Todos los días nos beneficiamos de los bienes y recursos que nos provee la naturaleza, consumimos agua, alimentos y usamos la energía eléctrica como parte de nuestras necesidades cotidianas, también necesitamos disfrutar de la sombra y frescura de los árboles en un parque o montaña, o bien del sol de una playa. Pero usualmente nuestra relación con la naturaleza nos pasa desapercibida, no somos conscientes de que estamos siendo parte un sistema de toma de decisiones sobre los recursos naturales que tiene implicaciones directas sobre nuestro bienestar ¿Cómo llega el agua hasta nuestros hogares? ¿Por qué la mayoría de la población rural no tiene agua domiciliar? ¿Qué tipo de alimentos consumimos?, ¿Dónde y cómo se producen nuestros alimentos? ¿Quiénes los cultivan? ¿Contamos con suficientes áreas verdes, espacios de esparcimiento, playas y campos limpios? ¿A qué se debe la deforestación? ¿Por qué existe tanta acumulación y mal manejo de la basura? 

El proceso de toma de decisiones sobre los recursos de la naturaleza se denomina gobernanza ambiental, se refiere a la forma en cómo adoptamos las decisiones en materia ambiental y   quiénes participan en dichas decisiones, así como la manera en que estas decisiones son implementadas y fortalecidas, también tiene que ver con las formas en que se manejan los conflictos e intereses contrapuestos  (Joquera Beas, 2011), (WRI, 2003), (Piñeiro, 2004).

En este proceso de toma de decisiones intervienen los gobiernos en sus distintos niveles e instancias de decisión, local y nacional, así como también otros actores de la sociedad civil, por ejemplo, la empresa privada, organizaciones y comunidades rurales y urbanas, entre otros. En el caso de El Salvador, la gobernanza ambiental tiene un marco regulatorio conformado por principalmente por la Ley de Medio Ambiente y el ente rector Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), desde donde se definen las normativas legales y políticas para regular las actividades productivas y de infraestructura, así como el seguimiento de proyectos de índole ambiental. El MARN asume además las políticas y estrategias frente al cambio climático. Otras legislaciones respecto al ordenamiento territorial, el recurso hídrico, la producción agrícola o forestal, complementan este marco regulatorio.

En el ámbito local, las municipalidades y las asociaciones municipales o mancomunidades son actores vitales para la gestión de los temas ambientales. El Código Municipal en el artículo 4, sobre las competencias municipales, les adjudica “la regulación y el desarrollo de planes y programas destinados a la preservación, restauración, aprovechamiento racional y mejoramiento de los recursos naturales, de acuerdo con la ley” además de esto los municipios tienen competencia en el manejo de desechos sólidos y la autorización de construcciones, entre otros temas vinculados al medio ambiente. La legislación ambiental, establece en el artículo 7 de la Ley de Medio Ambiente la creación de las Unidades Ambientales Municipales que son parte del Sistema Nacional de Medio Ambiente (SINAMA), el mecanismo de coordinación del sector público para la gestión ambiental del Estado. Todo este marco normativo garantiza la inclusión de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de toma de decisiones, a través de diferentes mecanismos de consulta, creación de espacios de diálogo y participación en la elaboración de políticas públicas. 

La robustez de las instituciones, la capacidad organizativa y el empoderamiento ciudadano respecto a sus derechos, son elementos clave de la buena gobernanza ambiental local. En algunos casos observamos avances importantes, por ejemplo, la Mancomunidad La Montañona, en Chalatenango mantiene un esfuerzo de más de dos décadas enfocado en el manejo integral del bosque, la preservación del agua y promoción de mejores prácticas agropecuarias, basados en acuerdos entre comunidades de la zona. También han sido efectivas las figuras de coordinación interinstitucionales establecidas en la legislación ambiental como los Comités Asesores Locales (COAL) en las zonas de conservación, por ejemplo en la Reservas de Biosfera Apaneca Ilamatepec, Reserva de Biosfera Xirigualtique-Jiquilisco o el Área de Conservación Imposible-Barra de Santiago, donde la participación ciudadana esta impulsando esfuerzos coordinados para una efectiva gobernanza ambiental en beneficio de los medios de vida locales. 

Sin embargo, en muchas municipalidades se observa una actuación insuficiente frente a la problemática ambiental, acciones asiladas, limitados recursos humanos, financieros y baja participación ciudadana. Recientemente una tesis de la Maestría en Desarrollo Territorial analizó la implementación de prácticas de gobernanza ambiental en un municipio del centro del país, el caso muestra que la institucionalidad local no logra establecer una efectiva gobernanza frente a un contexto de deterioro de los recursos naturales vinculado con rápidos cambios de uso de suelo relacionados con el incremento de las urbanizaciones y contaminación por malas prácticas agrícolas. La calidad de vida de la población se ve desmejorada por la creciente degradación y contaminación de ríos y quebradas por falta de tratamiento de aguas residuales, manejo inadecuado de desechos sólidos que afecta la salud de sus habitantes. Además, la deforestación de las partes altas de las cuencas incrementa la vulnerabilidad frente a eventos extremos por la propensión a deslizamientos.  Estos impactos preocupan fuertemente a la población, según una encuesta realizada en el municipio la mayoría de la población opina que la población no participa de las decisiones ambientales, las cuales no son socializadas con los actores locales, lo mismo sucede con las medidas de prevención ante riesgos ambientales relacionados al cambio climático o situaciones de emergencia (Hernández, Mira, & Soriano, 2022).

Este es un ejemplo de la complejidad de la gobernanza ambiental local. Especialmente en zonas urbanas y periurbanas en el entorno del AMSS observamos una creciente conflictividad vinculada al incremento de urbanizaciones sobre zonas de recarga hídrica o de alta vulnerabilidad ambiental. En estos casos las prioridades del mercado parecen tener prioridad incluso frente a los instrumentos vigentes como las directrices de zonificación ambiental y uso de suelo, son decisiones que no evidencian la aplicación de mecanismos de consulta amplios y transparentes.

En un contexto de múltiples crisis como la inseguridad alimentaria, el incremento de la vulnerabilidad ambiental o la crisis sanitaria es vital poder desplegar acciones más ordenadas, efectivas y participativas, que consideren las necesidades de la población, sobre todo la más vulnerable.  Estamos ante el difícil reto de no abdicar la aspiración de la buena gobernanza ambiental local que aporte soluciones a los problemas ambientales y climáticos de El Salvador, hablamos de mantener la apuesta por la participación, la representación, la deliberación, la rendición de cuentas, el empoderamiento social y una articulación fluida entre instancias nacionales y locales.

*La autora de este artículo es escritora invitada a nuestro blog, integrante del Consejo de Dirección de la Fundación PRISMA. Colabora además asesora de tesis de la Maestría en Desarrollo Territorial de nuestra universidad

Referencias 

Hernández, S., Mira, S., & Soriano, O. (2022). Evaluación de la implementación de prácticas de gobernanza ambiental desarrolladas en el municipio de Cojutepeque departamento de Cuscatlán. San Salvador: Tesis para optar al grado de Maestro/a en Desarrollo Territorial.

Joquera Beas, D. (2011). Gobernanza para el desarrollo territorial. Centro latinoamericano para el desarrollo rural (RIMISP). Proyecto conocimiento y cambio en pobreza rural y desarrollo.

Piñeiro, D. (2004). Movimientos Sociales, Gobernanza Ambiental y Desarrollo Territorial Rural. Rimisp.

WRI. (2003). World Resources 2002–2004: Decisions for the Earth. Washington, D.C.: World Resorces Institute.