Indudablemente, cada individuo, grupo de personas o población en general, se enfrenta a diversas problemáticas que amenazan su bienestar, o le limitan alcanzarlo plenamente; ya sea por inacceso a servicios básicos, vulnerabilidad a riesgos climatológicos, padecimiento de enfermedades, desempleo, marginación, discriminación, etc.; y se enfrentan a la necesidad de dar solución a estas problemáticas, pero para ello requieren previamente definir como se organizarán en términos políticos, sociales y territoriales.
En términos políticos, el consenso universal ha optado por una organización a base de principios democráticos, consolidándose como el sistema idóneo que permite alcanzar el mayor nivel de representatividad de la población. A su vez, la democracia promueve una organización social de igualdad, basada en un enfoque de derechos universales (aunque la realidad dista del seguimiento de este principio), y por consiguiente, presupone una red de sociabilidad para el bien común; es decir, se entiende al ser humano como intrínsicamente solidario (Boisier, 2004)
Al hablar de organización territorial, a diferencia de la organización política y social, no existe una norma determinada, ya que este componente está fuertemente vinculado con la evolución histórica y social de la ocupación del territorio (Ferrufino, 2023). Es así como se pueden encontrar países pequeños con una alta desagregación territorial y otras de gran extensión con poca desagregación; o bien, territorios con una alta concentración poblacional y otros de una muy reducida.
Son estas formas de organización política, social y territorial las que marcan la pauta para definir el marco institucional que regirá a la población, entendido este como el conjunto de reglas y estructuras organizativas que permiten el funcionamiento de la sociedad y la consecución de objetivos. Se manifiesta mediante marcos normativos (constitución, leyes, normativas), instituciones (públicas o privadas y formales o informales) y procesos sociales.
Es común asociar la institucionalidad con el Estado, con su quehacer y las leyes que lo definen, pero dicha concepción circunscribe la institucionalidad a las fronteras de trámites burocráticos, administración de recursos nacionales, implementación de políticas, prestación de servicios, etc.; ello sustrae a la sociedad civil de la toma de decisiones.
La institucionalidad se construye por y para la población, es por ello que su participación es indispensable para la construcción y mantenimiento de una institucionalidad que responda a la población. Por esa misma razón, no se puede entender la institucionalidad como fija e invariable, por el contrario, esta se encuentra en constante cambio e influida por su entorno. Tal y como expone Martínez (2019), se debe hablar de una institucionalidad social que priorice sus esfuerzos a la solución de problemas sociales y a la inclusión social.
No toda institucionalidad es social y es aquí donde Boisier (2004) hace una distinción entre dos fenómenos: la centralización y la descentralización. La primera se entiende como aquella donde la toma de decisiones funge como una tarea estrictamente del Estado, dejando fuera de la discusión al resto de sectores de la sociedad. Por el contrario, la descentralización amplia el espacio de discusión, convirtiéndose la población no solo en sujeto de las decisiones, sino también actor de estas. Cabe aclarar que no toda centralización es mala, ciertamente hay actividades que únicamente son posibles a escala nacional, como lo puede ser la recolección de impuestos. Asimismo, la centralización no se limita a la concentración de poder; un Estado puede desconcentrarse en varios niveles (gobierno central, federal, municipal, local), y al mismo tiempo excluir a la sociedad civil de la toma de decisiones.
Por otra parte, mediante la descentralización, se crean los espacios de participación de la población para la solución de sus problemas; es decir, para la formación de una institucionalidad social.
Una vez conceptualizado cómo construir una institucionalidad social, ésta debe concretarse en acciones determinadas; es decir, debe gobernarse. La institucionalidad social y descentralizada debe orientarse a políticas sociales que respondan a las problemáticas sociales, las cuales son multicausales y multidimensionales en sus expresiones, requiriendo un abordaje integral (Martínez, 2019). Ello demanda la participación ciudadana, y que además sea diversa, con acceso a información, consultiva, involucrada, con colaboración y empoderada (González & Freire, 2022).
La población usualmente tiene información relevante sobre las problemáticas que le afectan, por lo que su participación se vuelve un insumo vital para una toma de decisiones efectiva. Mas, no solo es importante como fuente de información, sino también como agente funcional dentro del territorio que se desea intervenir; por lo que sus propias vivencias le permiten describir las condiciones de su territorio y focalizar las políticas a implementar.
La gobernabilidad se construye bajo los principios de descentralización, participación ciudadana y focalización territorial, y se materializa en políticas sociales potenciadas por y desde la población. Es cierta la afirmación de Boisier (2004), al decir que “hacer gobierno” es “hacer desarrollo”, entendiéndose el desarrollo no como crecimiento económico, sino, dentro de los parámetros antes establecidos, busca transformar la realidad de la población para solventar las problemáticas propias de un territorio; se convierte en actor y beneficiario de las estrategias de gobierno; para ello, debe procurar la construcción y conservación de una institucionalidad social que contenga los espacios necesarios para su participación en la toma de decisiones y en el diseño de políticas públicas orientadas a mejorar su calidad de vida y su bienestar. Bajo estas condiciones, se tiene un marco institucional que construye desarrollo.
Referencias
Boisier, S. (2004). Desarrollo territorial y descentralización. El desarrollo en el lugar y en las manos de la gente. Revista EURE – Revista de Estudios Urbano Regionales, 30(90) 27–40. https://doi.org/10.4067/S0250-71612004009000003
Ferrufino, C. E. (2023). Desarrollo territorial en El Salvador: Continuidades, rupturas y oportunidades. ECA: Estudios Centroamericanos, 78(773), 9–20. https://doi.org/10.51378/eca.v78i773.7935
González, V., & Freire, M. L. (2022). Diseño, monitoreo y evaluación en políticas públicas.
Martínez, R. (ed.). (2019). Institucionalidad social en América Latina y el Caribe. CEPAL. https://hdl.handle.net/11362/42061
*Este trabajo fue presentado como parte de las actividades académicas de la asignatura Marco Institucional y Políticas Públicas Territoriales, la cual forma parte de la malla curricular de la Maestría en Desarrollo Territorial.