Siempre llama la atención la mala nota que sacan las alcaldías en las encuestas, por lo que, en este artículo, se quiere compartir un conjunto de reflexiones surgidas a partir de unas frases que aparecen en la noticia, compartida por la UCA, sobre la última encuesta realizada por el IUDOP.
En el ámbito municipal, la evaluación refleja mayores niveles de insatisfacción. El 68.6% de las personas expresa poca o ninguna satisfacción con el trabajo realizado por la alcaldía de su municipio. La nota promedio otorgada a los gobiernos locales es de 5.10.
Entre las principales demandas hacia las alcaldías destacan la reparación de calles (38.1%), mejoras en el acceso al agua potable (14.4%), mejoras en el servicio de recolección de desechos (11.6%) y una mayor cercanía con las comunidades (10%) (Portillo, K. 30 de junio de 2026)
El que casi 7 de cada 10 personas, expresen niveles de insatisfacción hacia el quehacer de las municipalidades de los lugares donde viven, no es cosa menor, y más aún cuando como resultado de esto salgan, en promedio, reprobadas con una nota de 5.1. Hay que retomar la aclaración que hace el IUDOP en cuanto a que “se tomaron en cuenta solo las alcaldías de municipios que integraron la muestra de la encuesta” (IUDOP, 2026), por lo que los resultados no están referidos a las 44 municipalidades, sino sólo a 28 de ellas.
Continuando con lo que provoca la lectura de los resultados obtenidos, más allá de la medición de la satisfacción, es importante detenerse a lo que puede estar detrás de esto, y es lo que se lee en el segundo párrafo de la nota de la UCA, referido a las demandas que la ciudadanía de cada uno de los municipios de la muestra espera que sean atendidas por sus respectivas municipalidades, y sobre eso se hará referencia a continuación.
La reparación de calles.
Un elemento importante de señalar es que en los últimos años las municipalidades han visto bastante disminuida la posibilidad de realizar esta actividad, debido principalmente a la creación de un binomio institucional que surge a partir de la aprobación, por parte de la Asamblea Legislativa, de dos decretos: uno de ellos es la reducción del FODES que se entregaba a las alcaldías cada año, que pasa del 10% al 1.5% de los ingresos corrientes del estado en cada año; y el otro es la creación de la Dirección de Obras Municipales (DOM). Estos decretos fueron aprobados en el 2021.
¿Cómo afecta esto a la población? El impacto inmediato es que a partir de la reducción del FODES, las municipalidades se vieron limitadas a realizar muchos de los proyectos que impulsaban, siendo la reparación de las calles del municipio, uno de ellos, ya que los fondos fueron transferidos a la DOM para que se encargara de esto. Según información con la que se cuenta,
Entre enero de 2022 y agosto de 2023, el Gobierno ha obtenido ingresos corrientes por $11,068.2 millones, repartidos en: $6,422.5 millones en 2022 y $4,645.7 millones en ocho meses de 2023. El 10 % de dicha cifra es $1,106.8 millones. Esa es la cantidad que los municipios habrían recibido si no se hubieran aprobado nuevas leyes en 2021 (Portillo, D. 4 de octubre de 2023).
Por lo que, en lugar de recibir $1,106.8 millones, a las municipalidades se destinaron $276.5 millones para su funcionamiento y a la DOM $323.5 millones para que lo invirtiera en obras en las municipalidades (Portillo, D. 4 de octubre de 2023). Sin duda, las cifras anteriores permiten argumentar el porqué las municipalidades no logran reparar todas las calles del municipio que lo necesitan, y dado el nivel de insatisfacción que esto ha motivado, parece ser que la DOM no se ha hecho cargo de estos proyectos, aun cuando el primero de los 18 objetivos que contiene la ley se define como “Administrar los recursos financieros asignados, con el fin de realizar una eficiente y efectiva inversión en los municipios” (Decreto 210, 17 de noviembre de 2021).
Mejoras en el acceso al agua potable
Esta es otra de las demandas que se le acumulan a las municipalidades, aun cuando éstas no tienen la facultad o la competencia de brindar este servicio, eso corresponde a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), como ente ejecutor operativo.
También hay que tomar en cuenta que, a partir del 2022, se creó la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), que ahora es el ente rector que se encarga de la gestión de los recursos hídricos del país, y ANDA es quien ejecuta. Sin embargo, al ser las municipalidades la figura pública más cercana a la población, y por no ver resuelta su demanda de agua ante las instancias mencionadas, es sobre las alcaldías donde recae la crítica.
Mejoras en el servicio de recolección de desechos
Este sí es un servicio que siempre han brindado las municipalidades a aquellas personas que pagan por recibirlo, de allí que no toda la población lo recibe, y de este servicio han quedado excluidos prácticamente la mayoría de la población que vive en las zonas consideradas rurales. Pero al igual que los casos anteriores, desde el gobierno central se ha comenzado a atender este servicio, a partir de la creación de la Asociación Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) en el 2024.
Inició sus actividades con un plan piloto en los municipios de La Libertad Costa, La Libertad Este, La Paz Este, San Salvador Este y San Salvador Centro, reportándose algunos problemas de coordinación entre las municipalidades y ANDRES, debido principalmente a que, ambas instancias comparten funciones relativas a la prestación de este servicio, y no siempre quedan claras las atribuciones de cada una.
Asimismo, la ley en su artículo 43, literal b), referido a la creación del Fondo de Actividades Especiales para la Logística y Ejecución de la Recolección, Aprovechamiento y Disposición Final de Residuos, señala como una de las fuentes del fondo mencionado: “El porcentaje que por Ley corresponda del cobro de tasas municipales, que las alcaldías realicen en concepto de barrido, aseo, limpieza, transporte y disposición final o gestión de residuos sólidos” (Decreto 186, 20 de diciembre de 2024); lo que significa otra reducción a los fondos propios de las municipalidades.
Mayor cercanía con las comunidades
En el pasado cercano, las personas siempre reconocían lo valioso que era tener la cercanía de una instancia de gobierno, el que se encontraba representado en las municipalidades, más cuando los gobiernos locales funcionaban como gobiernos abiertos a la ciudadanía. Y es que las personas electas eran vecinos del lugar, conocidos, tenían vivencias comunes por nacer y vivir en el mismo espacio. Pero a partir de las elecciones del 2024, eso cambió producto de la aprobación en el 2023 de la Ley Especial de Reestructuración Municipal, que redujo por decreto el número de municipios, pasando de ser 262 a 44.
Es a partir de ese decreto que la cercanía ya no es tan sentida como antes; la municipalidad y su gobierno ya no se tienen a la mano, lo que está cerca son las oficinas distritales que no tienen poder de decisión, ya que todo pasa por el gobierno municipal que se ubica físicamente en uno de los distritos que conforman cada municipio. Esta situación es la que ha generado, desde la aplicación de la ley, un sentido de abandono y lejanía de los gobiernos locales, y en general de las municipalidades.
Así se tiene, por ejemplo, que mientras Santa Ana Centro y Sonsonate Oeste tienen un solo distrito cada uno (Santa Ana y Acajutla, respectivamente), Chalatenango Sur tiene 20 distritos; siendo el municipio con más distritos en el país, seguido por Morazán Sur con 15 distritos, y así se van conformando los municipios con la diversidad que esto conlleva (Decreto 762, 14 de junio de 2023). Bajo esta modalidad es difícil que las personas sientan la cercanía de las alcaldías y sus representantes.
Para concluir, parece ser que el nivel de satisfacción señalado, debido principalmente a la no respuesta de las demandas de la ciudadanía en cada lugar, se ha asignado por situaciones que no necesariamente son responsabilidad de las alcaldías, sino que, por una parte, la satisfacción de varias de las demandas depende de instancias nacionales; por otra, la disminución en la asignación del FODES, aprobada por la Asamblea Legislativa, limitó a las municipalidades en la ejecución de proyectos que antes sí realizaba; y la poca cercanía que la ciudadanía siente de parte de sus gobiernos locales, es producto de una ley que alejó la instancia de gobierno local de su población, con lo que se cortó la posibilidad de establecer diálogos entre los gobiernos locales y la ciudadanía en cada lugar, sobre los principales problemas que se enfrentan en cada municipio.
Referencias
Decreto 210 (17 de noviembre de 2021). Ley de creación de la Dirección de Obras Municipales. Diario Oficial. No. 219. Tomo No. 433 del 17 de noviembre de 2021 https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/161721C0-298E-4296-AAF5-AD31033D89E2.pdf
Decreto 762 (14 de junio de 2023). Ley Especial para la Reestructuración Municipal. Diario Oficial. No.110. Tomo No. 439 del 14 de junio de 2023 https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/4FA37028-862A-4843-B744-CF7DD36ACAE5.pdf
Decreto 244 (20 de diciembre de 2024). Ley Especial de Recolección, Aprovechamiento y Disposición Final de Residuos. Diario Oficial No. 244. Tomo No. 445 del 20 de diciembre de 2024 https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/A04D1AA0-F276-4E77-B25B-97638B6EE51E.pdf
IUDOP (junio de 2026). Evaluación ciudadana del séptimo año de gobierno de Nayib Bukele y del segundo año legislativo y municipal en El Salvador. https://uca.edu.sv/iudop/wp-content/uploads/2026/06/Presentacion-conferencia-de-prensa-24-Junio-1.pdf
Portillo, D. (4 de octubre de 2023). El recorte del FODES le ha valido $506 mill al Gobierno de El Salvador. https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/El-recorte-del-FODES-le-ha-valido-506-mill-al-Gobierno-de-El-Salvador-20231003-0089.html
Portillo, K. (30 de junio de 2026). Ciudadanía evalúa Gobierno, Asamblea y alcaldías. Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. https://noticias.uca.edu.sv/noticias/ciudadania-evalua-gobierno-asamblea-y-alcaldias