El libre tránsito es un derecho universal; sin embargo, en la práctica, diversos sectores de la población son excluidos. Me refiero a personas con discapacidad motriz o sensorial, personas adultas mayores y mujeres embarazadas, quienes día a día enfrentan barreras que limitan la forma en la que transitan por las diferentes calles de nuestro país. A pesar de que en El Salvador existe un marco normativo que defiende este derecho — como la ley de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y la ley especial de inclusión de las personas con discapacidad – este derecho sigue siendo vulnerado.
El distrito de Santa Tecla no es la excepción, donde la realidad dista drásticamente de la legalidad. Las escenas son cotidianas y preocupantes: personas en sillas de ruedas imposibilitadas de ingresar a pasajes peatonales; mujeres embarazadas o con coches de bebé obligadas a transitar entre vehículos para rodear obstáculos en las aceras; y adultos mayores luchando por subir o bajar escaleras sin tener donde sostenerse o esperando un transporte público que rara vez tiene la paciencia de aguardar su abordaje. Estos ejemplos son el rostro de una exclusión que contradice lo establecido en la Política Metropolitana de Movilidad Urbana del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), la cual señala que:
La movilidad en sí posee una dimensión social en la que nadie puede -ni debe- ser excluido: mujeres, personas mayores, personas con discapacidad y sectores diversos de la sociedad. Lo anterior nos habla de que en la planificación de la movilidad se debe tener en cuenta esta pluralidad de actores en la toma de decisiones. (Consejo de Alcaldes y Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador [COAMSS/OPAMSS], 2020)
Sin embargo, como habitante del distrito y como mujer en estado de embarazo, puedo dar testimonio de que la realidad es otra: el libre tránsito sigue siendo un privilegio y no un derecho para todas las personas. En la zona rural o en la parte más antigua del distrito es habitual encontrarse con calles en mal estado, aceras obstruidas con vehículos o artículos en desuso, falta de accesos adecuados a instituciones públicas y privadas, ausencia de señalización podotáctil y un transporte público inadecuado con personal no capacitado, sumado todo esto a la escasa cultura ciudadana, se convierten en obstáculos que enfrentamos diariamente y que limitan, sobre todo a personas con condiciones de discapacidad permanente, a ejercer su derecho a participar activamente en la vida económica, cultural y política del territorio, vulnerando además el acceso a otros derechos como la educación, la salud, el ocio, entre otros.
Dichas barreras no solo afectan la calidad de vida de las personas, sino que actúan como frenos al desarrollo territorial al excluir a esta población de diversas oportunidades. Esta situación revela una gestión política que deja de lado el derecho de libre tránsito para sus habitantes, sumado a una fragmentada coordinación entre instituciones y una planificación urbana deficiente que prioriza el diseño para atraer el turismo en la zona céntrica de la ciudad por sobre la satisfacción de las necesidades de la población que habita el distrito y que día a día recorre sus calles.
En este contexto, la planificación territorial inclusiva adquiere relevancia, especialmente en un distrito de alta densidad poblacional y una gran diversidad de actores. No basta con arreglar la infraestructura deteriorada o desplegar al Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) para remover obstáculos de las aceras; el reto es mucho mayor. Es indispensable diseñar políticas públicas fundamentadas en diagnósticos participativos que pongan sobre la mesa las necesidades reales de quienes habitamos el espacio para visualizar el conjunto de necesidades. Esto implica una gestión integral que asigne recursos específicos, fomente la conciencia ciudadana y, sobre todo, garantice el cumplimiento de la normativa vigente.
La planificación territorial – tal como lo menciona la Política Metropolitana de Movilidad Urbana (Consejo de Alcaldes y Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador [COAMSS/OPAMSS], 2020) – “debe tener en cuenta esta pluralidad de actores en la toma de decisiones”, los espacios no solo deben verse bonitos, deben ser capaces de posibilitar la satisfacción de necesidades de sus habitantes, deben ser por lo tanto inclusivos garantizando la accesibilidad y seguridad a toda la población para permitir un verdadero desarrollo territorial.
Referencia Bibliográfica
Consejo de Alcaldes y Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador [COAMSS/OPAMSS]. (2020). Política Metropolitana de Movilidad Urbana. https://opamss.org.sv/wp-content/uploads/2021/12/Politica-Metropolitana-de-Movilidad-Urbana.pdf