(Photo por Alfred Gescheidt/Getty Images)

El año pasado no fue singular sólo por la aparición de la pandemia de la COVID-19, sino por profundas transformaciones que se dieron en varios ámbitos y que continúan hasta este momento. En el caso de este artículo a la que nos referiremos es a las transformaciones que van a tener implicaciones serias en las finanzas municipales y por lo tanto en la gestión de los gobiernos locales.

Previo a entrar en materia es importante puntear varias dinámicas que se han observado entre los años 2020 y 2021 y que forman parte de las transformaciones que se han dado:

• En el 2020 se perfila de manera sistemática la no entrega del FODES cuando correspondía a los municipios, y posteriormente el retraso en su entrega; lo que llega hasta este año.
• En el mes de abril del 2021 se anuncia la creación de una nueva unidad responsable de ejecutar obras en los municipios, y luego la concreción de su existencia a partir de la aprobación de sulLey de creación por parte de la Asamblea Legislativa el 17 de noviembre del presente año.
• Desde el mes de mayo se fueron dando despidos en instancias vinculadas con los municipios, como lo son el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, ISDEM; y el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local, FISDL. Dichos despidos fueron prácticamente masivos a partir del mes de septiembre.
• La aprobación de reformas a distintas leyes relacionadas con lo municipal, tales como la derogación de la Ley de creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social, FODES; y la aprobación de una nueva en donde queda establecido que a los municipios se les entregará el 1.5% de los Ingresos Corrientes Netos del Estado, ICN; y la disolución del ISDEM por decreto legislativo.

Sin lugar a dudas, con las decisiones tomadas se ha abierto un parteaguas, un antes y un después para la vida y la gestión municipal.

No vamos a repetir cosas que ya se han dicho antes en otros artículos presentados en este mismo espacio. Más que todo intentaremos comentar las implicaciones que tiene específicamente la reducción del FODES que se les entregará a los municipios a partir de la reducción en el porcentaje asignado en la nueva ley.

A continuación, se presenta un cuadro que contiene información del año 2019. Con la información que se contaba sobre ingresos propios de los municipios que se presentan, se efectuaron las relaciones entre el FODES y dichos ingresos. Una de ellas es la que resulta de relacionar el monto recibido del FODES, sobre la base del 10% de los ICN con los ingresos propios( columna B); y la otra fue calculada a partir de considerar que a los municipios se les entregaba el 1.5% del FODES, y dicho monto se relacionó con los ingresos propio siempre de ese año (columna C). Posteriormente se estableció la relación para ambos casos, entre el monto recibido del FODES y los ingresos propios en cada situación, es decir si recibían el 10% (columnas B/A) y si recibían el 1.5% (columna C/A).

Como se puede observar, aún recibiendo el 10% del FODES, hay municipios para los que este monto supera con creces sus ingresos propios, tal es el caso de Chinameca y Panchimalco; mientras hay otros como San Miguel, para el que el FODES representa aproximadamente una quinta parte de sus ingresos. Para el resto de municipios, lo que reciben del FODES casi equipara a los ingresos que reciben por tasas, impuestos y donaciones.

Haciendo los mismos cálculos, pero asumiendo la entrega del 1.5% del FODES, es evidente que la situación se complejiza, dejando en desventaja a la mayoría de los municipios considerados, ya que dejarán de percibir fondos que les permitía ejecutar una diversidad de programas y proyectos, y no sólo de infraestructura; tal es el caso de los programas de becas, proyectos de formación en música y danza, proyectos deportivos, de apoyo a emprendedoras, entre otros, los cuales en este momento han sido suspendidos en la mayoría de municipios del país. Hay que aclarar que de este tipo de programas y proyectos la nueva Dirección Nacional de Obras Municipales no se hará cargo.

Asimismo, será difícil, cuando no imposible, que las municipalidades puedan incrementar lo que reciben por el pago de tasas e impuestos de parte de la población que habita en esos lugares, ya que la mayoría de veces el no pago no se debe únicamente a querer evadirlo, sino a una imposibilidad real de pagarlos por la situación de pobreza en que se encuentra buena parte de la población. Hay que decir que en este momento varios municipios están haciendo esfuerzos por una recuperación efectiva de la mora que existe en este pago.

Ante esta situación es claro que la búsqueda del equilibrio financiero de las municipalidades, en función de contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la población, tiene que ser una acción articulada entre las instancias del gobierno central y los gobiernos locales, si es que realmente las decisiones que se han tomado tienen en mente el desarrollo territorial y por ende el de las personas que viven en cada uno de los 262 municipios del país.