La participación ciudadana es un tema amplio, y a la vez complejo. De manera general, es un mecanismo a través del cual las personas pueden ser parte de los procesos de toma de decisión sobre temas de interés nacional y comunitario (Arpas, 2017). Esta, va más allá de componentes para establecer una relación ideal entre la ciudadanía y los gobiernos, el camino para lograrla debe ser inclusivo e integral, sino estará muy lejos de cumplir el fin principal que la sostiene. En los territorios, la participación de la población es vital para sostener los procesos de desarrollo local, sin embargo, esta no siempre está al alcance de todas y todos. Mujeres, juventudes, población LGBTI, entre otros ven minimizada su intervención en espacios participativos y sobre todo en la toma de decisiones. A pesar de los avances desde la institucionalidad en los territorios, las actuales formas de participar no son efectivas para estos grupos, principalmente para las mujeres.

En los territorios, las normas y las costumbres varían acorde a los contextos socioculturales de cada lugar, no obstante, hay un patrón que se repite y es que acceder a los espacios de participación y toma de decisiones para las mujeres es una de las tareas más complejas a las que se enfrentan.

A partir de esta premisa, es preciso visibilizar que las mujeres en los territorios están expuestas a distintas formas y expresiones de violencia. Ejemplo de ello es la situación socioeconómica de las mujeres que incide de forma directa en su participación en distintos espacios. El lugar de residencia es otro factor pues en el ámbito rural el desplazamiento hacia los centros urbanos es más limitado. De igual manera, existen otras vulneraciones sean sociales, educativas, culturales que limitan la participación de las mujeres. La satisfacción de necesidades prácticas, entre ellas las de subsistencia se vuelven prioridad antes que inmiscuirse en aspectos de la vida política de sus territorios (Arana y Giralt, 2005). Este contexto parte de condiciones sociales y económicas de extrema marginación y exclusión social, jurídica y política (Lagarde, 2005).

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Estas condiciones estructurales deben modificarse, siendo uno de los primeros pasos involucrar a las mujeres, considerar sus demandas y poner en la agenda publica las realidades a las que se enfrentan para erradicarlas. Sin embargo, los espacios de participación y en especial la toma de decisiones sigue siendo un ambiente masculinizado y hostil para muchas mujeres. La violencia política que afecta la esfera de sus derechos políticos y ciudadanos (ISDEMU, 2017) es una clara expresión de la misoginia que se vive en los espacios políticos. Los mecanismos de participación no están siendo aplicados desde un enfoque de género, pues para muchas mujeres en los territorios se libran otras batallas en sus espacios más íntimos, y las decisiones se siguen tomando sin tener en cuenta factores estructurales que limitan la participación amplia de las mujeres en aspectos de la vida pública.  Lo primordial es tener en cuenta que la equidad de genero y la disponibilidad de los medios necesarios para una plena participación, difícilmente ocurrirá sin una adecuada sensibilización de hombres y mujeres que trabajan en ese ámbito (Arana y Giralt, 2005).

Esta sensibilización implica la aplicación de mecanismos participativos que consideren las realidades de las mujeres, desde lo mas sencillo como establecer un horario para las reuniones, los temas a abordar, solo generar espacios para mujeres, es decir, tener una mirada de género para cada acción que se realice. Esto implica que se deben incorporar sus demandas para que los procesos democráticos en los territorios sean sostenibles. Esto va más allá de las cuotas partidarias, o el conocido 30%, porque las mujeres se limitan a participar por factores como la misoginia, el machismo y la prevalencia de la cultura patriarcal en el país, entonces lo que se necesita es que existan espacios que estén libres de discriminación y violencias entre ellas la política.

La mejora de las condiciones económicas, junto con las oportunidades de educación y acceso a los canales de información permitirán que las limitantes que viven en sus entornos más cercanos abran paso hacia una participación plena en los procesos políticos y participativos (Arana y Giralt, 2005). La responsabilidad de transformar esta situación es de todas y todos. Pues lo principal es generar iniciativas de educación y sensibilización, incluir las demandas de las mujeres y otros grupos que históricamente han sido excluidos, todo siempre desde un enfoque de género y derechos humanos. Pues solo en la medida que se logren cambios reales se producirán efectos en la participación y representación de las mujeres en todos los aspectos de la vida pública en los territorios.