Actualmente se registra un fuerte interés por promover la innovación en diversos ámbitos (innovación pública, innovación ciudadana, innovación social) e impulsar nuevas prácticas, así como el uso de enfoques novedosos que promuevan la mejora en la prestación de servicios a la ciudadanía y con ello la mejora de su calidad de vida. Innovar pasa por aplicar ideas nuevas o mejorar las mismas de forma creativa a fin de conseguir mejores resultados.
La Innovación Pública, la Innovación Ciudadana y la Innovación Social a pesar de registrar una proliferación conceptual muy variada se están convirtiendo en dinámicas claves para aportar de forma significativa al desarrollo. Diversas administraciones públicas tanto nacionales como locales en varios países del mundo están apostando de forma estratégica a incorporar la innovación como parte de su quehacer. Países como Chile, Colombia, Estados Unidos, España, México, entre otros registran experiencias novedosas de referencia.
La Innovación Pública consiste en la generación e implementación de cambios significativos en el quehacer de los servicios del Estado, con el objetivo de resolver problemas relevantes de la sociedad, que respondan a las necesidades y expectativas de la ciudadanía, aprovechando las capacidades así como el potencial de cada institución (https://lab.gob.cl/innovacion-publica). Es decir, este tipo de innovación apuesta por mejores formas de producir los servicios públicos logrando con ello una mejora en el bienestar colectivo.
La Innovación Pública demanda de servidores y servidoras creativas y comprometidas. Busca ser antídoto de la burocracia y el pasotismo. Parte de reconocer que las demandas de la sociedad y los problemas públicos registran cambios significativos que no pueden ser atendidos a partir de lógicas institucionales, procedimentales y normativas de tipo tradicional. Implica experimentar otras formas de pensar, idear, hacer y resolver. Implica explorar y probar con prácticas (inseguras) modelos (inestables), resultados (provisionales), y enfoques inciertos. La transparencia, la participación activa de la ciudadanía, el uso efectivo de la tecnología (gobierno abierto) y el pensamiento crítico son herramientas claves para apostar por la Innovación Pública.
La Innovación Ciudadana, por su parte, es aquel proceso que experimenta la resolución de problemas sociales con tecnologías y metodologías abiertas (digitales, sociales, ancestrales), a través de la implicación de la propia comunidad afectada (https://www.innovacionciudadana.org/). Es decir, se parte de la premisa que, la ciudadanía deja de ser receptora pasiva de acciones institucionales, para pasar a convertirse en protagonista y productora de sus propias soluciones.
La Innovación Ciudadana parte de considerar a la ciudadanía no solo como titular de derechos sino también le valora como un capital importante para promover el desarrollo. Reconoce en la ciudadanía el potencial creativo que conoce mejor los problemas e identifica de forma más acertadas las posibles soluciones. Este tipo de innovación requiere que la participación ciudadana pase de ser simbólica a una participación estratégica. La Innovación Ciudadana considera la participación ciudadana como indispensable para promover de forma más efectiva la gestión pública. Y con ello reconoce la participación como un derecho humano y un elemento clave para garantizar el desarrollo.
La administración central y local crea espacios para que la ciudadanía (empresas, universidades, sectores sociales) piense en aquellos retos que registra la sociedad, y de forma colaborativa encuentre soluciones innovadoras para afrontarlos.
La Innovación Social consiste en generar soluciones creativas a problemas sociales y parte de aspectos claves tales como: la creatividad, la escucha activa de la comunidad, la sostenibilidad económica de las iniciativas propuestas, la escalabilidad, y su posibilidad de convertirse en política pública (https://jovesolides.org/jovesolides/que-es-la-innovacion-social-2). Por ejemplo, frente a los efectos generados por la crisis financiera del año 2007, vecinos y vecinas de algunos barrios en España, de forma innovadora, buscaron enfrentar el desempleo, la perdida de sus viviendas, e incluso resolver necesidades básicas de alimentación. Incluso algunas iniciativas fueron planteadas a organizaciones sociales y gobiernos locales para lograr su escalabilidad y sostenibilidad.
En los últimos treinta años en El Salvador, la administración pública central ha registrado algunas dinámicas que han venido erosionando su eficiencia y credibilidad: elevada corrupción, incapacidad de dar respuesta efectiva a problemas públicos emergentes, ausencia de creatividad ante nuevas demandas sociales, inadecuado manejo de las finanzas, nepotismo, rezago tecnológico, débil participación ciudadana y poca transparencia, entre otros. Y a partir de los últimos tres años se suman: retrocesos en los procesos de descentralización y modernización del Estado, erosión de la institucionalidad democrática ante la sujeción de toda la institucionalidad del Estado al Órgano Ejecutivo, nula transparencia, ausencia de la participación ciudadana, entre otros.
A escala local, la administración pública también ha sido presa de algunas de estas dinámicas. Particularmente desde hace dos años se ha visto afectada por una especie de centralización por parte del Ejecutivo, lo cual le ha venido restando progresivamente: poder político, incidencia social, recursos e incluso competencias. A pesar de lo anterior, es importante reconocer que los gobiernos locales siguen siendo un referente importante y cercano para la ciudadanía.
Un golpe visceral que han sufrido los gobiernos locales salvadoreños, en los últimos dos años, es la merma significativa en los recursos provenientes del Estado con el recorte significativo al FODES, así como las medidas tanto económicas como políticas que han sido promovidas por el Ejecutivo para enfrentar la pandemia y post pandemia del Covid-19, muchas de las cuales han desconocido y afectado la autonomía de los propios municipios. Se suma la poca capacidad para atraer y aprovechar algunos flujos para financiar el desarrollo del territorio: remesas familiares y comunitarias, inversión extranjera directa, así como los recursos provenientes de la Cooperación Internacional.
Frente a este panorama, es importante que los gobiernos locales y otras estructuras claves presentes en los territorios (mancomunidades, redes, entre otros espacios) encuentren en la innovación (pública, ciudadana y social) una herramienta estratégica para recuperar la autonomía, así como la credibilidad, aprovechar el potencial de la ciudadanía, y sobre todo mejorar la calidad de vida de la población y aportar de forma más certera y efectiva al desarrollo territorial.
Bibliografía y web grafía:
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Brugue, Q., Blanco, I. y Boada, J. (2014). Entornos y Motores para la Innovación en las Políticas Públicas. Revista del CLAD. Reforma y Democracia, 59, 5-34.
Cejudo, G., Dussauge, M. y Michel, Cynthia (2016). La Innovación en el Sector Público: Tendencias Internacionales y Experiencias Mexicanas. Ciudad de México: INAP-CIDE.
Criado, J. I. (2016). Las Administraciones Publicas en la Era del Gobierno Abierto. Gobernanza Inteligente para un Cambio de Paradigma en la Gestión Pública. Revista de Estudios Políticos, 173, 245-275.
Illa L. y J. Melo. (2015). Panorama actual de la innovación social en Colombia. Washington: Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
https://lab.gob.cl/innovacion-publica
https://www.innovacionciudadana.org/
https://jovesolides.org/jovesolides/que-es-la-innovacion-social-2