Propiamente, el refrán dice ¿qué le hace una raya más al tigre?, haciendo alusión a que como el tigre ya está rayado, no se le notará otra raya más. Igual puede ser ¿qué le hace una mancha más al jaguar? o ¿qué le hace una espina más al puerco espín? Y así se puede ir sumando sujetos a la misma frase.
En el caso que nos ocupa, la elaboración de la frase puede ser ¿qué le hace una ley más, que le quite competencias, a las municipalidades?; y en este caso, a diferencia del tigre, el jaguar o el puerco espín, las implicaciones de una normativa que atente contra el funcionamiento de eso que conocemos como municipalidades, si existen.
Más allá de todo el proceso que se ha venido dando en los últimos años, orientado a desmontar la institucionalidad de apoyo a los municipios, es posible hacer un recorte en dicho proceso para centrar la atención en lo que tiene que ver con la generación de ingresos propios por parte de las municipalidades, que es uno de los elementos fundamentales para el sostenimiento de las actividades que se realizan en los municipios, desde los gobiernos de los mismos y su aparato administrativo; más cuando ya no reciben otro tipo de ingresos desde el gobierno central.
Antes de esta propuesta de ley, ya se habían aprobado dos normativas a las que hay que hacer referencia en relación con lo anterior. Una de ellas, centrada en San Salvador, es la Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador, APLAN (marzo 2023). Otra es la Ley Especial de Recolección, Aprovechamiento y Disposición Final de Residuos, que dio paso a la creación de la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos, ANDRES (diciembre 2024). Ambas le quitan competencias, y por lo tanto poder de decisión y recursos a las municipalidades, la primera a San Salvador Centro y la segunda a todas las municipalidades.
La tercera en discordia es la propuesta de ley recientemente presentada y aprobada por la comisión legislativa respectiva, y que está referida a la creación de la Dirección Nacional de Mercados Municipales y Locales Comerciales Ubicados en Espacios Públicos (abril 2025).
Hay muchas aristas que se pueden abordar en relación con esta propuesta de ley; pero en este espacio se hará referencia a algunas de ellas.
Hay que aclarar que la propuesta de ley está orientada a que los mercados municipales y locales en espacios públicos que hayan sido intervenidos por el gobierno central, sean dados en comodato por las municipalidades a la dirección nacional de mercados. En este artículo se tratará de dar respuesta a la siguiente pregunta ¿Qué implicaciones tiene esto para las municipalidades, para las personas a quienes se les otorgue un puesto en alguno de esos espacios, y para los usuarios o consumidores de los productos y servicios que allí se ofrecen?
En el caso de las municipalidades, es claro que la aprobación de una ley como la planteada, le quita a estas todo poder de decisión sobre lo que sucede en los mercados o espacios dados en comodato al gobierno central, ya que no serán ellas las que definan nada de lo relacionado con los mismos; y esto tiene su correlato también en la disminución de los ingresos con los que cuentan las municipalidades, y que recibían por parte de las personas asignadas en los espacios del mercado. Quizás en otro momento en el pasado, no recibir estos ingresos podría no haber tenido mayor impacto en el quehacer de las municipalidades, pero sí lo tendrá en un momento como el actual en el que no cuentan prácticamente con ningún fondo más que el que logran recaudar por los impuestos y tasas municipales. 
En cuanto a la asignación de los puestos ubicados en esos espacios, evidentemente las personas solicitantes de los mismos deberán cumplir una serie de requisitos, lo que implica sin lugar a dudas un gasto que tendrán que realizar; en un primer momento producto del papeleo que deben presentar; en un segundo momento, y de forma más permanente, tendrán que asumir nuevos costos, siendo uno de ellos lo referido al pago del salario mínimo y lo que esto significa en términos de formalización empresarial. Valga aclarar que no es que se esté en contra que las personas reciban un mayor salario, sino que posiblemente no todas las actividades comerciales que se realizan en los mercados tienen el mismo nivel de ingresos; quizás por eso en las normativas actuales que cada municipalidad tiene sobre los mercados municipales, el cobro por metro cuadrado es diferenciado en función de las categorías establecidas en dichas normativas; es decir que, no se cobra lo mismo a todos los puestos, depende de lo que comercialicen.
Lo anterior necesariamente se va a traducir en un incremento de precios de los productos y servicios, lo que afectará directamente a los usuarios de los mercados manejados por la nueva dirección nacional, lo que puede implicar que busquen alternativas más baratas donde comprar. En el caso de las frutas y verduras, que es de los rubros identificados por las municipalidades como generadores de bajos ingresos para quienes los venden, existe por el momento un espacio de competencia que son los agromercados, con los que no van a poder competir, al menos en precios.
Un aspecto importante de mencionar es que, además de que esta decisión va a afectar a los sujetos vinculados directamente con la aprobación de la ley, también tendrá repercusiones en la dinámica municipal; sobre esto sólo dejamos algunas preguntas planteadas: ¿Qué pasará con las personas que desde las municipalidades están a cargo de lo que sucede en los mercados municipales, perderán su empleo? ¿Cómo suplirán las municipalidades este recorte en sus ingresos propios? ¿Existe la posibilidad de que esta ley sea aplicada a todos los mercados municipales y locales comerciales ubicados en espacios públicos?, y las preguntas pueden seguir.
Para finalizar, es necesario recalcar que se está frente a otro traspaso de competencias de las municipalidades a un ente del gobierno central, y en este caso, a uno que depende de la Presidencia de la República. El proceso de centralización sigue su marcha….