Foto de prospectsaso.com

Los desafíos de la institucionalidad y marco legal en lo que compete al desarrollo territorial, han sufrido cambios que dependen de procesos históricos que caracterizan cada época. Actualmente nos encontramos frente a diversos desafíos que responden al contexto político, social, económico y cultural de nuestra sociedad. Uno de los principales desafíos que podemos identificar está relacionado con una débil gobernanza, producto del escaso reconocimiento y legitimidad de ejercicio de los gobiernos locales, derivado de escasos espacios de participación ciudadana y la crisis de la transparencia.

Si bien es cierto, la institucionalidad está conformada no solo por instituciones, leyes, ordenanzas, reglamentos, etc. Todo un marco legal estructurado, también está dinamizado y cobra significación gracias a las constantes interacciones entre diversos actores de la sociedad y cómo se construye gobernanza.  Considerando que “la gobernanza surge de interacciones reciprocas entre actores políticos y sociales en el marco de las instituciones” (Urcuyo,2010). La débil gobernanza, se fundamenta precisamente en poco reconocimiento y legitimidad otorgado al gobierno en general, e igualmente aplicable a los gobiernos locales, la cual va desde la baja participación en elecciones como producto del desinterés de los votantes en poder elegir a sus representantes, así como la desconfianza en los partidos políticos, provocando que los funcionarios sean electos por la minoría, más no totalmente reconocidos por la mayoría. La legitimidad va mucho más allá que la celebración de unas elecciones democráticas se trata de reconocimiento en el ejercicio de sus funciones, que garanticen inclusión, acuerdos, cumplimiento de derechos y obligaciones, etc.

Refiriéndonos a la relación con la institucionalidad vinculada con los procesos y prácticas locales, se debe tomar en cuenta que “se refiere a ese proceso en el que los actores hacen suyas estructuras organizativas y los marcos regulatorios de estas. Estas estructuras organizativas podrían ser formales o informales” (MDT, 2021). En ese sentido la participación ciudadana cobra importancia, ya que permite generar una conexión entre la población local con estructuras organizativas tanto formales como informales, generando sus aportes desde una perspectiva endógena.

Foto de blog.ida

En muchos casos la participación ciudadana ha sido reducida a mecanismos como cabildos abiertos, las cuales en ocasiones solo sirven de pantalla, sin ofrecer condiciones administrativas y jurídicas para una apertura real de participación. Para que realmente la participación genere una verdadera aproximación a la gestión pública, es necesario promoverla a través de la información y conocimiento de estos mecanismos, fomentar la capacidad de organización que permita generar incidencia en políticas públicas que promuevan la mejora en la calidad de vida en sus comunidades. Se debe tomar en cuenta que son las personas que habitan los territorios, los que conocen de primera mano las verdaderas necesidades y problemáticas.

De la mano con la participación ciudadana se encuentra la transparencia. Gran parte de la desconfianza en las instituciones y mecanismos democráticos se debe a la poca o nula transparencia de las autoridades competentes a la hora de brindar información pública. Es dentro de la participación ciudadana donde se debe promover la transparencia y rendición de cuentas. Estos medios deben ser siempre facilitados tanto por el gobierno central como municipal, garantizando acceso a la información, ya que contribuye a la ejecución y fiscalización de la labor de todas las instituciones que administren recursos públicos.

Por otro lado, el marco legal por el cual se rigen los diferentes actores que participan a nivel local, tanto en instituciones públicas como privadas, a pesar de que cuentan con instrumentos legales que establecen sus facultades y competencias, estas pueden llegar a tener ciertas ambigüedades o no ser totalmente claras, generando vacíos, dejando sin cumplimiento obligaciones o entrando en conflicto con otras instituciones. Es necesaria una armonización del marco legal que permita cumplir con todos los derechos y obligaciones de la población, sobre todo porque es a partir de estos que se enmarca el desarrollo dentro de los territorios.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Maestría en Desarrollo Territorial (2021). Marco institucional, UCA https://drive.google.com/file/d/12wqjestxP_2RXqNUPzpeb34pohB7VOjR/view

Urcuyo, Constantino (2010). Reflexiones sobre institucionalidad y gobernabilidad democrática: una visión desde el contexto Centroamericano. FLACSO https://drive.google.com/file/d/1sumsk0fq3SV9iCExWRaG728xaEmeUU4Z/view