El territorio es un espacio geográficamente delimitado que comparten personas, grupos e instituciones con relaciones y dinámicas diferentes, así como con intereses, objetivos y percepciones que pueden ser similares, opuestas, complementarias o contradictorias. No se trata de un espacio vacío; es el lugar donde se encuentran recursos, memorias, necesidades y proyectos de vida. Cuando queremos abordarlo para potenciar o transformar las dinámicas existentes en búsqueda de un desarrollo más equitativo e integral, nos topamos inevitablemente con puntos de vista, intereses y relaciones de poder desiguales entre los actores del territorio. Por eso, desde el desarrollo territorial, estas desigualdades no deben entenderse automáticamente como un problema, sino como una tensión social que puede convertirse en crisis o en oportunidad de transformación, según la forma en que sea gestionada.
Es ahí donde surge el concepto de conflicto: dos personas, instituciones, organismos o grupos poseen intereses y objetivos aparentemente contrarios u opuestos, y están dispuestos a ejercer poder y recursos para modificar su posición o hacer valer sus intereses frente al otro. Esquivel, Jiménez y Esquivel-Sánchez (2009) explican que el conflicto abre posibilidades de análisis porque se relaciona con necesidades humanas, percepciones, emociones y deseos; además, puede contener tanto una vertiente de crisis como una oportunidad de cambio. De manera que, como profesionales del desarrollo, si queremos facilitar e impulsar políticas públicas o iniciativas de impacto que transformen las dinámicas del territorio, tendremos que entender y abordar conflictos entre actores que tendrán intereses y visiones distintas.
Los conflictos son inseparables de la naturaleza humana, o consustanciales, porque siempre tendremos aspiraciones, necesidades, valores y percepciones de la realidad que se contrastan con la realidad de otros. El conflicto ha acompañado a las sociedades humanas desde la Prehistoria y forma parte de su evolución (Esquivel et al., 2009). Por ello, no importa la etnia, religión, ubicación geográfica o condición social del grupo cuya realidad deseemos transformar, siempre nos enfrentaremos a conflictos en el territorio. En El Salvador, esto puede observarse cuando comunidades, municipalidades, empresas o instituciones gubernamentales tienen visiones distintas sobre el uso del suelo, la inversión, la protección ambiental, la movilidad, la vivienda o los servicios básicos.
Ahora bien, ¿qué hace que un conflicto se genere y se mantenga? Según Deutsch (1983, citado en Esquivel et al., 2009), esto puede estar relacionado con compromisos incumplidos entre partes; contextos anárquicos que impiden conductas racionales; orientaciones competitivas de ganar-perder; conflictos internos que se expresan como conflictos externos; y juicios erróneos o percepciones no realistas. Esto significa que los conflictos no se prolongan por una sola causa, sino por la combinación de desconfianza, falta de reglas claras, desacuerdos de los intereses que desean impulsar, percepciones distintas de la realidad, etc. En el desarrollo territorial, esta dinámica aparece cuando una obra pública, un proyecto inmobiliario, una zona protegida o una política pública se plantea sin diálogo suficiente y termina generando oposición, resistencia o deslegitimación.
El nivel en el que estos conflictos escalen o desescalen dependerá del poder y los recursos que tengan los actores involucrados. Entendiendo el poder como la habilidad de una persona o grupo para conseguir objetivos, superar resistencias o modificar la conducta de otros, lo que está relacionado con los recursos disponibles. Esquivel y compañía lo plantean como una potencialidad humana para hacer algo, alcanzar intereses propios o conducir una situación conflictiva hacia un resultado favorable (Esquivel et al., 2009). Esos recursos pueden ser dinero, información, legitimidad social, acceso institucional, conocimiento técnico o vínculos políticos. Las partes escalan o desescalan un conflicto dependiendo de las ventajas que perciben al realizar acciones de poder.
Esta relación entre poder y recursos es especialmente importante en los territorios, porque los actores no llegan a la mesa en igualdad de condiciones. Una comunidad afectada por falta de agua no tiene el mismo poder que una institución estatal o una empresa con capacidad jurídica y financiera; una municipalidad pequeña no siempre cuenta con los mismos recursos técnicos que una entidad central. Por eso, el facilitador del desarrollo territorial no puede actuar como si todas las voces tuvieran el mismo peso. Debe reconocer asimetrías, descubrir intereses ocultos y crear condiciones mínimas para que el diálogo no sea solo formal, sino realmente participativo.
Tomando en cuenta lo anterior, el papel de los agentes de desarrollo territorial en un conflicto debe iniciar con la elaboración de un mapa de poder de los tomadores de decisión, su nivel de influencia, recursos y dinámica con el resto de los actores. También debe mapear los conflictos existentes o potenciales que pueden generar oposición o fricción al diálogo, y buscar una mesa de trabajo donde pueda facilitar la conversación entre las partes. Este paso responde al objetivo de la mediación descrito por Esquivel et al. (2009): facilitar la finalización del conflicto y ayudar a las partes a alcanzar acuerdos mutuamente aceptables. Desde el desarrollo territorial, es importante que esos acuerdos deben evaluarse también por su aporte a la equidad y a la sostenibilidad.
En esa mesa, el facilitador debe permitir que todos expresen sus posturas, tomar nota de los puntos opuestos y generar espacios formales e informales para comprender los verdaderos intereses que subyacen detrás de las posiciones. Luego, debe dirigir la conversación hacia los puntos en común, buscar un enfoque de ganar-ganar y explorar qué está dispuesto a ceder cada actor para construir acuerdos alineados con los objetivos de desarrollo. No se trata de imponer una solución técnica desde fuera, sino de transformar una relación de confrontación en un proceso de diálogo legítimo y sostenible.
Finalmente, y a modo de conclusión, el conflicto es consustancial a los seres humanos y, por ende, a las dinámicas que rigen el territorio. Es crítico que el facilitador del desarrollo comprenda estas dinámicas y conecte con los principales tomadores de decisión que manejan poder y recursos para facilitar acuerdos coherentes con los objetivos de desarrollo que se persigan en ese territorio. Por tanto, hablar de desarrollo territorial obliga a hablar de conflictos, porque todo proceso de transformación toca intereses, recursos, identidades y formas de poder. El reto del facilitador no es eliminar el conflicto, sino evitar que se vuelva destructivo y convertirlo en una vía para construir acuerdos más justos. En El Salvador, donde los territorios expresan desigualdades históricas y relaciones de poder complejas, esta capacidad no es secundaria: es una condición para planificar y transformar de forma real y sostenible.
Referencias
Esquivel Guerrero, J. A., Jiménez Bautista, F., & Esquivel-Sánchez, J. A. (2009). La relación entre conflictos y poder. Revista de Paz y Conflictos, (2), 6-23. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=205016389002