Desde la Maestría en Desarrollo Territorial venimos señalando nuestro compromiso con este enfoque que busca ser una alternativa ante nociones economicistas del desarrollo o bien del acento que se pone en obra gris. En la visión por la cual apostamos es relevante no sólo en cuanto a la asignación de recursos a los gobiernos locales, sino también, como hemos planteado en otros escritos, reconocerles como otro nivel de gobierno. Esto pasa también por dar la razón a esa legitimidad y representatividad otorgada por la ciudadanía y la pluralidad de la representación en el seno de los concejos municipales debe respetarse, así como la institucionalidad vinculada con las municipalidades.
En estas apuestas, también es importante la participación de la ciudadanía, la articulación de un conjunto de dinámicas y el respeto por los procesos que desarrollan en los municipios, comunidades, barrios, en las demarcaciones territoriales de diferente escala. El sistema de actores así como las relaciones y sus dinámicas son sin duda relevantes y no solo como un ejercicio metodológico con técnicas para su identificación, sino también deberían y deben privilegiar poner a las personas en el centro de la actividad pública.
En esta línea, resulta relevante señalar que además de estas apuestas es importante la construcción de una institucionalidad en la cual las reglas del juego prevalecen por encima de la discrecionalidad y las decisiones que cambian de acuerdo a los vaivenes políticos, de aquellas que se concentran en lo personal, en lo inmediatista y no en lo estratégico. Martínez, R y Maldonado, C (2019) al analizar el tema de la institucionalidad en América Latina señalan que debe hacerse desde el análisis lo territorial para comprender lo que denominan institucionalidad social, y en relación con esta última afirman que esta “representa un entramado de incentivos que estructura los límites y oportunidades de negociación y acción para los actores de la política social” (p.26). Los autores agregan que esto no solo alude a procesos de descentralización, sino también a lo particular, a lo endógeno, a la territorialización de la política pública y en ello afirman:
De ahí la importancia de incorporar esta dimensión mediante la aplicación de mecanismos específicos que representen los intereses de los actores subnacionales en el marco de la institucionalidad analizada, junto con el establecimiento de instancias de coordinación entre niveles de gobierno (p.26)
Dicho esto, hay que decir que la articulación de las competencias de diferentes niveles de gobierno para el beneficio de la población es un factor importante. Y esto vale decir que no se trata de hacer propaganda respecto de una acción o acciones que son obligaciones de gobierno y no dádivas, sino más bien de dar respuestas a través de políticas públicas, claras, concretas en las cuales se incorporen: “la existencia de una estrategia a largo plazo, la consideración e inclusión de los enfoques de derechos y de género, existencia de reglas claras y conocidas por todos los actores, de espacios de coordinación, de mecanismos de recolección y análisis de la información confiable, la participación de actores sociales y el desarrollo de capacidades técnicas” (Martínez, R, Maldonado, C, pp.27-28)
Estas consideraciones pueden resultar oportunas en un escenario en el que se van cambiando los marcos normativos para justificar medidas que en el corto, largo y mediano plazo van promoviendo, cada vez con más fuerza el relegar no solo a los gobiernos locales, sino también a la ciudadanía de procesos de toma de decisión. La centralización de las decisiones que se toman desde el centro vulnera un principio fundamental el de la proximidad de los niveles de gobierno que pueden facilitar no solo la comunicación, sino también la operatividad en la implementación de la política pública en el ámbito local. Sin duda, se debe hacer una valoración de cómo se han impulsado desde y en los municipios, y tomar acciones para la mejora y evaluación de las mismas no solo es necesario, sino también puede contribuir a cumplir no solo con las obligaciones que tienen diferentes órganos de gobierno, sino también porque las necesidades insatisfechas y los problemas no resueltos vulneran la dignidad de las personas.
Durante los dos últimos años, no solo han desaparecido instituciones, cuyo rol era relevante, sino también que aquellas que se crearon no parecen jugar el rol que aparentemente les dio vida. Los cambios constantes en las competencias y las atribuciones que tienen algunas instituciones vinculadas de alguna manera con las municipalidades, parece dejar a las mismas en una suerte de vacío, de convertirse en juez y parte de procesos de diferente nivel. Y es que si hacemos un mapa de la calidad institucional vemos que aspectos como: el acceso a la información pública, pesos y contrapesos, rendición de cuentas, regímenes de control patrimonial y conflictos de intereses, sistemas de control externo, sistemas de compras y contratación son bastante cuestionables en las actuales circunstancias. La calidad de la institucionalidad es un aspecto fundamental no solo porque la transparencia en el uso de los recursos, en los destinos de estos, así como las formas, razones, valoraciones que influyen en el que se hace o se hará. Estos elementos no deben verse como una lista de tareas o una lista de comprobación, de procedimientos mecánicos, sino más bien como un compromiso ético, como aspectos vitales para la credibilidad y construcción de una sociedad que como mínimo debería tener estos principios: justicia solidaria, equidad de género, inclusión y diversidad, respeto por el medio ambiente, así como la niñez, la adolescencia, juventud.
Referencias
Martínez, R., Maldonado V, C. (2019) Institucionalidad y desarrollo social en Institucionalidad y desarrollo social. CEPAL.