la PNC, por cuanto “no cumplieron con las obligaciones de investigación que les impone la ley procesal penal vigente, ni con la seriedad científica ni los estándares internacionales necesarios para cumplir eficazmente, y como un deber jurídico propio, sus elementales deberes de investigación.” Y mete más “el dedo en la llaga”, al examinar las medidas que esas dos instituciones debieron adoptar sobre la grave responsabilidad de los funcionarios involucrados en este caso, incluyendo al entonces Subcomisionado Miranda: no hicieron nada al respecto.

    Hoy, la PDDH fue más allá de sus consideraciones originales y valoró aspectos posteriores en la actuación de la FGR en la escena del crimen. Además de la lamentable apatía por avanzar seriamente en el proceso, se señalan cuatro graves deficiencias en su actuación:
a) Ordenar la “reconstrucción” de los hechos el 9 de diciembre de 1999, sin seguir el procedimiento legal, afectando de forma negativa el establecimiento de la verdad  real.
    b) No presentar en el proceso judicial los supuestos resultados de investigaciones que mencionó ante la madre de la víctima y públicamente, como la tentativa del abuelo de Katya para salir del país llevando una fuerte suma de dinero; o, en caso de no haber sido fidedigna o suficiente tal información, haber efectuado un uso irresponsable de la misma precipitando capturas e impidiendo una probable colaboración testimonial de parte de la familia Miranda.
    c) Omitir investigar y procesar, ante la autoridad correspondiente, a la agente fiscal y demás funcionarios que permitieron el manejo negligente e ilícito de la investigación en el lugar de los hechos.
    d) No investigar la presunta violación a las garantías de imputados o testigos, especialmente menores de edad, mediante procedimientos arbitrarios ocasionados por agentes fiscales designados al caso.

    Por otra parte, la PDDH ha censurado la actuación de la Jueza de Instrucción encargada del caso, por postergar sin justificación una prueba anticipada solicitada por parte de la FGR y autorizar la declaración de seis testigos presentados por la defensa como prueba anticipada, sin fundamento legal. Además, no permitió el ingreso de Hilda María y Gina Marcela a la reconstrucción judicial de los hechos; así, vulneró el principio de igualdad entre las partes. A lo anterior, hay que agregar sus opiniones públicas desestimando pruebas presentadas por la FGR; así, adelantó criterio evidenciando una grave parcialidad.

    La Procuradora también ha señalado al antes mencionado OIE de la siguiente forma: “La injerencia del OIE en actividades propias de la investigación inicial de graves delitos, potestad estatal exclusiva de la Fiscalía General de la República, considerando los indicios al respecto en el presente caso, debe ser objeto de preocupación nacional. Mas allá de su trascendencia en el proceso penal específico que aquí ha sido objeto de análisis, la utilización indebida de este aparato del Estado puede ser altamente lesiva del interés nacional, la democracia y los derechos humanos, como lo demuestra la experiencia histórica del país en décadas pasadas”. En consecuencia, llama al Presidente de la República para que investigue tal intervención y publique sus resultados.

    Al final de su resolución, la Procuradora considera la salida forzada del país de  Hilda María y Gina Marcela por motivos de seguridad, “pues tales circunstancias son atentatorias de sus derechos fundamentales y las arrojan a un estado de victimización permanente y persecución. Por ello resulta urgente la intervención del Estado, en orden a brindar garantías plenas a su seguridad personal”. La funcionaria califica, tanto el crimen como la impunidad de los responsables, como un ultraje a la conciencia nacional y recomienda deducir responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos en el caso. Para ello, propone la creación de una Comisión integrada por representantes del Estado y organismos civiles, exhortando además a las autoridades para que se garantice la seguridad de las víctimas vivas —Hilda María y Gina Marcela— dentro del país. Con esta resolución, la PDDH merece el reconocimiento general al haber realizado un serio esfuerzo contra la impunidad en el caso Katya Miranda y en otros similares.

    Para Edwin Miranda, “el sistema funcionó”; para Godofredo Miranda, se trata de un “caso del pasado”. Mientras, la Jueza de San Luis Talpa intenta justificar su actuación diciendo que el caso le llegó “viciado”. Pero para la gente decente de El Salvador, el sistema de justicia falló. Lo que no ha fallado es la dignidad ciudadana que obligó a la Asamblea Legislativa a decretar el 4 de abril —fecha del asesinato de Katya Miranda— como “Día nacional para la erradicación de la violencia sexual ejercida contra niñas y niños de El Salvador”. Es esa la conciencia colectiva ofendida que aparece plasmada en la resolución de la PDDH, la cual le plantea un serio compromiso al Estado salvadoreño en la lucha contra la impunidad. Mientras tanto, el sistema de justicia le sigue fallando a Katya, a su hermanita, a su mamá y a toda la sociedad.
 
 
 
 

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