El desarrollo territorial no puede entenderse solo como un sinónimo de crecimiento económico, ni tampoco como las acciones que se realizan en un área geográfica. Desde una visión más amplia, se trata de una realidad social en la que actúan diferentes actores que establecen relaciones entre sí, un territorio con características, recursos, oportunidades, culturas, identidades y formas de organización particulares. Desde esta perspectiva, el desarrollo territorial también implica la capacidad de los actores para organizarse, dialogar, tomar decisiones y definir objetivos colectivos orientados a responder a las necesidades del territorio. Sin embargo, las capacidades y las condiciones de participación no son iguales para todas las personas, cambian, entre otros factores, por el género. Por ello, es fundamental incorporar el enfoque de género como un eje transversal de análisis y no solo como un tema adicional, porque la presencia de las mujeres no garantiza su capacidad de incidir en las decisiones.
Desde la perspectiva de Spinelli y Costamagna (2023), el desarrollo territorial se entiende como un proceso sociopolítico complejo, que cambia a partir de las características y relaciones existentes en cada territorio. Por ello, no es suficiente planificar proyectos desde necesidades generales o a partir de una visión externa, sino que es necesario comprender los contextos y las condiciones en las que viven los distintos actores. En este sentido, el enfoque de género no debe incorporarse solo como una adenda, un tema adicional o una cuota dentro de los proyectos y políticas de desarrollo. Pues, las desigualdades entre hombres y mujeres forman parte de las relaciones sociales y de poder que configuran los territorios. Y, si estas desigualdades no se identifican y reconocen, las intervenciones pueden terminar reproduciéndolas. Por lo mismo, incluir mujeres en una actividad o proyecto no garantiza que tengan capacidad para participar, opinar o decidir.
Hablar de género, por tanto, implica también hablar de poder. El enfoque de género permite analizar quién tiene acceso a los recursos, quién participa, quién ocupa espacios de decisión y quién tiene capacidad para incidir sobre las decisiones que afectan al territorio. Por ejemplo, en una directiva comunitaria puede existir una participación importante de mujeres en actividades y reuniones; sin embargo, si los cargos directivos y los espacios donde se toman las decisiones son ocupados principalmente por hombres, su presencia no significa necesariamente que tengan la misma capacidad de incidencia. La participación debería permitirles decidir, proponer, negociar y contribuir a transformar las decisiones del territorio. Esto implica reconocer también que las condiciones y oportunidades pueden ser diferentes según el contexto y que las intervenciones deben procurar generar condiciones más igualitarias de participación.
Esta relación entre género, poder y participación permite comprender la afirmación de los autores de que, en los procesos de desarrollo territorial, las mujeres han sido más receptoras o destinatarias que protagonistas y decisoras. El problema no consiste únicamente en que las mujeres no sean escuchadas, sino en que, cuando no participan con capacidad real de decisión, las intervenciones pueden diseñarse desde una visión externa que no necesariamente reconoce sus necesidades, experiencias y condiciones. De esta manera, un proyecto que pretende beneficiar a las mujeres puede terminar reproduciendo las mismas relaciones de poder y desigualdades que busca transformar. Esto puede observarse, por ejemplo, cuando un proyecto comunitario dirige incentivos relacionados con las tareas domésticas principalmente a mujeres, reforzando la idea de que estas actividades corresponden a ellas. De igual manera, enseñar una habilidad o desarrollar un proyecto dirigido a mujeres debería llevar a preguntarse si realmente amplía sus oportunidades económicas, fortalece su autonomía, facilita el acceso a recursos o aumenta su capacidad para participar en espacios colectivos y tomar decisiones.
Un ejemplo de estas desigualdades se encuentra en la distribución del trabajo de cuidados no remunerado. Este sigue considerándose una responsabilidad atribuida principalmente a las mujeres, cuando debería existir una distribución compartida entre el resto de los actores de la sociedad. El caso en Rafaela permite observar las consecuencias de esta situación: el 97.9% de la población inactiva que se declara ama de casa son mujeres; además, el 87% de las mujeres atribuye las dificultades para encontrar empleo a las responsabilidades familiares, mientras que el 70% de las trabajadoras labora menos de 35 horas semanales y el 93% señala que no dispone de más tiempo debido a las cargas de cuidado.
Dichos datos no solo son cifras sobre empleo. Es un reflejo de cómo la falta de reconocimiento del trabajo de cuidado y su distribución desigual condicionan las oportunidades de las mujeres. Aunque no genere ingresos monetarios, permanecer en el hogar realizando tareas domésticas o cuidar a niños (u otros familiares) es un trabajo. Y cuando esta responsabilidad se carga principalmente en las mujeres, se reduce su tiempo disponible para estudiar, capacitarse, trabajar a tiempo completo o acceder a empleos formales y mejor remunerados. De esta forma, una mayor carga de cuidados puede traducirse en menor autonomía económica; en una menor capacidad para tomar decisiones sobre la propia vida; y de participar en espacios comunitarios. Es importante resaltar que, aunque existan oportunidades de empleo, formación o participación en un territorio, por sí solas estas no garantizan que todas las personas cuenten con las mismas condiciones para acceder a ellas.
Por ello, comprender el género como un eje transversal del desarrollo territorial implica mirar más allá de la mera presencia de mujeres en los proyectos y obliga a preguntarse quiénes pueden realmente participar, acceder a oportunidades y tomar decisiones. También significa reconocer que las desigualdades no son ajenas a un territorio, sino que forman parte de las relaciones que lo construyen. Por lo tanto, promover procesos de desarrollo territorial requiere considerar los contextos y capacidades de los actores, y con ello generar espacios de participación efectiva y evitar intervenciones que reproduzcan desigualdades.
Para finalizar, el enfoque de género no debe comprenderse como un tema separado del desarrollo territorial, porque los territorios están conformados por actores que se relacionan, toman decisiones y construyen colectivamente sus condiciones de vida. Incorporar esta perspectiva permite reconocer las desigualdades que pueden limitar la participación y las oportunidades de ciertos grupos, y con ello diseñar intervenciones adecuadas al contexto del territorio. La lectura de Spinelli y Costamagna (2023) permite comprender que hablar de género no significa disminuir el papel de los hombres ni empoderar únicamente a las mujeres, sino reconocer las condiciones diferenciadas y las relaciones de poder existentes para generar una participación más equitativa. No basta con estar presente o formar parte de un grupo: es necesario tener la capacidad real de ser escuchado, decidir e incidir en las transformaciones del territorio.
Referencias
Spinelli, E. y Costamagna, P. (2023). Perspectiva de género y diversidades: diálogos con el enfoque de desarrollo territorial. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Territorial (CIISDER). Revista Contraste Regional N°21. https://www.ciisder.mx/images/revista/Revista-contraste-regional 10/02Perspectiva_de_genero_y_diversidades_dialogos_con_el_enfoque_del_desarrollo_territorial_volumen_6_numero_10.pdf
OpenAI. (2026). ChatGPT [GPT-5.6 Luna]. https://chatgpt.com (Uso de IA como herramienta para organización de ideas y mejora de redacción)