Como se sabe, la Ley Especial para la Reestructuración Municipal se aprobó en junio del 2023, entrando en vigencia ocho días después de ser publicada en el Diario Oficial, para hacerse efectiva a partir de las elecciones municipales del 3 de marzo del 2024, lo cual sucedió.
Esta ley, que vino a transformar la división político administrativa municipal presente casi desde la existencia del país como república, pasando de 262 a 44 municipios, es una ley que no dictó ninguna normativa específica sobre cómo iban a funcionar los nuevos municipios, por lo que unos días antes de las elecciones municipales, específicamente el 22 de abril del 2024, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial de Transición para la Reestructuración Municipal, en la que se establecieron algunas directrices para el funcionamiento de las nuevas 44 municipalidades, siendo uno de los aspectos que se establecía en la misma, que los gobiernos municipales que tomaran posesión el 1 de mayo del 2024, iban a tener dos años para completar el proceso de transición.
Algo interesante de dejar planteado es que ambas leyes pasaron a las respectivas plenarias legislativas con dispensa de trámite y sin ninguna discusión ni análisis, aun cuando su aprobación implicó modificaciones trascendentales para el país.
En este momento se ha finalizado un año de gestión de los gobiernos municipales que tomaron posesión en mayo del 2024, por lo que resulta importante valorar lo sucedido durante este período, aunque de manera general, debido a la prácticamente inexistente información pública sobre el funcionamiento de las municipalidades.
Volviendo a la Ley Especial de Transición para la Reestructuración Municipal, más allá de que contiene ciertas indicaciones generales sobre cómo hacer para pasar a gestionar de buena manera 44 municipios en lugar de 262, es evidente que se dejó en el limbo a los alcaldes y alcaldesas que asumieron el 1 de mayo del 2024, principalmente a los que tomaron posesión del cargo por primera vez, ya que no contaban ni con los conocimientos ni con la experiencia municipalista que les hubiera ayudado a enfrentar mejor los retos que implicaba asumir el gobierno de un municipio prácticamente desconocido; ya que lo que conocían de él era su nombre y la conformación distrital que le corresponde de acuerdo a la nueva ley. De allí que cada jefe edilicio actuó como consideró conveniente.
Dentro de lo que consideraron conveniente, y que es algo que ha estado presente en diversas noticias, es la asignación salarial de los nuevos gobernantes, y en algunos de los casos es evidente que los montos que se adjudicaron son bastantes altos; además, a esto hay que sumar los gastos de representación, de los que en casi la totalidad de municipios es información a la que no se tiene acceso. El argumento que se sostiene para el incremento es que el espacio geográfico y la población del lugar ha aumentado, por lo que el trabajo es mayor.
Otro aspecto que ha salido a la luz pública tiene que ver con los despidos que se han dado en algunas municipalidades, aunque parece ser que han sido mucho menor que los despedidos en los distintos órganos de gobierno de nivel central, pero siempre son personas que han perdido su trabajo, con el impacto que esto tiene para ellas y sus familias. A este punto sería importante saber cómo ha quedado la promesa que se hizo, como argumento para la reestructuración, de que con la reducción de municipios se iban a generar ahorros, porque es evidente que los gastos de un municipio no tienen que ver sólo con su personal, sino con los servicios que reciben y otros gastos de funcionamiento; y hasta donde se sabe, las 262 oficinas distritales siguen funcionando.
En cuanto a los ingresos que reciben los actuales municipios, resulta importante retomar el hecho de que hace pocos años se eliminó casi completamente el fondo que se les otorgaba a los municipios, conocido como FODES, que de ser el 10% de los ingresos corrientes del presupuesto nacional pasó al 1.5%, y además se eliminó completamente el Fondo de Apoyo a los Municipios, que recientemente se había creado. Esto hace relativamente fácil predecir que lo que los alcaldes podían hacer de cara a las necesidades de la población que habita en los municipios que gobiernan, ha sido muy poco; y esta situación se complejiza más frente a la aprobación de leyes que les quitan competencias a las municipalidades, lo que implica no sólo poder de decisión, sino también recursos; como son los casos de la creación de la Autoridad de planificación del Centro Histórico de San Salvador (APLAN), que asumió toda la decisión sobre ese espacio, así como los recursos que de allí devienen; de la Autoridad nacional de residuos sólidos (ANDRES), que ha iniciado con una prueba piloto en algunos distritos, pero que será de aplicación nacional como su mismo nombre lo dice; y de la reciente propuesta de la Dirección nacional de mercados municipales y locales comerciales ubicados en espacios públicos, que está pensada para aquellos mercados y espacios públicos que hayan sido intervenidos por el gobierno central, y que será dados en comodato a dicha dirección, ya que será responsable de los mismos, lo que significa decisiones y obtención de ingresos.
Ante este panorama, no ha sido poca la población que ha estado señalando insistentemente que durante este año sus demandas han caído en saco roto, que no les escuchan y por lo tanto no les atienden; y esto tiene que ver, por un lado, con la relativa lejanía en la que algunos distritos se encuentran en relación con la municipalidad, que es el centro donde se toman las decisiones; y por otro con el hecho que la mayoría de municipalidades no cuenta con la capacidad de generar ingresos propios que les permitan hacer frente a la demanda de su población, ante la ausencia de otras fuentes de ingreso.
Es decir, que los alcaldes y alcaldesas que tomaron posesión el año pasado, no la han tenido fácil, y tampoco la población que espera que su gobierno municipal le atienda como lo hacía cuando recibían el FODES y otros apoyos financieros y técnicos; la diferencia es que para los primeros lo que está en juego es su puesto; para los segundos, lo que está en juego es su vida.
Fuente: ¿Quiénes ganaron los 44 municipios de El Salvador en el periodo 2024-2027? Gato encerrado, marzo 2024