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La distribución de la riqueza siempre ha sido un concepto incómodo, que se esconde tras las mediciones globales que enmarcan el desarrollo desde un enfoque económico. El desarrollo visto desde la perspectiva de mercado, en la que un empresario promueve la producción en términos de ganancias para su empresa y por tanto para sus inversionistas, puede generar progreso a un país en un marco general de producción y consumo. De esta manera, aumenta el PIB y por ende el PIB per cápita, pero este ejercicio teórico no necesariamente mejora las condiciones de vida de los ciudadanos de un país. Por ejemplo, durante la gestión presidencial de Francisco Flores, El Salvador pasa de ser un país de renta baja a un país de renta media baja1. Esto indica un crecimiento económico considerable, pero no fue suficiente para que El Salvador erradicara la pobreza y disminuyera la desigualdad social a un ritmo de crecimiento equiparable al económico. Es más, para El Salvador supuso la pérdida de gran parte de la cooperación2, quienes priorizaron su ayuda a países que quedaron en el rango de renta baja.
Según la CEPAL (2012) “la desigualdad de ingresos es una de las expresiones más evidentes de la desigualdad y es un obstáculo al desarrollo y a la garantía de los derechos y del bienestar de las personas”. Esta condición de concentración de la riqueza, permite que los pobres sigan siendo pobres; y que ellos, por ende, normalicen su condición al no poder salir de la pobreza –pues no cuentan con recursos para acceder a una mejor educación, alimentación o salud. La caracterización de la pobreza, por tanto, recurre no solo a los paradigmas monetarios, si no que necesita además agudizar el diagnóstico particular por territorio y visualizar el marco social de la pobreza y las implicaciones particulares en cada territorio.
Nussbaum (2012) colocaba la búsqueda de la dignidad de las personas como marco delimitador del desarrollo, argumentando que al ser humano deben garantizarle una serie de capacidades centrales que le permitan su desarrollo integral. Esta apuesta indica una clara sensibilización de las teorías del desarrollo en torno al desarrollo humano. Podemos asegurar entonces que la pobreza y el desarrollo son mucho más complejos que superar un número. Los aspectos sociales, culturales y medioambientales son prioritarios para la alcanzar el desarrollo desde la dimensión humana. Ahora, todos estos temas podrían desarrollarse dentro de un plan de desarrollo global o territorial, pero siempre implicará la necesaria inyección económica que promueva la búsqueda incansable de excelentes niveles de bienestar de las sociedades. Pero esta inversión deberá corresponder a la problematización de la pobreza en un territorio y las propuestas de solución que surjan para las mismas.
Banerjee y Duflo (2018) proponen pensar la pobreza “como un conjunto de problemas específicos que, una vez identificados y comprendidos, pueden ser resueltos de uno en uno”. La pregunta es, ¿en qué orden de prioridad podrían ser resueltos una vez identificadas? Los ODS marcan un camino específico para la erradicación de la pobreza en el marco del desarrollo, y enlistan los objetivos de acuerdo al análisis global de la pobreza. Pero ¿todos los países tienen la misma caracterización de la pobreza? No necesariamente. Brasil es uno de los países denominados como emergentes, lo que indica que está creciendo y está alcanzando cierto grado de desarrollo. Pero también, otros indicadores reflejan un claro aumento de personas entrando a la pobreza en el año 20183. Son características particulares de la situación de Brasil que lo han llevado a esta situación, sin menospreciar el contexto global en el que se desarrolla. Brasil deberá pensar si el camino recorrido es su única opción al desarrollo; o puede abrir nuevas puertas partiendo de las necesidades específicas de su población para poder revertir la desigualdad en la que está entrando con fuerza.
“Las alternativas al desarrollo, más allá del progreso y de la modernidad”, son presentadas por Gudynas (2011), quien enfatiza la posibilidad de generar desarrollo desde la convivencialidad, desmaterialización de la economía o el buen vivir (sumak kawsay). Eso abre oportunidades infinitas para integrar la fuerza social comunitaria en la participación activa de su propio desarrollo. Sería un reto tratar de integrar este concepto al del capitalismo que ya está establecido. Lo ideal sería buscar o propiciar espacio desde donde puedan partir estas ideas y seguramente eso nos llevará a ubicarnos en el espacio menos pensado y más necesitado de “desarrollo”, es decir, partir del territorio, entendiéndolo como el espacio comunitario donde se desarrolla la vida.
Este tipo de “desarrollo denominado como territorial, “es un proceso social de alta complejidad” Montoya (1992), pero social al fin y al cabo. Este concepto poco común abre la posibilidad de establecer alianzas entre el sector social comunitario, privado y público, colocándolos en el mismo nivel de acción.
Pero, entonces, ¿están preparadas nuestras comunidades para participar de este proceso? Partamos de la idea que las comunidades conocen perfectamente sus necesidades, y las afectaciones que para ellas generan las limitadas condiciones en las que viven. Bastará hablar con ellos para enlistar una serie de problemáticas. Ahora bien, pasar de ese reconocimiento de la problemática a la formulación de propuestas concretas en forma de proyecto (que luego necesitará buscar financiamiento, asesoría jurídica, etc), implica la necesidad de generar un periodo –previo- de desarrollo de competencias en la comunidad. En otras palabras, brindar a la comunidad las herramientas necesarias de organización, gestión y derecho humanos para abrir brechas en la negociación de la inversión, por ejemplo.
A pesar de la complejidad del planteamiento anterior, el aspecto más difícil en la formulación de planes de desarrollo territorial -generados desde y con la comunidad- es lograr el interés de participación de todos los sectores, por ejemplo del sector privado comercial; quienes actualmente no solo concentran la riqueza de las sociedades o países, sino que esta situación les permite tener incidencia en el ámbito político, tributario o judicial. Una condición que les hace prescindir del diálogo o consenso con la ciudadanía.
El siguiente paso sería conseguir un nivel de incidencia política de las comunidades organizadas dentro de la sociedad, como un contrapeso a los sectores que actualmente dominan y tienen el poder de decisión. De esta manera, las comunidades podrían lograr que los planes de desarrollo tomen en cuenta los intereses y necesidades de sus territorios, lo que Ellacuría () plantea como la “opción preferencial por los pobres, entendida de modo que estos sean lo que dinámicamente tomen la iniciativa” y decisiones sobre sus problemáticas
1. Banerjee, A., Duflo, E. Repensar la pobreza, Taurus, 2018, pp. 8-22 y 242-247.
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