El 32 aniversario de los mártires de la UCA, los 41 años del asesinato de Monseñor Romero y las proximidades de tres décadas de la firma de los acuerdos de paz. Estos son tres hechos que quisiera mencionar como punto de referencia de un proceso histórico que ha marcado al país, a la sociedad salvadoreña. Un recorrido a lo largo de la historia nacional nos llevaría a encontrar dolorosos recordatorios de las profundas huellas que han quedado en nuestra memoria.
En un escenario como el actual y de nuevo haciendo un ejercicio de revisión de lo ocurrido en el semestre que estamos por cerrar, quiero comentar en este espacio, algunos cambios que se han producido particularmente en el ámbito institucional y legal para los municipios, ya que en la década de los 90 y 2000, se operaron reformas importantes en el marco normativo referente a los municipios.
Vale decir que hemos recorrido un camino, en los últimos seis meses. que deja a las municipalidades cada vez más expuestas a decisiones desde el centro. Los cambios en este período muestran una tendencia a retornar al pasado, al período antes de 1980 ya que el panorama que se dibuja no solo supedita a los gobiernos locales a decisiones desde el gobierno central, sino que además no tienen un vínculo real con lo que ocurre en los municipios, también se va alejando cada vez con menos herramientas que le permitan desarrollar sus funciones, competencias, atribuciones y facultades.
La promulgación de una nueva ley del FODES, la ley de derogación del ISDEM, la ley de creación de la Dirección de Obras Municipales(DOM), la Ley de Dominio Eminente de inmuebles para obras municipales e institucionales, así como la Ley de Simplificación de Obras Municipales, son algunos de los instrumentos legales recientemente aprobadas. Si se examinan las tres últimas leyes en mención se encuentra no solo ambigüedades, sino también una nula participación de las municipalidades. La decisión se deja fundamentalmente en manos de la DOM, que si bien se dice que es una entidad descentralizada al examinar su conformación está integrada por representantes exclusivamente del órgano ejecutivo.
Hemos reflexionado en otro momento sobre el enfoque centralista que las reformas al marco normativo y la institucionalidad vinculada con los municipios está mostrando, y esta preocupación se produce no solo por aspectos de forma, sino fundamentalmente de fondo. Hay un principio que no debe desconocer es el de subsidiariedad que no solo alude que el nivel más próximo de gobierno es quien conoce de primera mano qué ocurre en esos territorios y cuáles son las necesidades, pero también es en los municipios donde se debe construir la visión estratégica de futuro, construyendo desde la base de la sociedad, con las personas y para ellas ya que es en los municipios donde se construye ciudadanía, es además donde el protagonismo de esta es fundamental para el desarrollo territorial.