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En la madrugada del domingo 27 de marzo del año en curso, la Asamblea Legislativa, decretó un régimen de excepción a petición del Órgano Ejecutivo como respuesta al incremento significativo de homicidios los cuales han sido atribuidos a las pandillas.
Con este decreto se suspenden por 30 días la libertad de asociación, derecho a la defensa, la inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones, así como la ampliación del plazo de detención administrativa. La iniciativa, además de no ser la opción pertinente ante tal situación tampoco se apega a los compromisos adquiridos a nivel internacional en el marco del respeto y garantía de los derechos humanos.
Para hacer efectiva esta medida de corte punitiva (mano dura), el gobierno central se ha apoyado de estructuras como la Fuerza Armada, Policía Nacional Civil y, en algunos municipios incluso del Cuerpo de Agentes Municipales.
A lo anterior se suman algunas acciones, a nivel territorial, las cuales además de ser discrecionales son inconstitucionales, tales como:
Las zonas focalizadas para combatir a las pandillas son consideradas por el gobierno (y gran parte del resto de instituciones del Estado) peligrosas y delictivas. Y sin contar con pruebas objetivas señala a sus habitantes cómplices de los grupos criminales. Por lo que, la mayor parte de medidas y acciones de represión han terminado recayendo sobre quienes habitan dichos lugares.
Estas iniciativas, promovidas por el gobierno central, criminalizan la pobreza, estigmatizan a las personas por habitar en zonas con alta incidencia de pandillas; re -victimizan a una ciudadanía que habita en zonas ya excluidas, marginadas y presas de la violencia social. Además, son una expresión clara de arbitrariedad, discriminación y violencia estatal. Por lo que, como respuesta a la ola de violencia que azota el país, este gobierno promueve la aporofobia y la estigmatización territorial.
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La aporofobia es el odio, miedo y rechazo a las personas pobres. Este neologismo fue acuñado en 1995 por la filósofa española Adela Cortina, el cual propone para nombrar el rechazo, aversión, temor y desprecio que se tiene hacia la persona pobre, desamparada, sin hogar.
De acuerdo a Adela Cortina, la palabra surge de manera sencilla, al percibir que no se rechaza a los extranjeros si son turistas, cantantes o deportistas de fama y con posibilidades de invertir; se rechazan si son pobres, si son inmigrantes, mendigos, indigentes, e incluso aunque sean los de la propia familia.
La estigmatización territorial es un proceso por el cual un espacio (colonia, barrio, comunidad, municipio, región) se vincula a una serie de atributos negativos, magnificados y estereotipados, sobre el cual recae la desacreditación, marginación y exclusión social. Esa estigmatización se extiende a quienes habitan el territorio, viviendo sus consecuencias de manera diferenciada. Por otro lado, también profundiza el deterioro de las condiciones de vida de las personas, obstaculiza acciones propositivas de mejora y produce desventajas específicas a nivel individual y colectivo (Kessler, 2012).
Tomando en consideración los planteamientos de Cortina, el gobierno salvadoreño hace alarde, celebra y utiliza recursos públicos para atender a empresarios, actores e incluso turistas, quienes supuestamente prometen invertir en el país. Se les organiza congresos, encuentros y paseos para que conozcan las zonas turísticas más exclusivas del país.
El mismo presidente se fotografía con ellos, les genera un espacio en su agenda e incluso les recibe en Casa Presidencial. Adicionalmente les ofrece construir una ciudad exclusiva para promover su inversión (Ciudad Bitcoin) así como ajustar marcos legales para generar condiciones favorables para su inversión.
Estas consideraciones gubernamentales son totalmente contrarias con la población salvadoreña que habita en comunidades pobres y asediadas por las pandillas. Zonas poblaciones donde la inversión pública que llega es la presencia de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil. Lugares donde ha hecho falta la creatividad gubernamental para valorar y aprovechar el talento humano que ahí reside.
Territorios abandonados por los mismos gobiernos locales, donde la mayor inversión que realizan son piñatas que entregan a un año de concluir su gestión municipal. Zonas de interés únicamente en tiempos electorales. Lugares incluso estigmatizados por la misma sociedad salvadoreña la cual se muestra apática e insensible a las realidades complejas y desafiantes que ahí se viven.
BIBLIOGRAFÍA
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Espinoza, C. (30 de marzo de 2022). Policías irrumpen en viviendas de la comunidad 22 de Abril. La Prensa Gráfica.
Martínez, L. (30 de marzo de 2022). ¿Cómo es el protocolo que se debe seguir al hacer una requisa personal, según la ley?. La Prensa Gráfica.
Padilla, R. (28 de marzo de 2022). Mantienen dispositivo de seguridad en colonia San José del Pino en Santa Tecla, habitantes denuncian abuso de autoridad. Radio YSUCA.
Cortina, A (2017). Aporofobia, el rechazo al pobre. Un desafío para la democracia. Barcelona. Paidós.
Kessler, G. (2012). Las consecuencias de la estigmatización territorial. Reflexiones a partir de un caso paradigmático. Espacios en Blanco. N° 22. Pp. 166
Barraza, D. (21 de noviembre de 2021). Nayib Bukele anuncia creación de Ciudad Bitcoin en El Salvador. Los Angeles Times.