La autora es graduada   de  la Maestría en Desarrollo Territorial

La gestión del riesgo consiste en identificar las relaciones existentes entre el crecimiento de la población, las exigencias físicas de los asentamientos humanos, la necesidad de la planificación económica y el uso adecuado del suelo. Es una herramienta para enfrentar los desequilibrios sociales y la falta de planificación en los desarrollos urbanísticos que han provocado deterioro en las ciudades.

La planificación urbana y el ordenamiento territorial se vuelven una disciplina técnico administrativa que busca equilibrar las dinámicas de las diferentes infraestructuras que conforman las ciudades.

El urbanismo es una dinámica que potencializa la economía de los territorios ante la necesidad del progreso. En esta dinámica converge el interés público y privado; por lo tanto deben existir herramientas técnico-jurídicas que permitan y busquen el equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad, añadiendo esta última primordialmente como de interés público.

 El Salvador en los últimos diez años ha experimentado alto crecimiento urbanístico, el territorio está experimentando cambios y las entidades públicas deben estar preparadas para resolver los conflictos y controlar los riesgos urbanos, no sólo con herramientas de planificación sino también con proyectos que permitan reducir los riesgos en aquellas zonas identificadas como vulnerables ante un desastre natural.

La ordenación territorial y urbanística es parte de una función pública y debe estar acompañada de una planificación a corto, mediano y largo plazo, en estas fases deben existir criterios técnicos divulgados y avalados por la ciudadanía. La incorporación de estos criterios técnicos y su apego a la realidad de los territorios deben permitir y garantizar la seguridad de la población. 

Para que exista una adecuada gestión de riesgo con un enfoque integral debe estrecharse lo  siguiente: un marco legislativo que exija indicadores de riesgo para las decisiones territoriales, una metodología científica que permita obtener una cartografía precisa de peligrosidad, amenaza y vulnerabilidad para poder efectuar prospectivas de acuerdo a los diferentes modelos de desarrollo y por último incluir la formación y la participación de todos los actores involucrados en la gestión del territorio.

Es un derecho la seguridad de los ciudadanos y es responsabilidad de la administración pública la planificación y la gestión del territorio.

Imagen de planta sobre calle: Dominique Knobben en Pixabay          

Imagen Ciudad y personas Pixibay