Derecho a la ciudad Klaus Vedfelt ( En Getty Images)

El desarrollo territorial sostenible deberá, para cumplir con el elemento de sostenibilidad, tomar en consideración las características propias de cada uno de los territorios, las cuales se manifiestan por medio de situaciones particulares, donde las dificultades enfrentadas requieren soluciones diseñadas acorde a la realidad existente y la disponibilidad de recursos de cada uno de los municipios.

En este sentido, el papel de los gobiernos locales se convierte en un elemento primordial para la resolución de problemáticas, ya que son los más próximos al entorno donde habitan las personas y esto les permite identificar de una forma más acertada las necesidades que se tienen,  por medio de acciones que aborden de manera integral las insuficiencias  presentes en el territorio.

Carrión y Guardia (2019)[1] mencionan que el derecho a la ciudad se puede analizar desde distintos sentidos:

El derecho a la ciudad opera como un paraguas general que involucra distintas demandas urbanas socialmente no satisfechas […] Luego se encuentran aquellas organizaciones que han realizado un ejercicio por tratar de delimitar las demandas sobre derecho a la ciudad como un discurso respecto a un acceso equitativo a la producción y apropiación de la ciudad […] Y posteriormente, en un punto medio, se localizan los discursos que se ubican en el ámbito de la garantía universal de los derechos humanos, uno de los cuales sería el derecho a la ciudad. (p.13)

Movilidad para personas con discapacidad visual ( En Getty Images) RonBailey

Cada una de estas ideas hace alusión a argumentos distintos, sin embargo, es posible denotar que se complementan entre ellas. La primera de ellas la asociamos a temas de movilidad, seguridad, vivienda digna, entre otros. Sin embargo, dichos elementos forman parte de los Derechos Humanos, donde se ha contemplado la existencia del derecho a la ciudad, según se menciona en la Nueva Agenda Urbana (2017, p. 5)[2], la cual plantea que se busca que todas las personas puedan disfrutar de ciudades justas, seguras, sanas, accesibles, asequibles, resilientes y sostenibles, sin discriminación alguna. Y hace referencia específica al trabajo y esfuerzo de los gobiernos nacionales y locales para que lo anterior, conocido como el derecho a la ciudad, se incluya en sus leyes, declaraciones políticas y cartas, y se trabaje en la garantía del mismo.

Es por ello, que el rol de la gestión municipal debe de transformarse de uno pasivo a uno activo, donde se tome en cuenta la evolución existente en cada uno de los territorios y se deje de lado la visión simplista de las necesidades que los habitantes de una ciudad puedan tener.

Por tanto, tal como lo menciona Castillo[3], haciendo referencia de Jordi Borja, actualmente se cuenta con una cuarta generación de derechos, donde se transforman de simples a complejos. Dicha complejidad, debería de obligar a los gobiernos locales a hacer una distinción entre “el poseer una vivienda digna y la posibilidad de movilizarse” y “el tener derecho a organizarse, expresarse y participar con legitimidad de acción en búsqueda de condiciones que les permitan un nivel de vida adecuado y el desarrollo de actividades”, que signifiquen el ejercicio de una verdadera ciudadanía, ya que de esta manera se estará dando paso a una gestión municipal que plantee la calidad de vida como el objetivo principal del desarrollo de la ciudad.

REFERENCIAS

[1] Carrión, Fernando y Guardia, Manuel (2019) Derecho a la ciudad: una evocación de las transformaciones urbanas en América Latina. Primera Edición, Colección Grupos de Trabajo, CLACSO, Flacso. Lima. Recuperado de: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20200519104921/Derecho-a-la-ciudad.pdf

[2] Naciones Unidas (2017) Nueva Agenda Urbana. A/RES/71/256, Quito, Ecuador. Recuperado de: http://uploads.habitat3.org/hb3/NUA-Spanish.pdf

[3] Castillo, Juan. La Reconceptualización de un Nuevo Tipo de Ciudadanía Latinoamericana.