El año 2000 inauguró un nuevo milenio y representó para El Salvador un período decisivo de transición política y crisis económica. De acuerdo con Vega (2023), con la ilusión del ingreso del nuevo milenio, la violencia daba vestigios de que había mutado de una guerra civil a una violencia de pandillas, y sus causas se debían siempre a los altos niveles de marginación, de exclusión económica y social de las mayorías. En consecuencia, la delincuencia común aumentó y las pandillas se consolidaron; pasaron de grupos juveniles callejeros a complejas estructuras de crimen organizado, amenazando la seguridad pública del país. Para este autor algo quedó claro: las reformas políticas que se hicieron dentro de los Acuerdos de Paz en 1992 no lograron resolver las raíces estructurales del conflicto, ni tampoco consiguieron cerrarlo; solo lo transformaron.
Frente a este escenario, los distintos gobiernos de turno comenzaron a reaccionar de manera represiva y a declararle la guerra a las pandillas con mano dura, bajo una narrativa que terminó elevando a las pandillas a organizaciones terroristas. Hoy El Salvador es más seguro que hace una década, según las tasas de homicidios actuales. No obstante, esas mismas cifras ocultan más de lo que se revela, como advierte Cardenal (2026) “La estadística oficial de los homicidios no incluye formas de violencia como los feminicidios y las desapariciones, el abuso de poder y las violaciones, y la corrupción”.
Esta distancia entre la paz oficial y la paz realmente vivida plantea una pregunta incómoda, urgente y necesaria: ¿Habrá alguna alternativa a la lógica exclusivamente punitiva que ha prevalecido en la respuesta del Estado? El perdón político es una de esas opciones que se han explorado poco.
El perdón político y su promoción.
Es probable que la mayoría de los salvadoreños no dimensionen los alcances que tiene el acto de perdonar más allá del ámbito de lo privado, ya que el perdón se ha asumido desde una postura moral con connotaciones religiosas. Sin embargo, con las apariciones de “las comisiones de la verdad y la reconciliación, en países o regiones que acaban de superar un conflicto violento interno, o que acaban de salir de un régimen opresivo y violento” (Jiménez, 2018, p. 26), queda demostrado que el perdón, además de ser un acto generoso, puede ser un elemento clave para la construcción de una cultura de paz, posicionándose como “parte integral del establecimiento y mantenimiento de la vida política” y, por consiguiente, de la paz (Peter Digeser (2001), citado por Jiménez, 2018, p. 26).
Con el fin de situar el perdón en el corazón de la política, Erin Daly y Jeremy Sarkin (2007, citados por Jiménez, 2018, p. 26) señalan que “la reconciliación tiene un enorme potencial para ayudar a naciones nuevas y divididas a navegar a través de las aguas rocosas de la transición política” y Walter Wink (2006, citado por Jiménez, 2018, p. 26) lo refuerza expresando que “el alcance del perdón, el arrepentimiento, y la reconciliación para naciones enteras es una de las grandes innovaciones de la diplomacia de nuestro tiempo”.
Por consiguiente, al acto público y decisional donde el afectado, sea individual o colectivo, abandona la revancha y exime del castigo merecido, por parte o por completo al culpable, se denomina perdón político. El cual debe ser promovido no solo por las víctimas, sino también por los gobiernos y por toda figura de autoridad, que hable en nombre de un grupo mediante disculpas de Estados, comisiones de la verdad y declaraciones de arrepentimiento (Jiménez, 2018, p. 31, 33).
Razones éticas para integrar el perdón a la arena política.
Frente a una nación que, como El Salvador, que registró 62 homicidios en 24 horas el 26 de marzo del 2022 (Jordán, 2022), ¿podría el perdón político ser el método éticamente apropiado para que tanto las víctimas como los agresores reconstruyan una sociedad tan profundamente desfigurada por la violencia?
Mark Amstutz (2005, citado por Jiménez, 2018, p. 40) establece que “el perdón político se basa en una concepción más humana de la justicia, como es la justicia restaurativa centrada en la sanidad y restauración tanto de víctima como de victimario”, en lugar de limitarse a castigar. Este enfoque implica no alimentar resentimientos, porque evita la exclusión permanente; ya que fomenta la paz al no cerrar las oportunidades de integración social para el agresor, pues este compensará de alguna manera a la víctima.
Por otra parte, sostiene que el perdón político ayuda a romper los ciclos de victimización, es decir, se espera que la persona agredida no se convierta en un agresor, puesto que los sentimientos de resentimiento no tienen por qué conducir siempre a acciones violentas. De esta manera, se ataca la raíz estructural de la violencia y se vuelve en una justificación especial para la paz verdadera.
¿Basta el perdón decisional? 
Para referirse a perdón político, siempre será adecuado hablar de perdón decisional. En la política, como lo recuerda Digeser, (2001, citado por Jiménez, 2018, p. 31), las acciones deben ser externas y verificables y no estados internos que ningún gobierno puede supervisar. Exigir una transformación emocional a millones de salvadoreños como requisito para la paz sería difícil, e incluso injusto con quienes necesitan más tiempo para sanar. Por ende, el perdón decisional es necesario, pues se convierte en la antesala del perdón emocional, que implica liberarse realmente del rencor y la venganza, porque solo así el recuerdo de la ofensa deja de doler y la memoria queda verdaderamente sanada.
La anterior argumentación, sugiere evaluar si en El Salvador ha existido un proceso de perdón político ante la violencia de pandillas. Para ello es necesario, auxiliarse de los cinco elementos de Mark Amstutz (2005, citado por Jiménez, 2018, p. 35).
Primero, no hay un consenso de la verdad porque el gobierno atribuye la reducción de homicidios al régimen de excepción, negando negociaciones secretas con las pandillas. Segundo, no hay evidencia de que haya habido remordimiento y arrepentimiento de las pandillas. Tercero, no hay una renuncia a la venganza, el Estado ha optado por la vía retributiva y abusado de su poder violando los derechos humanos del agresor. Cuarto, la empatía hacia el victimario como hacia las víctimas está ausente en los discursos oficiales. Quinto, no hay reducción del castigo, sino su intensificación, suspendiendo garantías constitucionales prolongadas más de cincuenta veces. En resumen, El Salvador ha consolidado la seguridad a través de una justicia retributiva, no restaurativa.
Por tanto, hablar de una posibilidad de perdón político en el país en el contexto de violencia de pandillas, aún no es evidenciable.
Referencias
Cardenal, R. (29 de enero de 2026). ¿Cuán segura es la seguridad del modelo Bukele? Obtenido de Universidad Centroamericana José Simeón Cañas: https://noticias.uca.edu.sv/articulos/cuan-segura-es-la-seguridad-del-modelo-bukele
Jiménez, J. (2018). Perdón político tras conflictos violentos: Bondades y objeciones. Revista de Paz y Conflictos, 11(2), 25-47. Recuperado de: https://doi.org/10.30827/revpaz.v11i2.5323
Jordán, L. (27 de marzo de 2022). Sábado cerró con el mayor número de asesinatos desde que existe el registro diario en El Salvador. Obtenido de laprensagrafica.com: https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/71-asesinatos-ocurridos-en-46-horas-en-el-pais-20220326-0039.html
Vega, M. (18 de febrero de 2023). La mutación de la violencia. Obtenido de elsalvador.com: https://www.elsalvador.com/h-opinion/h-editoriales/cristianismo-/1040720/2023/