La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su documento Igualdad de qué y para qué, propone un enfoque centrado en los derechos humanos y un marco conceptual que integra diferentes dimensiones de la igualdad. La CEPAL define la igualdad como un “principio normativo y como horizonte estratégico del desarrollo” (CEPAL, 2021, p. 2). No solo se refiere a la distribución equitativa de los recursos, sino que también abarca el acceso a “oportunidades, capacidades y reconocimiento recíproco” (CEPAL, 2021, p. 3). Este enfoque va más allá de la igualdad de oportunidades y busca garantizar la igualdad en resultados, medios y capacidades.
El enfoque de derechos es crucial para analizar la igualdad, ya que sitúa a las personas como “sujetos de derechos y no solo como beneficiarios de las políticas sociales” (CEPAL, 2021, p. 4). De este modo, se destaca la responsabilidad del Estado de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos, lo que implica una obligación de cerrar brechas sociales, económicas y políticas. Según la CEPAL (2021), las políticas sociales no deben concebirse como asistencia a sectores vulnerables, sino como mecanismos para garantizar que todos los individuos puedan acceder a los recursos necesarios para llevar una vida digna.
La CEPAL propone la matriz de desigualdad como un marco analítico que permite entender las diversas dimensiones de la desigualdad. Según el documento, “la matriz de la desigualdad se funda en planteamientos teóricos que destacan la heterogeneidad estructural de la matriz productiva y la cultura del privilegio” (CEPAL, 2021, p. 4). Los ejes estructurantes, tales como el nivel socioeconómico, el género, la etnicidad, la edad y el territorio, condicionan el acceso a derechos fundamentales y determinan el grado de desigualdad que una persona experimenta (CEPAL, 2021, p. 6).
Lo que hace única a esta matriz es que los diferentes ejes “se entrecruzan, potencian y encadenan a lo largo del ciclo de vida” (CEPAL, 2021, p. 6). En otras palabras, la desigualdad no se manifiesta de manera aislada, sino que es el resultado de la interacción de múltiples factores que se acumulan con el tiempo, agravando las brechas sociales. Este enfoque es particularmente útil para analizar las dinámicas de exclusión que enfrentan ciertos grupos, ya que reconoce la complejidad de la desigualdad y su naturaleza multifacética.
En el contexto de El Salvador, dos actores que experimentan desigualdad de manera crítica son las mujeres rurales y los jóvenes. Las mujeres rurales, a pesar de participar activamente en la agricultura y en la gestión de recursos comunitarios, se encuentran en una situación de desventaja debido a la falta de acceso a recursos como la tierra, el financiamiento y la toma de decisiones. Además, la desigualdad de género perpetúa la distribución inequitativa de roles y responsabilidades, limitando las oportunidades para las mujeres en el ámbito económico y político.
En cuanto a los jóvenes, muchos de ellos enfrentan barreras debido a su ubicación territorial y a la falta de oportunidades educativas y laborales. Según la CEPAL, los ejes de desigualdad como el ciclo de vida y el territorio, “interactúan de manera simultánea y se acumulan a lo largo del tiempo”, lo que dificulta el acceso a derechos básicos como la educación y el empleo (CEPAL, 2021, p. 6). En el caso de los jóvenes rurales salvadoreños, la migración forzada es una consecuencia común de estas barreras estructurales, que perpetúan el ciclo de pobreza y exclusión.
También el impacto del cambio climático y la desigualdad socioeconómica son otros fenómenos importantes, ya que en las comunidades rurales que dependen de la agricultura para su sustento, enfrentan el mayor impacto de fenómenos climáticos extremos como huracanes y sequías que hoy en el país han sido muy marcados y han afectado a las familias, especialmente aquellas lideradas por mujeres solteras y personas de la tercera edad. La CEPAL menciona que “la mitad más pobre de la población mundial es responsable de alrededor del 10% de las emisiones globales de dióxido de carbono, pero vive en los países más vulnerables al cambio climático” (CEPAL, 2021, p. 8). En El Salvador, los campesinos en las áreas rurales empobrecidas no tienen acceso a sistemas de riego, tecnologías agrícolas avanzadas o seguros contra desastres naturales, están en desventaja para enfrentar los efectos del cambio climático, lo que perpetúa el ciclo de pobreza.
Para reducir las desigualdades que enfrentan las mujeres rurales, es fundamental implementar políticas que promuevan su acceso a recursos productivos como la tierra y el financiamiento. Estas políticas no solo mejorarían la situación económica de las mujeres, sino que también contribuirían al desarrollo integral de las comunidades rurales.
En el caso de los jóvenes rurales, las políticas de educación y empleo deben enfocarse en eliminar las barreras estructurales que limitan sus oportunidades. las intervenciones públicas deben estar orientadas a cerrar las brechas de desigualdad en la brecha generacional de empleo, lo que incluye garantizar una educación de calidad y oportunidades de empleo para los jóvenes en áreas rurales como las urbanas. Es crucial que estas políticas no se limiten a la oferta de oportunidades, sino que también aborden los obstáculos sistémicos que perpetúan la exclusión.
Es importante establecer seguros agrícolas asequibles que protejan a los pequeños agricultores contra desastres, así como acceso a créditos y subsidios que les permitan invertir en técnicas de adaptación climática. También, fomentar alianzas con organismos internacionales para garantizar la sostenibilidad de estos programas a largo plazo.
A manera de conclusión, la igualdad, entendida desde un enfoque de derechos, es esencial para el desarrollo sostenible en América Latina. La matriz de desigualdad propuesta por la CEPAL ofrece una herramienta valiosa para analizar las diversas dimensiones de la desigualdad, especialmente en contextos como el de El Salvador, donde las mujeres rurales y los jóvenes enfrentan múltiples formas de exclusión. La implementación de políticas inclusivas y centradas en los derechos es clave para cerrar las brechas y avanzar hacia una sociedad más equitativa.
Referencias
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2021). Igualdad de qué y para qué. Santiago, Chile: CEPAL.