¡El Salvador se conecta a Internet! Rezaba la portada del 15 de diciembre de 1995 en uno de los periódicos de mayor circulación en el país, anunciando que se había concretizado el proceso inicial de conexión a la red mundial y la adquisición del dominio “.sv” (Escobar, 2017); es a partir de este punto que gracias a la influencia creciente de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se generan modificaciones sustanciales a la manera de entender conceptos como el comercio, publicidad, comunicación e incluso la ciudadanía y la democracia; en un escenario de fuerte dependencia ante las TIC es necesario cuestionarse ¿Cuáles son los avances, desafíos y escenarios existentes para la consolidación de un gobierno y democracia digital en El Salvador? 

En términos simples, la democracia digital analiza “cómo los avances tecnológicos se podrían combinar con la condiciones sociales, económicas y políticas para producir nuevas formas para el ejercicio de la democracia” (Apodaca, 2001, p. 319); incorporando la necesidad de digitalizar al gobierno y transformar los mecanismos tradicionales de satisfacción de necesidades ciudadanas como acceso a información, realización de trámites, etc.

En El Salvador han existido diversos esfuerzos en la promoción de un gobierno digital, desde la creación de políticas públicas como la Política Nacional de Informática en el año 2000, seguida de diversas leyes y estrategias en la materia, siendo las apuestas más recientemente consolidadas la Estrategia de Gobierno Digital 2018 – 2022 desarrollada durante la anterior gestión de gobierno y que incorporaba una visión desde la cual “la administración pública debe ser guiada por las necesidades y preferencias de los ciudadanos” (Gobierno de El Salvador, 2018), en alusión al incremento de acceso y uso de las TIC en el país, incorporando en su visión el componente de derechos humanos y el factor municipal; y, por otro lado, la actual “Agenda Digital El Salvador 2020 – 2030” propuesta por el gobierno en turno, sustentada en cuatro grandes componentes, entre los que destacan en sobremanera la modernización del Estado y la Gobernanza Digital (Secretaria de Innovación, 2020) aunque suprimiendo los esfuerzos municipales de su contenido. Si bien estas estrategias son planteadas desde perspectivas diferentes, poseen elementos comunes con énfasis en la mejora de la eficiencia de los “servicios y procesos públicos” y su necesaria digitalización.

Hasta la fecha, pueden apreciarse avances considerables en la digitalización a nivel de instancias nacionales con plataformas y sitios web adecuados que permiten una amplia interacción ciudadana, y de una u otra manera una mejora en el ejercicio democrático; sin embargo, dicho avance no se ha desarrollado en igual medida a nivel de gobiernos locales, en los cuales, únicamente municipalidades como San Salvador, Antiguo Cuscatlán o Santa Tecla poseen una estructura digital sumamente consolidada, con sitios web robustos que permiten realizar la misma cantidad de trámites y acciones que cualquier sitio web del gobierno central; sin embargo, estos son la excepción a la norma, pues en general la mayoría de espacios digitales municipales se encuentran inhabilitados, o se limitan a compartir noticias sobre eventualidades en el territorio, y en el mejor de los casos vinculando con sitios de acceso a la información pública generalizada. 

En conclusión, el escenario no es alentador, debido a que para que las municipalidades puedan trascender hacia una digitalización generalizada se requieren de fuertes compromisos a mediano y largo plazo, la construcción de políticas públicas locales para tal fin que hasta la fecha son limitadas o inexistentes, así como una inversión considerable que abone a su consolidación sostenible; no obstante, los actuales esfuerzos en la materia permiten hacer alusión a que dicho “progreso” es exclusivo de las instancias nacionales o de aquellos territorios con mayores recursos económicos, pudiendo afirmarse que sí existen avances hacia la construcción de una democracia y gobierno digital en el país, pero viéndose fuertemente parcializados, en los cuales conceptos como la igualdad y equidad no son pilares de su esencia, dejando “un paso atrás” a las municipalidades.