“[…] El desarrollo local no es una tecnología por aplicar en cualquier circunstancia. Es, ante todo, una estrategia socio – política de cambio.”

(Gallicchio, 2010)

La cita que precede este ensayo resulta relevante para el desarrollo del mismo, puesto que, precisamente buscar el bienestar colectivo no solo es propiciar un discurso denominado en la agenda política «desarrollo territorial», sino más bien, una intervención del Estado que no solo procure resolver fallas económicas y de mercado, sino problemas públicos tanto sociales, ambientales, económicos y políticos con el único fin de lograr que la ciudadanía viva en condiciones dignas, es decir, que las sociedades gocen de oportunidades, respeto a sus derechos y ejercicio de los mismos. 

Asimismo, no solo el Estado posee la responsabilidad de buscar el desarrollo territorial, sino más bien, quienes integran la sociedad en sus diferentes niveles; su participación y compromiso en la toma de decisiones juega un papel esencial en la búsqueda de proyectos y actividades que pretendan resolver las necesidades insatisfechas y problemas irresueltos. Sin embargo, antes de hablar sobre estas es necesario hacer una distinción de las mismas, puesto que, “las necesidades son carencias de la sociedad, es decir, lo que ésta precisa o requiere como calidad de vida, bien común o bienestar general, mientras que los problemas son impedimentos del Estado” (Graglia, 2004, pág. 56). 

Lo anterior implica una interrelación entre lo que necesita una sociedad para tener una vida digna y, las propuestas de solución por parte del Estado para solventar dichas necesidades; por tanto, en este ensayo se pretende analizar la participación de los distintos actores dentro del proceso de construcción de políticas públicas y su relación con el marco institucional, retomando la interrogante del autor (Gallicchio, 2010) ¿Territorializar políticas o generar políticas territoriales? pero a su vez, haciendo un análisis propio.

Actualmente, no solo se trata de saber el porqué de la implementación de las políticas públicas sino más bien cómo hacerlo; en este sentido, se debe partir de la conformación de la sociedad. Cómo es de saber, las sociedades están conformadas por un conjunto de personas que conviven en un mismo territorio y bajo un determinado esquema organizativo con normas establecidas, siendo el Estado el referente de esa sociedad civil en la que se promueve la igualdad y el bienestar colectivo. No obstante, las decisiones políticas deben ejercerse en una sociedad demócrata, puesto que, según Martínez (2019):

A medida que se ha consolidado la democracia y que el enfoque de derechos ha ganado terreno en el ámbito social, una dimensión de la institucionalidad social de gran relevancia es la jurídico-normativa porque permite conocer cuáles son los compromisos que cada país asume, tanto a nivel de la comunidad internacional como ante sus propios ciudadanos, así como el fundamento de las otras dimensiones de la institucionalidad (pág. 276)

Por ello, para que un Estado pueda diseñar y gestionar proyectos a favor de satisfacer las necesidades de la sociedad, las políticas públicas “deben ser vistas y consideradas como un proceso cuyo punto de salida (input) es una situación de insatisfacción social y cuyo punto de llegada (output) debe ser una situación de satisfacción social” (Graglia, 2004, pág. 52), ya que, “gobernar y administrar en nombre y representación del bien común o bienestar general es gobernar y administrar por políticas públicas” (Graglia, 2004, pág. 51). Sin embargo, para llevar a cabo dicho proceso es necesario tomar en consideración que existen subprocesos en el diseño y gestión de políticas públicas a lo que el autor (Graglia, 2004) denomina «Modelo de las 4D: diagnóstico, decisión, dirección y difusión»; diagnosticar y decidir conforman el diseño, mientras que, la dirección y difusión integran la gestión como parte de un proceso político-administrativo. 

El diagnóstico, por su parte permite visualizar las necesidades actuales de la sociedad y, a partir de ello, jerarquizar y priorizar los problemas, para posteriormente generar alternativas posibles; estas serán la base para la toma de decisiones y el curso que deberá seguir la política “para convertir las alternativas posibles en proyectos decididos” (Graglia, 2004, pág. 63). No obstante, “la adopción de alternativas políticas corresponde a los gobernantes. Son ellos quienes deben valorar y determinar las alternativas políticas”, por medio de su agenda política, mientras que los proyectos a ejecutar constituyen la agenda institucional del gobierno, estos últimos son las acciones que realiza el Estado para solucionar problemas públicos y satisfacer necesidades sociales.

Asimismo, la dirección enfatiza en las actividades administrativas, es decir que, el Estado debe legitimar por medio de la aceptación de la sociedad y legalizar por medio de leyes que doten institucionalmente la validez de las actividades a realizar; las actividades administrativas conllevan un proceso de ejecución y corrección (social o legal) para adecuarlas a la consecución de los objetivos perseguidos. Es aquí donde deben considerarse los presupuestos, estructuras y plantas necesarias para garantizar la adecuada dirección, por lo que, tener niveles desagregados de actores y actividades asignadas se torna esencial para que el Estado alcance los resultados esperados; un nivel de actividades administrativas descentralizado garantiza la participación de todos los sectores de la sociedad en las actividades administrativas, así como, la integración y apropiación del proceso que refuerce los resultados deseados.

Ahora bien, para que la sociedad conozca los proyectos y acciones decididas es necesario llegar a la última fase del modelo de las 4D llamada Difusión, que consiste en difundir y esparcir la información acerca de la agenda institucional del Estado, esta información debe ser evaluada tanto a nivel institucional como su divulgación masiva entre la población, con el fin de lograr en el Estado una capacidad de análisis para corregir los proyectos y acciones ejecutadas.

El diseño y formulación de políticas públicas junto al modelo anteriormente expuesto necesita de un eje transversal que asegure una adecuada y activa participación de los diferentes niveles de la sociedad; más allá de una participación territorial, política o social debe darse y promoverse un proceso de apropiación social, por medio de la identificación y división de actividades administrativas que sean propiamente de actores más locales en el corto plazo y orientadas de acuerdo a la capacidad que puedan tener, así como, de actividades más estratégicas orientadas al largo plazo para instituciones de gobierno, que promuevan la integración entre actores locales y estatales, acompañado de una discusión entre las partes para desarrollar y mejorar los objetivos planteados, reforzando las conexiones, la comunicación, la sinergia y una dinámica que fortalezca cada tarea, puesto que, “nada de ello es posible sin colocar el esfuerzo de desarrollo en su lugar y en manos de la gente, es decir, nada de ello es posible sin una adecuada y flexible combinación de descentralización y centralización” (Boisier, 2004, pág. 40).

Anteriormente se ha expuesto y contextualizado el diseño y formulación de políticas públicas, los elementos que la integran y actores que intervienen en este proceso; por lo que, es posible entender el concepto de territorializar políticas como una articulación y apropiación de los problemas sociales desde el territorio, siendo estos los que conocen y viven la problemática, planteando diferentes alternativas de solución posibles, existiendo una contraparte en diseñar y generar políticas públicas desde una visión del centro, en la que sean las entidades gubernamentales quienes actúen para dar respuesta a las necesidades insatisfechas de la sociedad. 

Por ello, retomando la pregunta planteada inicialmente ¿Territorializar políticas o generar políticas territoriales? Fácilmente se podría inclinar la balanza a un término u otro, no obstante, como se ha mencionado a lo largo del ensayo, una mejor ruta reside en establecer un punto medio entre estas opciones que se refuerzan mutuamente con una participación y planificación estatal, alimentada por la opinión de la sociedad quienes conocen de forma inmediata las condiciones agravantes que los aquejan. La realidad, es que, tal como (Gallicchio, 2010) “el desarrollo local no es, no puede ser, un proceso autárquico, sino que debe articularse con los procesos nacionales de desarrollo” (pág. 22).

En este sentido, es posible afirmar que una buena gestión e implementación de políticas públicas implica voluntad política y ciudadana y, para ello, es necesario crear acciones que persigan un mismo objetivo; satisfacer las necesidades y resolver problemas tanto desde el centro como desde afuera de los territorios.

Referencias bibliográficas

Boisier, S. (2004). Desarrollo territorial y descentralización. El desarrollo en el lugar y en las manos de la gente. Revista eure, XXX(90), 27-40.

Gallicchio, E. (Octubre de 2010). El desarrollo local: ¿territorializar políticas o generar políticas territoriales? EUTOPÍA(1), 11-23.

Graglia, E. (2004). Políticas públicas: Fases y fallas como procesos de insatisfacción social. STUDIA POLITICAE(03), 49-76.

Martínez, R. (2019). Institucionalidad social en América Latina y el Caribe (Vol. 146). Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).