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De entrada hay que decir que sí. Otra cosa es que los caminos, es decir, los métodos posibles para ello, sean diversos, unos más “viables” que otros… Aquí no es posible decir que “todos los caminos llevan a” la reconciliación, si ésta se ha de entender justamente, no como relación apazguatada, sino como relaciones justas y de bien – estar.
El asunto sigue estando presente, o ausente si se quiere, en la agenda nacional. En los últimos días diversas discusiones sobre el 16 de enero y sobre el acceso a Archivos, ministeriales o arzobispales, han alborotado el asunto, callando algunos y hablando otros según convenga. Yo siempre he sido partidario de hablar de “los acuerdos de 1992” y no tanto de “los acuerdos de paz”. Creo que el asunto merece un tratamiento justo y no demagógico… en realidad, los acuerdos del 92 habían pasado al olvido deseado, hasta que se alborotó el panal… ahora todo mundo los defiende… incluso aquellos que han sido indiferentes. En este punto, la clase política en su conjunto es cínica: hemos vivido con una ley de amnistía, primero explícita y luego implícita, sin alcanza una normativa sobre reconciliación como Dios manda – o debería mandar. ¡¡¡Y ese tema es asunto medular de los acuerdos del 92!!!! Por tanto, es impropio alabar los acuerdos del 92.
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Pero si debe hacer el rescate necesario. Por supuesto, fueron el instrumento esencial para poner fin a la guerra civil. Esto no puede ignorarse. Pero tenían la pretensión no sólo de poner fin, sino de atender a las causas que lo produjeron. En este caso son dos los ámbitos genéricos de acción: el político y el económico. Políticamente implicó la desmovilización de los armados y reducción del ejército, así como la reforma del estado. Si una de las grandes taras políticas era la exclusión política de la izquierda de parte de los gobiernos oligárquico-militares, los acuerdos del 92 permitieron la participación de la izquierda en el juego electoral. Además, claro está, de la creación de nuevas instituciones o reformas de las existentes para garantizar la democracia formal: la Procuraduría de los DDHH, nueva Policía – esa que olvida recurrentemente que tiene un apellido específico: civil – el Consejo de la Judicatura, etc. La deuda gigantesca está en la atención de las causas estructurales del conflicto: la dimensión económico-social. El esperado Foro Económico Social, parte de los acuerdos, no prosperó simplemente porque el gobierno de Cristiani con lo pactado en el 92 recibió una implícita luz verde para emprender las reformas neoliberales. Con ello, las causas profundas de la guerra civil, la exclusión y la opresión que provienen de un sistema económico que crea desigualdad, no se tomaron en cuenta ni para revisión.
Como colofón, aunque las cúpulas partidarias crearon un espacio para el entendimiento, los esfuerzos por cimentar una sociedad reconciliada consigo misma, fueron ignorados. Hemos sido forzados a vivir sin los espacios y tiempos de sanación, personales y sociales, necesarios tras la guerra donde todos y todas hemos tenidos familiares y conocidos cercanos combatientes, desaparecidos o muertos, de ambos bandos. Como bien dijo el Arzobispo recientemente, en alusión a los archivos que custodia: las víctimas son de ambos lados… esto es cierto aunque puedan hacerse diferenciaciones cuantitativas y cualitativas.
Esto apunta a un elemento sustantivo: ¿cómo proceder cuando hay víctimas por todos lados? En la Comunidad El Zarzal hay familiares de combatientes de ambos lados: milicianos y reclutados. Mataron y fueron matados. Esa es la realidad. La “justicia tradicional” procesalmente ve únicamente la necesidad de imponer penas… quién esté libre de pecado, lance la primera piedra… No imponer penas se ve, en la justicia tradicional, como impunidad, porque tiene una visión punitiva de la justicia. Lo que necesitamos es una visión reconciliatoria de la justicia que no priorice el castigo, sino el asumir responsabilidades, la construcción de medidas reparadoras – no hablamos de compensación económica, que ese la salida fácil – espacios de sanación y mecanismos de no repetición. Se necesitan procesos territoriales, no sólo de cúpulas.
Podemos seguir defenestrando los acuerdos del 92 o falsamente defenderlos. Sin mecanismos reales de justicia que no sean de carácter punitivo, sino orientados a la reconciliación, simplemente sigue prevaleciendo el cinismo político y ciudadano.