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El autor es graduado de la Maestria en Desarrollo Territorial
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Mantener el equilibrio del sistema ambiental que posee el territorio, requiere que exista un marco normativo y legal medioambiental eficaz y eficiente, con una coherencia entre las leyes nacionales, locales y los tratados internacionales de los que el país es firmante; el marco legal como conjunto de normas jurídicas que se establecen en la ley y tienen un carácter general y el marco normativo como las normas o reglas más específicas para realizar y atender los procesos. Las primeras dictan lo que debe hacerse, las segundas obedecen a las primeras y dictan, además de lo que debe hacerse, cómo hacerlo. La existencia y cumplimiento de ambos establecerá las condiciones a que se sujetará la realización de obras, acciones y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente, preservando y restaurando los ecosistemas, evitando o reduciendo al mínimo sus efectos negativos, garantizando que nuestras acciones no rompan el equilibrio o si lo hacen sea lo menos dañino posible, El titular de ello, a nivel de país, es el gobierno central y en el territorio, los gobiernos municipales. Los municipios son las unidades básicas de administración y gobierno más cercano a la gente, dentro de sus responsabilidades está el promover un desarrollo local sostenible, con la armonización de crecimiento económico, cuidado ambiental, inclusión, participación y equidad social; tiene como deberes: fijar políticas, programas, metas, establecer procesos, estrategias y funciones, a través de las cuales administrará sus recursos, bajo normas o condiciones provenientes del entorno y de la normativa vigente a nivel nacional, tomando en cuenta los actores involucrados en el territorio, no siendo suficiente el tener un marco normativo ideal que contemple todos los aspectos, sino haciéndolo cumplir por todos y todas para su efectividad. Estas competencias deben implementarse con eficiencia y eficacia para dar respuesta a las demandas de la sociedad y a la incorporación de los actores de la sociedad civil al diseño de las políticas públicas, en un proceso conjunto de esfuerzos específicos, con el objetivo de preservar, restaurar, conservar y aprovechar de forma sostenible el medio ambiente que nos rodea y del que dependemos irrefutablemente para nuestra subsistencia.
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