Una ciudadanía informada es el único depositario verdadero de la voluntad pública.

Thomas Jefferson.

La implementación efectiva de políticas públicas territoriales, de la mano de una institucionalidad sólida y una adecuada descentralización del Estado son puntos de partida para dinamizar el desarrollo territorial a nivel local. En el actual contexto salvadoreño, cambiante y demandante de propuestas y acciones acordes con las transformaciones que atraviesa, cobra relevancia reflexionar sobre la manera en cómo todas las acciones antes mencionadas se llevan a cabo o si efectivamente se llevan a cabo. 

Bajo estas premisas, es necesario esclarecer algunos conceptos que son en apariencia complejos ya sea por lo que implican, por la información al respecto disponible o simplemente por el desinterés de la población. Por ejemplo, si se piensa en institucionalidad, puede tenderse a relacionarlo con una institución gubernamental, sin embargo, la institucionalidad, desde un enfoque social, es el conjunto de reglas del juego que se ponen en funcionamiento para procesar los problemas sociales. (Martínez, 2019)

Por su parte, la descentralización del Estado, hace referencia a la transferencia de autoridad y responsabilidad desde el gobierno central hacia entidades subnacionales, como las municipalidades. Este proceso busca fortalecer la participación ciudadana, la eficiencia administrativa y la capacidad de respuesta a las necesidades locales. (R. Jiménez, comunicación personal, 2024)

Sobre las políticas públicas, Graglia (2004) las define como aquellos “proyectos y actividades que un estado diseña y gestiona a través de un gobierno y una administración a los fines de satisfacer necesidades de una sociedad”. Por lo tanto, para que una política pública sea exitosa, necesita identificar claramente las necesidades de la población para que, la instancia de gobierno más próxima pueda administrarlo, haciendo uso de su facultad descentralizada del gobierno central. Finalmente necesita además una institucionalidad sólida sobre la cual tenga su apoyo legal y jurídico para que funcione correctamente.

En este punto, por simple inspección, las políticas públicas son en apariencia proyectos complejos, pero no complicados de llevar a cabo, sin embargo, es necesario traer a colación un factor presente e innegable en este tipo de gestiones y mecanismos, que no es nada más que los procesos reales y la forma en que se ejecutan las acciones que muchas veces dista de lo que puede estar expresado textualmente en una ordenanza, una normativa o una ley, es decir los procesos que se realizan de facto.

Martínez (2019), señala que uno de los desafíos presentes en las políticas sociales es el contraste entre la institucionalidad formal, entendida como el de jure y lo que verdaderamente se practica socialmente y a nivel de gobierno, es decir lo que se hace de facto. Y es además un rasgo que resulta ser repetitivo en los países de América Latinoamérica.

Al analizar esta situación en un caso particular de El Salvador, específicamente en materia de planificación urbana y accesibilidad universal, se encuentran una serie de instrumentos de carácter legal que reconocen el derecho de movilidad de las personas con discapacidad, como se establece en el art. 9, numeral 1 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: 

A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones…

Paralelamente al reconocimiento de estos derechos, existe un instrumento denominado Normativa Técnica de Accesibilidad Universal generada por el CONAIPD que consiste en una guía para la proyección de diseños con las dimensiones y características mínimas con las que debe contar un espacio público (vías peatonales, cruces peatonales de calles, rampas, entre otros) para que una persona que posea algún tipo de discapacidad pueda desplazarse por su cuenta. 

Un ejemplo concreto de lo que establece la normativa antes mencionada es la incorporación de sendas o pisos podo táctiles, que consisten en un cambio de color y textura en la vía peatonal que sirva como guía para las personas con discapacidad visual o visión reducida y que deben estar en áreas de circulación y en espacios amplios indicando el camino a ser recorrido (CONAIPD, 2014) lo cual, se puede establecer es el de jure. 

En contraposición a esto, se presenta el escenario de lo real, donde las sendas podo táctiles no son continuas, no se encuentran en todas las vías peatonales o no cuentan con las características adecuadas. Mas bien, lo que se observa de facto, es como la mayoría de las aceras presentan barreras físicas como estructuras publicitarias que abarcan casi la totalidad del ancho de la misma, entorpeciendo el paso del peatón y obviando además la Normativa Técnica del CONAIPD. Situación que arroja luces sobre dónde se encuentran las prioridades de las instancias gubernamentales llamadas a velar por el cumplimiento de dicha normativa. 

A partir del ejemplo anterior, puede decirse que desde el punto de vista de la accesibilidad universal y el cumplimiento de lo que su marco legal establece, existe una institucionalidad débil, que puede vincularse diversos factores desde el desconocimiento, el desinterés o que, puede venir de un componente administrativo como el creciente deterioro de las finanzas públicas municipales por la disminución de ingresos debido a la centralización del presupuesto en la Dirección de Obras Municipales (DOM) y retiro del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES) (C. Grande, comunicación personal, 2022). Lo cual refuerza la idea de que, para que una política pública sea exitosa, requiere, entre otros aspectos, que se realice un adecuado proceso de descentralización del Estado.

Por lo tanto, debe reconocerse que en aras de una implementación efectiva de políticas públicas territoriales es necesario fortalecer los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, así como la promoción de una ciudadanía activa en la gestión pública a nivel local en cualquiera de los ámbitos que abarca la esfera del desarrollo territorial. Y que, ciertamente el éxito de una política pública depende en un alto porcentaje del componente gubernamental y técnico, pero que la población salvadoreña está llamada a reflexionar sobre el accionar de estos actores y plantearse si el objetivo que se pretende lograr es una institucionalidad que funcione ¿de jure o de facto?

Referencias

CONAIPD. (2014). Normativa Técnica de Accesibilidad Universal. San Salvador, El Salvador

Graglia, E. (2004). Políticas Públicas: Fases y fallas como proceso de satisfacción social. Studia Politicae. Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, de la Universidad Católica de Córdoba, Argentina.

Martínez, R. (ed.) (2019). Institucionalidad social en América Latina y el Caribe. Libros de la CEPAL, No. 146. Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL.