Nociones simplistas en el abordaje de la Institucionalidad y Gobernabilidad Democrática para un Desarrollo Territorial.
Foto por El Diario de Hoy
Al hablar de institucionalidad, uno de los errores que se comete es abordar dicho concepto únicamente desde el aspecto relacionado al correcto funcionamiento o no de las instituciones, a través de las acciones que llevan a cabo los funcionarios a cargo de las mismas; es decir, por medio de visualizar si existen resultados positivos o en su defecto, negativos respecto a la razón por la que las instituciones han sido constituidas. Un ejemplo de lo anterior, es observar si las instituciones encargadas de velar por la protección de los derechos humanos en el país se pronuncian en temas catalogados como “sensibles” dentro de la sociedad; siendo los casos de discriminación de género o en el de abortos, por mencionar algunos. Sumado a la precariedad con la que se aborda la temática de la institucionalidad, el ámbito de la gobernabilidad democrática no deja de ser simplista en El Salvador; esto, ya que tal situación se contempla solamente al hecho de poder ejercer el derecho al sufragio para la elección de políticos que representen a la ciudadanía, con el objeto que estas personas puedan satisfacer las demandas de la mayoría y concretizar la búsqueda del denominado bien común.
Retomando esa última idea, se debe hacer hincapié a la realidad de los gobiernos locales en el territorio salvadoreño, debido a que de manera generalizada se puede decir que, para las personas que habitan en un determinado municipio, los funcionarios que han elegido para que les representen son conocidos únicamente al momento de las campañas electorales y posteriormente, se desconoce de ellos; así como de las acciones que prometieron realizar, pero que nunca se llevaron a la práctica. Todo lo anterior, lleva a pensar que el supuesto al que hace mención Constantino Urcuyo (2010) respecto a “gobernar democráticamente y de gobernar bien” (p.16) no se concretiza en la realidad salvadoreña.
Para analizar las razones del porqué el citado supuesto es difícil de considerarlo como aplicable a la realidad salvadoreña, se debe iniciar trayendo a colación lo estipulado en el Código Municipal del año 1986. En el artículo 4 del referido cuerpo legal, se atribuyen un total de treinta competencias a los gobiernos locales; competencias que están orientadas a temas como ordenamiento territorial, protección de la niñez, transporte, comercio o cuidado del medio ambiente; sin embargo, a pesar de las ordenanzas municipales que son creadas con el propósito de dar cumplimiento a dichas competencias, es importante cuestionarse sí en la “legitimidad del ejercicio” mencionada por Urcuyo (p.15), tales ordenanzas son efectivas o únicamente, son instrumentos jurídicos que carecen de fuerza para aplicarse; lo anterior como consecuencia de las insuficiencias o vacíos que en muchas ocasiones este tipo de instrumento poseen en su contenido.
Foto por La Prensa Gráfica
Aunado a lo previamente comentado, otra situación que permite observar una institucionalidad frágil en el ámbito local, es la ausencia de participación de otros actores que vayan más allá de aquellos que pertenecen al sistema de acción político administrativo, al momento de la elaboración de programas, planes o bien, políticas públicas municipales. La participación de actores del sistema de acción empresarial o de acción territorial es importante para la consecución de situaciones como la denominada cohesión social y también, para el mismo desarrollo territorial. Si se lograra una aplicación del enfoque sistémico tanto en la participación de actores de diversos rubros; así como del abordaje de diferentes temáticas, los gobiernos locales estarían dando cumplimiento a las competencias que les son asignadas en el Código anteriormente mencionado; no obstante, los intereses individuales de los funcionarios que están a cargo de las municipalidades muchas veces no permite que se logre el involucramiento de otros actores y más aún, que se realicen acciones para temas de interés general.
En razón a lo antes expuesto, la institucionalidad no debe ser vista únicamente desde el punto de un sistema de instituciones que han sido creadas para un objetivo específico. Se debe trascender de esa noción simplista al igual que la de gobernabilidad democrática; misma que se entiende solo en el hecho de poder ejercer un voto electoral. Ambas situaciones están entrelazadas y abarcan un acercamiento a un sistema normativo que garantice la correcta actuación de los funcionarios que están a cargo de estas; asimismo involucra la participación de diferentes actores en la solución de problemas de carácter general; soluciones que deben estar encaminadas al goce de los derechos humanos de la población. Lo planteado hasta este momento, como lo dice Ignacio Ellacuría “no sólo se impulsa a buscar algo radicalmente nuevo, sino que se trazan algunas líneas, porque lo realizado hasta ahora no va por buen camino” (p.169).
Referencias bibliográficas