A partir de los marcos normativos internacionales en materia de niñez y adolescencia, se ha establecido a nivel nacional una política y ley especializada para este segmento poblacional, la cual, es retomada por los gobiernos locales. La alcaldía municipal de Soyapango, a través de consultas creó la Política de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (2021), la cual es análisis de estudio en el presente ensayo, permitiendo conocer los avances y desafíos prácticos en la implementación y una breve contextualización de las normativas.
A nivel internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), es el instrumento jurídico más ampliamente ratificado por 196 países, en la que se reconoce la figura y los derechos de niñez y adolescencia, incluyendo el principio del “interés superior del niño”, es por ello, a partir de este reconocimiento, los Estados empiezan a incorporar estos principios en las legislaciones especializadas (Barahona, 2022).
El Salvador consolida el enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA) con la creación de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (LEPINA), según Decreto Legislativo 839 (2009), la cual fue derogada y sustituida por la Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, según Decreto Legislativo 431 (2022), entrando en vigencia el 1 de enero de 2023, así como la creación y aplicación de la Política Nacional de Apoyo al Desarrollo Infantil Temprano Crecer Juntos (2022), que tiene como objetivo “atender la salud, nutrición, educación, aprendizaje, cuidados y protección, a través de estrategias, programas y acciones interinstitucionales e intersectoriales para impactar en los objetivos económicos y sociales a largo plazo, gozando de oportunidades equitativas y mejora en la calidad de vida” (p. 9), y sobre todo estableciendo todo un sistema nacional de protección integral institucional.
A nivel local, la Alcaldía Municipal de Soyapango (2021), ha creado e implementado la Política de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, la cual fue elaborada de manera participativa e inclusiva con “docente, madres y padres, niñas, niños y adolescentes estudiantes del municipio” (p. 8), a través de la realización de encuestas y grupos focales; sin embargo, en la participación se dejó de lado a otros actores presentes en el territorio que trabajan en atenciones a los NNA como ONG, organizaciones juveniles, personal de salud, etc.
La dinámica de la niñez y adolescencia en el territorio ha estado marcada por problemáticas como el trabajo infantil, prevaleciendo mayoritariamente en hombres con edades de 14 a 17 años, los cuales han desertado de sus centros escolares, pese a haber una normativa cuya difusión es baja, los trabajos se siguen manteniendo para los menores, especialmente en el sector informal (mercados); una segunda problemática radica en el abandono de padres y/o madres o ambos a los NNA, debido a factores de migración, inseguridad o muerte; una tercera problemática comprende los embarazos en niñas y adolescentes en edades de 12 a 17 años; y por último, los pocos espacios dinamizados, recuperados o reactivados de recreación y esparcimiento.
A partir de estas problemáticas, la política municipal comprende un objetivo general y cinco específicos, en el que se establecen “acciones coordinadas entre entidades gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y el apoyo y colaboración de organismos nacionales e internacionales” (p.10); sin embargo, no se especifica en la política el mapeo de actores institucionales en el territorio y su forma de articulación, detallando el dato únicamente en generalidades.
En las estrategias de intervención y líneas de acción, se establecen las vinculantes al derecho de supervivencia y crecimiento integral, especificando la ejecución de acciones, proyectos o programas, así como una asignación presupuestaria; sin embargo, este último dato no se da a conocer a la población, incluso, a pesar de ser solicitada al Oficial de Información Pública (OIR), por lo cual algunos procesos carecen de transparencia en la implementación de la misma. En las estrategias de protección, desarrollo y participación, si bien se establece el monitoreo de los procesos desde la creación de la normativa, los avances han sido puntuales, más no continuos, incluso una forma de medir el indicador es a través del dato y no como un impacto generado a la población que habita en el territorio, esto se ve reflejado en la baja difusión, ya que algunas personas expresan desconocer la política.
Por tal motivo, la política si bien contiene elementos esenciales de contexto, objetivos, actores, estrategias, proceso de monitoreo, en la práctica se queda corta, especialmente en el proceso de difusión, debido a que a los NNA se les siguen vulnerando y violando los derechos, los cuales son observables en las denuncias y en las problemáticas aun presentes, lo cual representa un desafío para los implementadores, no solo cumplirla, sino actualizarla a las nuevas normativas y a las problemáticas que van surgiendo, así como a los usuarios en exigir la defensa de los derechos.
Referencias: