A lo largo del tiempo, la concepción sobre el desarrollo ha girado en torno al crecimiento económico, bajo el supuesto de que, una vez alcanzado dicho crecimiento, sería posible lograr el bienestar en otros ámbitos de la vida humana. Desde teorías como la modernización de Rostow, hasta el propio Consenso de Washington en la década de los 80, sentaron las bases de una visión de desarrollo vinculado al progreso en términos económicos. Sin embargo, las propuestas que surgen en este contexto han demostrado ser incapaces de lograr un desarrollo equitativo y sostenible, al contrario, se han profundizado las desigualdades no solo entre los países desarrollados y los del denominado sur global, sino también al interior de los países más pobres. Ahora, bajo la premisa de que el crecimiento económico no siempre se traduce en bienestar general ¿cómo deben impulsarse las estrategias de desarrollo en los países, en un mundo cada vez más globalizado, cuyas bases estructurales están configuradas para generar riqueza y bienestar para unos pocos? En primer lugar, las actuales problemáticas derivadas del sistema capitalista ponen de manifiesto la necesidad de la búsqueda de nuevas alternativas, frente a las cuales, la denominada economía solidaria cobra más impulso. Y, en segundo lugar, a partir de esta visión, rediseñar las estrategias de desarrollo desde los territorios, atendiendo las necesidades específicas de cada uno se vuelve imperante. Entonces, partiendo de la tesis de que la economía solidaria puede reconfigurar el desarrollo territorial al fomentar la autonomía local y el equilibrio ecológico, este escrito tratará de exponer la relación entre la economía solidaria y el desarrollo territorial.
Como se expuso inicialmente, la lógica de acumulación capitalista se ha caracterizado por un intercambio desigual en dos niveles: primero, entre los países, con la implementación de un modelo extractivista en el que los países ricos acumulan capital de la explotación de los recursos naturales y la mano de obra de las regiones menos desarrolladas; y, segundo, al interior de los países más pobres se produce una concentración del capital en manos de unos pocos actores económicos mientras que la mayoría de la población debe subsistir con empleos en condiciones precarias. Estas dinámicas resaltan la necesidad de repensar modelos económicos que integren no solo crecimiento económico, sino también la equidad y la justicia social.
La teoría de la economía solidaria surge entonces como una respuesta a las contradicciones que el sistema capitalista presentó al profundizar los problemas medioambientales y ampliar la exclusión social. Y es que Latinoamérica es una de las regiones del planeta que presenta más desigualdades expresadas de manera diversa en los territorios. Es así como, la noción de economía solidaria cobró fuerza en los años 80 con las teorías del economista chileno Luis Razeto Migliaro, para quien, desde el punto de vista de la producción: La lógica de este tipo de economía es la superioridad del trabajo sobre el capital. En sentido más específico, es un modo de practicar el ciclo económico basado en relaciones solidarias y de cooperación, lo que finalmente establece el soporte de las organizaciones, de las empresas y de los circuitos económicos. La presencia y el accionar de la solidaridad en la economía conllevan a una lógica económica diferente. Es una actitud diversa de asimilar y planear la economía, buscando con ello una sociedad más organizada y, por ende, con mayor desarrollo (Razeto, 2006).
Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, (2022) define la economía solidaria como: Aquella que engloba a empresas, organizaciones y otras entidades que realizan actividades económicas, sociales y medioambientales de interés colectivo o general, que se basan en los principios de la cooperación voluntaria y la ayuda mutua, la gobernanza democrática o participativa, la autonomía y la independencia, y la primacía de las personas y el fin social sobre el capital en la distribución y el uso de los excedentes o los beneficios, así como de los activos.
Ahora bien, ¿cómo se vincula la economía solidaria con el desarrollo de los territorios? Como punto de partida, tal como manifiestan Arocena y Marsiglia (2021), es ya bastante aceptado en la literatura académica que el concepto de territorio no hace alusión únicamente a un espacio físico, sino a una construcción multidimensional en la que confluyen relaciones a partir de actividades económicas, sociales, políticas, culturales y medioambientales.
En este sentido, es importante destacar que el desarrollo en los territorios ha sido concebido históricamente como un proceso impuesto “desde arriba”, es decir, las estrategias han sido diseñadas y ejecutadas por actores centrales como los gobiernos, sin considerar las particularidades y necesidades propias de dichos territorios, lo que ha llevado a diversos sectores a replantear la economía hacia una perspectiva social, en la que las comunidades sean parte activa en la resolución de sus propias necesidades.
Al respecto, la economía solidaria plantea un nuevo modelo de empresa de trabajadores, de asociación inter cooperativa con nuevos modos de integración para asegurar una transformación del cooperativismo con economías alternativas y solidarias que se fundamenten en lógica económica distinta a los modelos actuales. La autogestión es el fundamento de esta perspectiva de integración, en especial los circuitos económicos solidarios como modelo de integración solidaria (Gómez et al., 2021). En este contexto, lo que se busca es fortalecer la creación de redes de cooperación, constituyendo de esta manera una posibilidad real de construcción de relaciones equitativas y justas entre sus miembros y pone en el centro al ser humano y su entorno medio ambiental.
El medio ambiente se vuelve un pilar fundamental, a diferencia de otros modelos tradicionales, como el capitalismo principalmente, que favorecen la explotación de los recursos naturales sin considerar las consecuencias a largo plazo, la economía solidaria promueve un uso racional de los recursos respetando que existe un límite dado por el entorno natural y que está estrechamente vinculado al bienestar de los seres humanos.
De esta manera, según este enfoque, con un nivel de mayor integración se lograría potencializar la capacidad de los productores locales para acceder a recursos y a los mercados, mayor poder de negociación como grupo, formación de líderes comunitarios y redes de servicios de apoyo, entre otros. Algunos países latinoamericanos, principalmente la experiencia de Brasil, Colombia y Ecuador, muestran iniciativas de economía solidaria. Por ejemplo, en Colombia existe todo un marco jurídico que regula la economía solidaria a través del fortalecimiento de las iniciativas de cooperativas y demás asociaciones, desde la Ley 454 de 1998, que regula el marco conceptual de la economía solidaria, hasta la creación en 2011 de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, que tiene la tarea del fomento y el fortalecimiento de las organizaciones solidarias en Colombia (Barbosa et al., 2020).
En un estudio llevado a cabo por Gómez et al., (2021), sobre las cooperativas y asociaciones en territorios de Colombia, se determinó que existe una correlación positiva entre el Valor Agregado de cada departamento y el número de organizaciones solidarias presentes, es decir, entre más organizaciones solidarias hay en un municipio, contribuyen de forma más significativa al valor agregado del departamento, entendido éste como el aporte neto que genera la actividad económica de un municipio. El ejemplo colombiano aporta evidencia de lo que puede lograrse mediante la implementación de estrategias de economía solidaria, claro, no es posible afirmar que generan resultados positivos en todos los países, ello dependerá de muchos otros factores.
Para el caso salvadoreño en particular, en términos generales existen algunas formas de organización vinculadas a la economía solidaria que se manifiestan, por ejemplo, en cooperativas ya sea agrícolas o pesqueras, así como asociaciones de emprendimientos, para los cuales hay un marco normativo que regula su funcionamiento, así también, a través de instituciones como la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, CONAMYPE, se ejecutan algunas iniciativas en los territorios, si bien en ninguno de los casos lo definen explícitamente dentro del marco teórico de la economía solidaria, si podrían considerarse como tal.
Un caso particular que llama la atención, es el de la estrategia impulsada por CONAMYPE, tomando como referencia los modelos de desarrollo económico rural comunitarios de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA por sus siglas en inglés, denominada “un pueblo un producto”, la cual “promueve el aprovechamiento de los recursos locales a través de procesos de desarrollo endógeno que buscan elevar las capacidades comunitarias en función de mejorar la calidad de vida de sus habitantes” (CONAMYPE, 2015).
Esta estrategia brinda acompañamiento a los actores locales, implementa ruta de procesos y herramientas para que la localidad descubra su potencial económico y les permita implementar iniciativas económicas que generen empleos y favorezca los ingresos de las familias a partir de la acción colectiva; en un primer momento, se trata de formar líderes y lideresas comunitarias e identificar los principales actores locales para la construcción de una visión común y metas compartidas.
La experiencia se ha replicado en varios municipios, ahora distritos, del país, lo que se trata es impulsar un producto distintivo en cada territorio, que lo identifique frente a otros, dependiendo de los recursos con que cuente, y fomentar la asociatividad entre los productores o empresas locales que permita mayor cooperación entre sí para generar una fuente de ingresos para la comunidad.
El trabajo desarrollado en este ámbito es importante porque aprovecha los recursos disponibles, potencia la producción local y fortalece el tejido social y económico empoderando a la comunidad, se puede decir que la estrategia tiene el potencial de implementar un modelo de economía solidaria que podría promover un desarrollo más inclusivo y sostenible, claro, dependerá también de superar algunos desafíos como la profesionalización, las estrategias de comercialización y otras capacidades técnicas y gerenciales necesarias.
Pero esto por sí solo no es suficiente, también se necesita fortalecer a los gobiernos locales, pues al ser los más cercanos a la población, desde lo nacional deben transferirse las competencias y recursos para que sean capaces de promover este tipo de iniciativas y gestionar sus propios procesos de desarrollo. En este punto, resulta oportuno ejemplificar con el caso particular de El Salvador, y es que desde 2021 el país ha sufrido una serie de modificaciones que suponen un enorme reto para las municipalidades en torno a los temas de desarrollo. La disolución del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), la reducción del presupuesto destinado del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES) para las alcaldías, sumado a la aprobación de la Ley Especial para la Reestructuración Municipal que, a partir de mayo de 2024 configuró al país en 44 municipios, son factores que aumentan la complejidad del abordaje de los territorios.
La administración central en cada uno de los nuevos municipios ha asumido una gran responsabilidad, ya que debe integrar las necesidades específicas de cada distrito en una estrategia de desarrollo que realmente responda a las complejidades generadas a partir de esta nueva configuración, de forma que, estrategias como “un pueblo un producto” y otras de esta naturaleza que contribuyen al impulso
económico de los territorios, tengan continuidad desde un enfoque más descentralizado, es decir, que no solo una institución nacional sea capaz de gestionarlos, sino también los gobiernos locales.
Y es que en la práctica, no se están designando más recursos ni dando acompañamiento en la formulación de planes y estrategias de acción, lo que deja al descubierto serios desafíos para generar y mantener dinámicas económicas que garanticen la sostenibilidad de las familias en los territorios, sin perder de vista que no solo es la dimensión económica la que genera desigualdades, hay todo un sistema de relaciones determinadas por una lógica de poder, por lo que la acción de las municipalidades se vuelve determinante en muchos sentidos.
No debe perderse de vista, además, que en el país se ha generado un proceso de centralización de la actividad económica, derivado de un proceso de urbanización desordenado, y la brecha entre lo rural y lo urbano es cada vez más grande. Las personas de las áreas rurales del país no disponen de las mismas oportunidades económicas que las personas que viven en las zonas urbanas, principalmente en el área metropolitana de San Salvador, donde no solo se concentran las principales fuentes de empleo, sino también instituciones de educación superior. En ese contexto, muchas personas se ven obligadas a trasladarse a estas zonas en busca de mejores oportunidades.
Entonces, ¿cómo impulsar la economía de los territorios en ese contexto? En primer lugar, si bien la economía solidaria ofrece un marco teórico alternativo al propiciar la gestión propia de los recursos locales, no se puede pasar por alto la existencia de un sistema global capitalista, lo local y lo global no son mutuamente excluyentes, son dos nociones correlativas, es decir, una se concibe en función de la otra. En este sentido, es necesario incorporar a la comunidad en una visión más allá de la localidad que le permita ampliarse y diversificarse aprovechando los recursos que tiene en función de la demanda nacional e incluso internacional.
En segundo lugar, el enfoque económico de los territorios debe ampliarse y garantizarse mediante la existencia de políticas públicas y un marco legal que favorezca la articulación de acciones locales en estrecha vinculación con las entidades estatales. Solo a través de un enfoque participativo será posible lograr la autonomía de los territorios, a la vez que se genera equidad y sostenibilidad, ello implica, como ya se explicó, el fortalecimiento de todos los niveles de gobierno.
Lo anterior está estrechamente vinculado a las dificultades financieras y técnicas que enfrentan los territorios para ejecutar iniciativas locales, la inexistencia de políticas públicas restringe la capacidad de generar e impulsar dichas iniciativas, primero por un tema de acceso a financiamiento y segundo, a nivel técnico en la capacidad de innovar y competir en mercados nacionales, debido principalmente a barreras comerciales, falta de visibilidad del trabajo que se hace desde las iniciativas territoriales y escaso acompañamiento institucional a las mismas que les permita impulsarse, ello tiene que ver también con falta de programas de capacitación y asistencia técnica especializada. Aunado a ello, existe una cultura generalizada de resistencia a generar vínculos más cooperativos en los territorios, siempre derivado del mismo sistema de acumulación individual.
Por tanto, como se estableció al inicio, si bien la economía solidaria puede reconfigurar el desarrollo territorial al fomentar la autonomía local y el equilibrio ecológico, no basta solo con algunas acciones aisladas, tampoco simplemente replicando experiencias de éxito de un territorio a otro, pues no funciona de forma automática si no se reconocen las particularidades y contextos específicos de cada uno, debe diseñarse e implementarse una estrategia nacional que aborde la heterogeneidad de los mismos y reconozca la necesidad del cambio de paradigma que vincule todas las dimensiones del desarrollo territorial: económica, política, social, cultural y por supuesto, medioambiental.
Referencias bibliograficas
Barbosa, E., Vargas, H., y Gómez, D. (2020). Breve estudio bibliométrico sobre economía solidaria. Revista Cooperativismo y Desarrollo Instituto de Economía Social y Cooperativismo. 28(118),80-94.
Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa. (2015). Guía de implementación de la estrategia de desarrollo económico local “Un pueblo un producto, El Salvador”.
Gómez Rodríguez, D. T., Barbosa Pérez, E. M., & Merchán Hernández, O. M. (2021). La economía solidaria como dinamizadora del desarrollo rural y de la construcción de la paz en Colombia. Revista Iberoamericana de Economía Solidaria e Innovación Socioecológica. 4(1) 10.33776/riesise.v4i1.4871
Herzfeld, C., Logiódice, L., & Massera, M. (2021). Introducción: Economía social y solidaria. Debates actuales y aportes al desarrollo territorial. Revista PAMPA, 23, 1–2. https://doi.org/10.14409/pampa.2021.23.e0029
Marsiglia, J., & Arocena, J. (2021). Revisitando el desarrollo territorial en un contexto de cambios e incertidumbres. Revista de la Academia, (32), 17–36.
Organización Internacional del Trabajo. (2022). Resolución relativa al trabajo decente y la economía social y solidaria.
Razeto Migliaro, L. (2006). Creación de empresas asociativas y solidarias. Curso teórico- práctico. Santiago, Chile: UVirtual.Net.