MONROVIA, LIBERIA – AUGUST 8: Liberians United for Reconciliation and Democracy (LURD) rebel fighters watch as civilians carry food and supplies in rebel territory August 8, 2003 in Monrovia, Liberia. LURD rebels still hold positions right on the edge of downtown Monrovia, staying in place for now, as peacekeepers try to bring the two warring sides together for tentative meetings.
En el año 2013 el municipio de Usulután fue catalogado como uno de los más violentos de El Salvador, llevándolo a ocupar la posición número 22/262 en esta categoría (USAID, 2014). Pero, ¿cuáles pudieron haber sido las causas que hicieron de este un territorio violento?
Partiendo del concepto de violencia estructural, que nace de “la opresión y el sufrimiento social causados por la pobreza crónica, el hambre, la exclusión social y la humillación” (Adams, s/f), no es difícil comprender que en Usulután existieran tales índices de violencia, siendo un municipio de pobreza extrema baja (FISDL, 2005), lo cual se evidencia en los indicadores socioeconómicos: niveles de educación y deserción escolar, índice de embarazos de niñas y adolescentes, asentamientos urbanos precarios, empleo informal, entre otros (USAID, 2014).
En El Salvador pese al conflicto armado vivido y al proceso que se dio posterior a la firma de los Acuerdos de Paz, no se han logrado generar condiciones que minimicen las brechas de desigualdad y exclusión, generando con el paso del tiempo otro tipo de conflictos no manejados adecuadamente, llevándolos en un efecto de bola de nieve.
Policeman at work
Lo anterior ha desatado en las últimas décadas una serie de conflictos sociales, políticos, culturales y económicos, convirtiéndolo en un caos insostenible, llevando a los Gobiernos anteriores (Central y Locales) a implementar medidas coercitivas más que preventivas, cayendo erróneamente en “la creencia que el castigo tiene efectos disuasivos, inhibitorios o preventivos sobre la violencia” (Gilligan, 2000).
Así durante años se implementaron en el país medidas como el Plan Mano Dura, que luego se convirtió en el Plan Súper Mano Dura, ambos impulsados por los Gobiernos de ARENA. Estos consistían en fuertes operativos militares y policiales que hacían uso de medidas represivas en aras de “disminuir” los índices de violencia, situación que funcionaba en un primer momento, pero que posteriormente traían consigo un repunte de violencia.
Luego, bajo los Gobiernos del FMLN, se comienza a ver el problema de la violencia bajo otra óptica. Esto vino a impulsar Políticas Públicas basadas en una Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia, la cual implicaba un fuerte involucramiento de los Gobiernos Locales y de los diversos actores territoriales, por medio de la creación de los Comités Municipales de Prevención de Violencia, como parte de toda la estructura diseñada para operativizar dicha Estrategia.
Si bien es cierto esta Estrategia da un salto cualitativo en lo relativo a la atención y prevención de la violencia, depende mucho de cómo es operativizada en los territorios para que cumpla con su razón de ser. Usulután contó con el apoyo técnico y financiero de la USAID, lo que le permitió en el 2014 diseñar una estrategia de prevención de violencia a nivel municipal.
Aunque las estrategias diseñadas e implementadas por el Gobierno Local partieron de un diagnóstico territorial que reconocía la existencia de problemas estructurales como: pobreza, bajo nivel educativo, violencia de género, etc; sugería medidas y acciones que podían dar un resultado favorable a corto plazo, pero no inducían a una transformación real de las condiciones de la población, lo que sí hubiese mejorado su calidad de vida, haciendo de esta condición algo sostenible en el mediano-largo plazo.
Entonces, ¿se limitan los Gobiernos Locales a desarrollar medidas paliativas ante la situación de violencia en los territorios?, o, ¿realmente pueden llegar a promover una cultura de paz y prevención de violencia, en la que el diálogo conlleve a la reconstrucción del tejido social, respetando la identidad de los territorios y donde se trabaje bajo un enfoque de derechos?
Referencias bibliográficas: