La UCA aprovechó la celebración de sus primeros diez años para reflexionar sobre lo que había sido esa década y para plantearse los desafíos de la siguiente. Así, 1975 fue un año dedicado a evaluar y planificar. La situación objetiva de la Universidad reclamaba respuestas claras a preguntas no del todo contestadas y soluciones concretas a problemas no del todo resueltos. El peso creciente de la UCA en el país y su orientación ideológica exigían considerar la cuestión de cómo emplear esa influencia institucional en la transformación de la sociedad. Esta problemática está plasmada en dos documentos. El primero es un libro de Román Mayorga Q., La universidad para el cambio social (UCA Editores, 1976); y el segundo es una edición extraordinaria de ECA, “La UCA diez años después” (324-325, octubre-noviembre de 1975).
El proceso fue retomado a principios de 1976, cuando la junta de directores inició consultas intensas para replantear la misión de la UCA de cara al segundo préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. De aquí salió un documento que sirvió para una discusión amplia y detallada que duró cinco meses, y en la cual participaron veinte personas. El resultado de este proceso está recogido en Las funciones fundamentales de la universidad y su operativización (UCA, 1979). El documento tiene tres partes. En la primera y en la segunda se definen la identidad y las tres funciones (docencia, investigación y proyección social) de la UCA, mientras que en la tercera se explica la operativización de las dos anteriores.
Parte de este esfuerzo fue una nueva reforma curricular. Había descontento porque las carreras eran excesivamente profesionalizantes, en sentido reductor. En consecuencia, la carrera no podía ser concebida solo como capacitación adecuada para ejercer una profesión: había que integrar la dimensión ética. Desde esta perspectiva, se revisaron los planes de estudio y los métodos de enseñanza y evaluación. Asimismo, se consolidó el registro académico, se pusieron las bases para los primeros postgrados y se estableció la política de admisión, creando el Centro de Admisiones, el cual, desde entonces, promueve a la UCA en los centros de educación media, publica folletos con orientación sobre la institución y sus carreras, practica diagnósticos vocacionales, organiza el cursillo de admisión y elabora sus propios libros de texto. Los decanos y los departamentos colaboran con estas tareas.
En este contexto, el Centro de Reflexión Teológica, fundado por la Compañía de Jesús en 1974, inició sus actividades en la UCA, en 1975. En ese mismo año, se abrieron las carreras de Sociología y Ciencias Políticas. Esta última fue una experiencia muy interesante e importante para El Salvador, porque abrió un espacio para que políticos de diversas ideologías pudieran discutir los problemas del país, en un contexto académico. En 1978 se agregó la Licenciatura en Computación. Asimismo, se ofrecieron dos planes complementarios en Economía, Administración de Empresas e Ingeniería Industrial, y al Profesorado en Educación Media de Matemática y Física (1971) se agregaron Biología, Química y Filosofía.
El deterioro de la situación del país y, en particular, el golpe de Estado de 1979 impidieron que la UCA profundizara en los cambios internos. Aparte de la crisis política, que llevó al país a la guerra, la primera junta de Gobierno y su fracaso implicaron para la Universidad la pérdida de personal muy valioso. La UCA se vio en serios aprietos por la salida de una parte del personal más cualificado, que primero se integró al Gobierno y luego pasó al exilio. Pocos meses después estalló la guerra, y el rector de la Universidad, Ignacio Ellacuría, también se vio forzado a pasar varios meses en el exilio. En los primeros años de la década de los ochenta, varias autoridades y profesores estuvieron temporalmente fuera del país por razones de seguridad personal.
La Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, conocida como UCA, fue fundada en septiembre de 1965, en el contexto del optimismo de la década del desarrollo.
Un grupo de ciudadanos católicos se acercó al Gobierno y a la Compañía de Jesús para promover el establecimiento de una segunda universidad. Querían crear una alternativa a la Universidad de El Salvador para formar profesionalmente a los egresados de los colegios católicos.
La universidad concebida por este grupo de personas era privada, con capital y acciones, y orientada a satisfacer las demandas de una educación profesionalizante de una elite. Consideraban que una universidad católica concebida en estos términos contribuiría en gran medida al avance cultural del pueblo salvadoreño. Para matizar el elitismo, proponían ofrecer algunas becas.
Además de estas consideraciones generales sobre lo que debía ser la nueva institución, es importante subrayar la percepción que predominaba sobre la Universidad de El Salvador. Excepto por la Facultad de Medicina, generalmente considerada como de alta calidad, la docencia en las demás facultades era vista por los grupos poderosos como mediocre o deficiente. Pero lo que más preocupaba a estas clases sociales era la orientación ideológica de la UES, considerada como abiertamente comunista. La dimensión anticomunista en la idea de los promotores de la nueva universidad no fue explicitada públicamente, pero estaba sobreentendida entre la clase dominante, sin cuyo apoyo no hubiera sido posible fundarla.
La idea original no progresó, pero la Compañía de Jesús, que desde hacía varios años contemplaba la posibilidad de establecer una universidad, impulsó una alternativa diferente, al menos en dos puntos importantes. La primera es que sería una corporación de utilidad pública, cuya administración se encargaría a una junta de directores. La segunda es que se orientaría hacia el desarrollo económico y social de la región. En esta visión había una percepción, no muy clara del todo, de las grandes injusticias sociales. Los fundadores eligieron para la institución el nombre y símbolo libertario de José Simeón Cañas.
Por su parte, la Universidad de El Salvador, que vio amenazado su monopolio de la educación superior, y la oposición política, que la secundó, se opusieron a la UCA. Pero el Gobierno también deseaba una alternativa a la primera y, por consiguiente, apoyó el proyecto. Este apoyo fue determinante para que la Asamblea Legislativa aprobara el anteproyecto de ley de universidades privadas, el 24 de marzo de 1965 (Decreto Legislativo n.º 244, publicado en el Diario Oficial del 30 de marzo de 1965). A continuación se elaboraron los estatutos (Acuerdo Ejecutivo n.º 06173, del 1 de septiembre de 1965, publicado en el Diario Oficial del 13 de septiembre de 1965), se instaló la primera junta de directores, integrada por cinco jesuitas, se hizo la inauguración oficial el 15 de septiembre y comenzaron las clases, con 357 estudiantes, en locales de la Iglesia de Don Rúa, cedidos por los salesianos, a principios de 1966.
Con base en un estudio previo, la UCA comenzó con las carreras de Economía, Administración de Empresas, y las ingenierías Industrial, Eléctrica, Mecánica y Química. Las carreras humanísticas y la formación de profesores de educación media estaban previstas, pero fueron pospuestas. En efecto, la Facultad de Ciencias del Hombre y de la Naturaleza se fundó hasta 1969, con las carreras de Filosofía, Psicología y Letras. Desde el comienzo, se pensó que los licenciados en estas disciplinas contribuirían a la transformación del sistema educativo. En esta línea, se ofrecieron tres carreras cortas de tres años para obtener el título de Profesor de Educación Media en Letras y Ciencias. Una segunda razón para abrir esta rama del saber fue que las carreras establecidas hasta entonces, de índole más bien pragmática, debían integrar en sus planes de estudio materias humanísticas y humanizantes, con miras a una formación integral.
Se eligió el nombre de ciencias del hombre y de la naturaleza para sugerir la necesaria vinculación entre ambas y la interdisciplinariedad básica y profunda de todo saber científico. La creación de esta facultad significó una dinamización intelectual importante para la UCA, pues, además de incorporar la dimensión humanística, abrió nuevas perspectivas al quehacer universitario y obligó a revisar lo implementado hasta entonces.
Una vez establecida, el paso siguiente fue asegurar la supervivencia de la UCA. Durante unos dos años, hasta principios de 1968, los esfuerzos se concentraron en reunir los fondos necesarios para adquirir un terreno donde establecerla de forma permanente. En 1967, la matrícula subió a 541 estudiantes y al año siguiente a 719. De un día para otro, los salesianos pidieron los locales. Entonces, la UCA encontró cobijo en el Colegio Externado de San José, donde funcionó con inconvenientes para ambas instituciones.
Los fondos recogidos y otras gestiones financieras permitieron adquirir el terreno de veinte manzanas, al sur poniente de la capital, donde está en la actualidad. Con un préstamo a un banco local se construyeron los dos primeros edificios, destinados, a mediano plazo, a los laboratorios. Mientras tanto, se elaboró el plan maestro de construcción urbanística. En 1968, se diseñaron los edificios, se adjudicaron los contratos de construcción y esta dio comienzo. En 1969, la UCA se trasladó a su nuevo campus.
El rápido crecimiento de la matrícula (1,031 estudiantes, a comienzos de 1969), el nuevo campus y los dos primeros edificios animaron a las autoridades a emprender un programa amplio de expansión. Dado que ninguna fuente de financiamiento local proporcionaría los recursos necesarios, en condiciones favorables de largo plazo y bajo interés, la UCA consideró la posibilidad de hacer un préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que ya había contribuido a financiar la Universidad de El Salvador. El Consejo Nacional de Planificación Económica del país (Conaplan) ayudó a preparar el proyecto.
La preparación llevó varios meses de intenso trabajo para satisfacer las exigencias del banco, en especial las proyecciones financieras de la UCA. El documento muestra una clara conciencia de que la Universidad debía insistir en la investigación e influir en la sociedad, pero todo ello en el contexto del desarrollismo. El Conaplan consideró que el proyecto era una “alta prioridad”, el Banco Central de Reserva lo respaldó y los técnicos del BID se mostraron satisfechos e impresionados. Así, el préstamo se firmó el 27 de octubre de 1970.
El plan de desarrollo de la UCA incluía la urbanización del campus; la construcción y equipamiento de ocho edificios, entre ellos dos de aulas, denominados “A” y “B”, dos para profesores, la administración central y el núcleo de lo que sería la Biblioteca “P. Florentino Idoate, S.J.”; equipo para laboratorios; aumento del personal académico y administrativo; especialización de futuros profesores en el exterior; asistencia financiera para los estudiantes; y asistencia técnica en áreas especializadas. La intención del plan era levantar la infraestructura básica de la UCA, incluyendo el desarrollo físico, que tuvo lugar entre 1971 y 1974, aunque no de manera exclusiva. El plan general preveía cuatro edificios adicionales: un tercer edificio para profesores, el Edificio de Aulas “C”, el centro comunitario, la administración central y uno de aulas grandes, que podrían convertirse en auditorio.
La arquitectura de esta primera etapa no satisfizo a todos. Hubo malestar creciente por la existencia de espacios semicerrados, propios de otros ambientes, y por no aprovechar los elementos naturales —luz, aire y perspectiva—. Esto se corrigió en la segunda etapa de expansión, después de acaloradas discusiones. Los edificios de esta fase, la cual se puede identificar con facilidad, incorporaron los elementos antes ausentes y reflejan más fielmente el ideal universitario de la UCA. Desde otro punto de vista, la arquitectura del campus es flexible, permitiendo usos diversos y adaptaciones, y sobre todo facilitando la integración de la comunidad universitaria, pues el diseño obliga a la interdisciplinariedad. Desde el principio, se evitó la construcción de edificios para una determinada facultad.
La segunda etapa de desarrollo físico comenzó en 1978, cuando se firmó el segundo préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. La Junta de Directores empleó mucho tiempo estudiando y discutiendo los anteproyectos de construcción. Pidió a los diseñadores familiarizarse con el funcionamiento de la UCA, consultó a los futuros usuarios de los edificios y se asesoró con una comisión de obras físicas, la que después se convirtió en la Oficina Ejecutora de Proyectos. Así, se construyeron las aulas magnas I y II, los nuevos edificios de profesores “A” y “B”, los laboratorios de ingeniería y la Dirección de Informática (antes, Centro de Cómputo). A mediados de 1979, se construyeron los edificios de Rectoría, imprenta y auditorio, y se remodeló la administración central. En 1983, con el remanente del préstamo no gastado en el plazo previsto y autorizado por el banco, se añadió un tercer edificio, junto a los laboratorios de ingeniería, se remodelaron los laboratorios y el estacionamiento principal, se levantó el muro perimetral y se adquirió el campo experimental. Asimismo, se invirtió en equipo, material bibliográfico y en la especialización de docentes en el exterior. De esta forma, la UCA quedó preparada para atender cómodamente a unos siete mil estudiantes.
La UCA aprovechó la celebración de sus primeros diez años para reflexionar sobre lo que había sido esa década y para plantearse los desafíos de la siguiente. Así, 1975 fue un año dedicado a evaluar y planificar. La situación objetiva de la Universidad reclamaba respuestas claras a preguntas no del todo contestadas y soluciones concretas a problemas no del todo resueltos. El peso creciente de la UCA en el país y su orientación ideológica exigían considerar la cuestión de cómo emplear esa influencia institucional en la transformación de la sociedad. Esta problemática está plasmada en dos documentos. El primero es un libro de Román Mayorga Q., La universidad para el cambio social (UCA Editores, 1976); y el segundo es una edición extraordinaria de ECA, “La UCA diez años después” (324-325, octubre-noviembre de 1975).
El proceso fue retomado a principios de 1976, cuando la junta de directores inició consultas intensas para replantear la misión de la UCA de cara al segundo préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. De aquí salió un documento que sirvió para una discusión amplia y detallada que duró cinco meses, y en la cual participaron veinte personas. El resultado de este proceso está recogido en Las funciones fundamentales de la universidad y su operativización (UCA, 1979). El documento tiene tres partes. En la primera y en la segunda se definen la identidad y las tres funciones (docencia, investigación y proyección social) de la UCA, mientras que en la tercera se explica la operativización de las dos anteriores.
Parte de este esfuerzo fue una nueva reforma curricular. Había descontento porque las carreras eran excesivamente profesionalizantes, en sentido reductor. En consecuencia, la carrera no podía ser concebida solo como capacitación adecuada para ejercer una profesión: había que integrar la dimensión ética. Desde esta perspectiva, se revisaron los planes de estudio y los métodos de enseñanza y evaluación. Asimismo, se consolidó el registro académico, se pusieron las bases para los primeros postgrados y se estableció la política de admisión, creando el Centro de Admisiones, el cual, desde entonces, promueve a la UCA en los centros de educación media, publica folletos con orientación sobre la institución y sus carreras, practica diagnósticos vocacionales, organiza el cursillo de admisión y elabora sus propios libros de texto. Los decanos y los departamentos colaboran con estas tareas.
En este contexto, el Centro de Reflexión Teológica, fundado por la Compañía de Jesús en 1974, inició sus actividades en la UCA, en 1975. En ese mismo año, se abrieron las carreras de Sociología y Ciencias Políticas. Esta última fue una experiencia muy interesante e importante para El Salvador, porque abrió un espacio para que políticos de diversas ideologías pudieran discutir los problemas del país, en un contexto académico. En 1978 se agregó la Licenciatura en Computación. Asimismo, se ofrecieron dos planes complementarios en Economía, Administración de Empresas e Ingeniería Industrial, y al Profesorado en Educación Media de Matemática y Física (1971) se agregaron Biología, Química y Filosofía.
El deterioro de la situación del país y, en particular, el golpe de Estado de 1979 impidieron que la UCA profundizara en los cambios internos. Aparte de la crisis política, que llevó al país a la guerra, la primera junta de Gobierno y su fracaso implicaron para la Universidad la pérdida de personal muy valioso. La UCA se vio en serios aprietos por la salida de una parte del personal más cualificado, que primero se integró al Gobierno y luego pasó al exilio. Pocos meses después estalló la guerra, y el rector de la Universidad, Ignacio Ellacuría, también se vio forzado a pasar varios meses en el exilio. En los primeros años de la década de los ochenta, varias autoridades y profesores estuvieron temporalmente fuera del país por razones de seguridad personal.
En 1972, siete años después de su fundación y mientras la expansión física se desarrollaba, la dirección de la UCA se concentró en la revisión de su organización interna. El resultado de esta primera revisión fue determinante para el futuro, porque puso las bases sobre las cuales se asienta la UCA en la actualidad. La necesidad de esta revisión surgió porque la mayoría del personal estaba dedicado a la docencia y a la administración. Cada vez que se intentaba hacer un esfuerzo interdisciplinario de investigación, se desataba una crisis. Por eso, no había investigación institucional ni permanente. La proyección social era aún más precaria y fragmentaria. El crecimiento rápido del personal había sido poco planificado, sin definir sus funciones ni responsabilidades con claridad. Consecuencia de ello era que el personal, aunque reducido, carecía de coordinación y orientación. La indefinición de funciones dificultaba, además, asignar responsabilidades. Una buena parte del personal consideró que la organización por facultades era inadecuada para los objetivos institucionales.
La reorganización de la UCA, en 1972, se fundamentaba en un modelo matricial. Se crearon nuevas unidades, llamadas departamentos, paralelas a las facultades, que en virtud de la especialización de funciones, se dedicarían a promover, coordinar y facilitar las ignoradas funciones de investigación y proyección social. Los departamentos son unidades encargadas del saber de una disciplina o de un grupo de ellas. Agrupan a los académicos que hacen docencia, investigación y proyección social propia de esa disciplina, y prestan servicios a todas las facultades y unidades de la Universidad. Así, pues, el departamento es una unidad disciplinar e interfuncional.
De este modo, ninguna unidad básica de la estructura académica se subordina de forma exclusiva a otra. Todas están estrechamente coordinadas entre sí y por la Vicerrectoría. Los problemas académicos son resueltos conjuntamente por el decano de la facultad, el jefe de departamento y la Vicerrectoría. Los problemas de investigación y proyección social son resueltos por los jefes de las unidades implicadas y el vicerrector académico.
El nuevo planteamiento fue divulgado y discutido ampliamente con el personal docente y administrativo. Después de introducir numerosos e importantes ajustes, el proyecto fue aprobado a finales de 1972. Desde entonces, el Manual de organización y consideraciones justificativas (San Salvador, 1972) ha sido un punto de referencia fundamental para el quehacer universitario de la UCA.
La reestructuración contemplaba, además, la creación de un instituto de investigaciones, un centro de proyección social, un decanato de estudiantes y una secretaría de comunicaciones. El primero promovería y coordinaría dicha actividad. Antes de su creación se habían iniciado dos investigaciones interdisciplinares: una sobre los costos y beneficios sociales de la electrificación rural en el país, y otra del proceso político comprendido entre julio de 1971 y julio de 1972. Fue un esfuerzo interdisciplinario por documentar científicamente el fraude electoral. La primera investigación fue financiada por el Banco Mundial, duró casi dos años y sus resultados están recogidos en cuatro gruesos volúmenes y en una base de datos. La segunda se publicó en lo que fue el segundo libro de la UCA: El Salvador, año político 1971-1972.
Una tercera investigación, de menos envergadura, fue un estudio evaluativo del movimiento cooperativo, auspiciado por la Fundación Promotora de Cooperativas, en 1973. Ese mismo año, se iniciaron otras tres investigaciones sobre la historia económica del país, la reforma agraria, la marginalidad urbana y la vivienda mínima. La segunda implicó la docencia, pues se llevó a cabo en forma de seminarios en varias disciplinas, en uno de los cuales incluso participaron oficiales de la Fuerza Armada. Asimismo, en el área tecnológica se dieron unos primeros pasos, todavía tímidos, en la producción de alimentos, en materiales para vivienda de bajo costo y el aprovechamiento de los recursos propios.
Fue en ese contexto, de numerosos obstáculos, problemas y deficiencias, que inició la investigación institucional de la UCA. Aunque el Instituto de Investigaciones desapareció, esta siguió cultivándose en los departamentos, y sus resultados se dieron a conocer en libros, revistas, seminarios y conferencias. Entre estos, destacaron los estudios sobre la emigración y las remesas, la pobreza, el compadrazgo, la educación, la guerra, la negociación y la estructura social. A comienzos de la década de los noventa, se volvió a crear un Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, que tuvo corta vida. Aunque ello no ha impedido la investigación institucional.
El Centro de Proyección Social se convirtió en el Centro de Servicio Social, unidad encargada de que los estudiantes de pregrado cumplan con el servicio social obligatorio. Esta transformación se debe al peso específico de los estudiantes mismos y a la identidad que adquirieron las unidades dedicadas formalmente a la proyección social. El Centro de Servicio Social requiere del apoyo de los departamentos, los cuales colaboran supervisando el trabajo de los estudiantes. Durante la guerra, el alcance del servicio se vio muy reducido, pero desde 1992, se desarrolla cada vez más en comunidades rurales y suburbanas necesitadas.
El Decanato de Estudiantes se orientó a la coordinación de las actividades extracurriculares de los alumnos. Esta función fue muy importante en los años anteriores a la guerra. En parte, por la intensa participación estudiantil. Al estallar la guerra, el miedo a la participación estudiantil redujo sus actividades al deporte y el arte. A principios de la década de los noventa, de esta experiencia surgieron el Centro Cultural Universitario y el Centro Polideportivo, mientras que los asuntos relacionados con el bienestar estudiantil fueron asumidos por los decanatos y los coordinadores de carrera. Actualmente, la unidad responsable es la Dirección de Desarrollo Estudiantil (DiDE).
La Secretaría de Comunicaciones se encargó de canalizar el flujo de información interna y externa. Estaba previsto que la unidad se subdividiera en secciones que se encargarían de la coordinación de sus actividades, contenidos y mensajes. La guerra impidió que la unidad creciera conforme a lo planificado. Sin embargo, continuó funcionando de forma modesta. Las publicaciones impresas, por ejemplo, fueron coordinadas por el Centro Editorial.
En el contexto de la evaluación general de 1973, se revisaron los planes de estudio, según los criterios siguientes: debían incorporar un componente fuerte de educación general, orientado a poner los fundamentos lógicos, culturales, y la motivación de ética de servicio al pueblo salvadoreño; todas las carreras debían tener un núcleo común de materias propias, imprescindibles para la excelencia profesional, y un cierto número de materias electivas, que permitiera a los estudiantes adaptar de forma flexible el plan de estudios a sus intereses, pudiendo así conseguir un mayor grado de especialización en su propia carrera, una competencia mayor en una segunda o ampliar las bases de su cultura general.
El cambio estructural más grande se dio en ingeniería. Se vio que el título de ingeniero industrial con especialidad eléctrica, mecánica o química era demasiado general para las necesidades técnicas del país. Resultado de esta revisión fue la apertura de las ingenierías Química, Mecánica, Industrial y Eléctrica, a las cuales se agregó la Civil, cuya matrícula de primer año se incrementó de forma espectacular.
En l973, la UCA tuvo problemas financieros. Aunque las cuotas y otros pagos estudiantiles nunca habían financiado los gastos corrientes de operación, el déficit era cubierto con las becas del Gobierno y algunas donaciones. Esto último, más el subsidio del Gobierno y los préstamos, permitió acumular una reserva pequeña, que era utilizada para cubrir las inversiones. Sin embargo, la inflación y el volumen creciente de operaciones de la UCA hicieron que los pagos estudiantiles, las becas y las donaciones resultaran insuficientes. Por primera vez, la UCA subió las cuotas de los estudiantes.
Al año siguiente, estas cuotas se diferenciaron, según el ingreso familiar. Este sistema se fundamenta en el principio solidario de que se debe contribuir a una causa justa de interés común, según las capacidades de cada persona. De esta manera, se evitó una subida de cuotas general e indiscriminada, aunque la UCA siempre ha sostenido que los gastos de operación deben ser cubiertos por los beneficiarios más directos del servicio prestado. Antes de dar este paso, se sondeó la disponibilidad de los estudiantes. Luego, se hicieron los estudios técnicos, y el sistema se implantó a finales de 1974. Una unidad administrativa, la Oficina de Cuotas Diferenciadas, es la encargada de operar el sistema. En la actualidad, este sigue vigente, aunque los rangos del escalafón son revisados anualmente para mantener el ritmo de la inflación y del costo de la educación superior.
La estructura del personal de la UCA también fue modificada, en 1973. Se estableció un escalafón que respondiera a las exigencias de justicia, conforme a los criterios siguientes: garantizar los mínimos de una vida digna a todos sus trabajadores, reducir las desigualdades económicas internas y aproximar el escalafón para dar a cada quien según sus necesidades y requerir según sus posibilidades. El personal se organizó en seis categorías con un límite menor y uno mayor, con escalones intermedios entre estos límites. Se estableció un sistema de promoción automática, según el cual cada aumento era inversamente proporcional al sueldo devengado. Al igual que los otros cambios, este también fue presentado y discutido con el personal antes de implementarlo.
La inflación de la década de los setenta hizo imposible reducir de forma drástica las desigualdades económicas internas. Sin embargo, el sistema se mantiene en la actualidad con doce categorías, con las que se hacen las promociones y los aumentos salariales, los cuales son inversamente proporcionales al sueldo devengado. A esto se añaden las prestaciones de la UCA. Al comienzo, la Universidad garantizaba el salario completo por seis meses en caso de enfermedad o accidente. Luego, se ofreció el seguro de vida, el seguro médico, la despensa familiar, la ayuda escolar, las cuotas especiales para estudiar en ella, descuentos especiales por otros servicios y los préstamos personales, entre otros. La mayoría de estas prestaciones son financiadas por los aportes de la UCA y del empleado.
En 1971 se fundó la Asociación Salvadoreña de Educadores de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, cuyo propósito era apoyar financieramente a sus miembros, con el respaldo de la institución. No obstante, tuvo una vida breve.
La guerra significó una presión enorme para el cumplimiento de las funciones de la UCA. No obstante, esta se adaptó, incluso cambiando el ritmo de su quehacer. En este período, sin duda en respuesta a las exigencias de la crisis, la UCA puso su mayor peso creativo en la proyección social. Aunque también hubo novedades en el área académica, donde abrió nuevas carreras: Química Agrícola (1982), Ingeniería Eléctrica para ingenieros mecánicos (1982), Ingeniería Agronómica con especialidad en economía agrícola (1983), profesorados en Ciencias Sociales y en Ciencias Religiosas y Morales (1983), Ciencias Jurídicas (1984), plan complementario en Sociología (1984), y Arquitectura (1987). Asimismo, abrió la Escuela de Idiomas, dedicada a la enseñanza del inglés, con bastante éxito.
En esta década, inició los programas de maestría, primero Teología (1985), seguida de Administración de Empresas (1987). Desde finales de la década anterior, la UCA comprendió la necesidad de elevar el nivel académico y profesional del país, dando el paso a los postgrados; pero procedió con suma cautela, pues había que contar primero con personal calificado y con los recursos mínimos necesarios. Para asegurar lo primero, desde mediados de la década de los setenta, se preocupó por enviar a sus mejores egresados con vocación universitaria a especializarse en universidades extranjeras. Primero, utilizó una parte del segundo préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo; luego, su prestigio y la calidad de sus propios egresados permitieron a ambos beneficiarse de becas, ofrecidas por Gobiernos e instituciones privadas.
Esta experiencia no ha dado todos los resultados esperados. Una buena parte de los becarios no regresa a la UCA, y otros la abandonan al cumplir los años de servicio a los cuales están obligados. Influye mucho el nivel de salarios de la Universidad, que, no obstante sus esfuerzos, no son competitivos en relación con los de los sectores público y privado. A pesar de esto, la UCA pudo renovar su personal. Así, la mayoría del personal joven mejor cualificado comenzó como instructor, al graduarse permaneció en la Universidad, poco después salió a especializarse en el exterior gracias a una beca y en la actualidad desarrolla su vocación universitaria en ella. La UCA, en la medida de sus posibilidades, siempre se ha preocupado por especializar a su personal y por mantenerlo actualizado.
En relación con esta intensa actividad académica, floreció la producción impresa: UCA Editores, fundada a comienzos de la década de 1970, incrementó notablemente su fondo editorial, tal como se puede constatar en su catálogo. Entre 1979 y 1984, la UCA llegó a tener nueve revistas, incluyendo ECA, fundada en 1946. Estas publicaciones, que recogen y difunden la producción académica de los departamentos, fueron precedidas por una de corta vida, llamada Abra. La lista es la siguiente: Administración de Empresas (1979), Boletín de Ciencias Económicas y Sociales (1979), Ciencia y Tecnología (1980), Proceso (1980), Carta a las Iglesias (1981), Boletín de Psicología (1982), Taller de Letras (1982), Revista Latinoamericana de Teología (1984). El boletín de economía se transformó en la revista Realidad económico-social, primero (1988), y luego en Realidad (1994). A comienzos de la década de los noventa, algunas de estas revistas tuvieron que suprimirse por falta de circulación. Entonces, Realidad se convirtió en la revista de humanidades y ciencias sociales, como lo indica su título actual. Hubo otras dos revistas tecnológicas de corta vida: Ciencias Naturales y Agrarias (1986) y Boletín de Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación (1991).
Algunos departamentos, en particular los de Mecánica Estructural y de Organización del Espacio, publican de forma periódica cuadernos de trabajo, que son explicados en las aulas a los estudiantes, o en conferencias y seminarios a los profesionales.
En 1985, al cumplir veinte años, la UCA volvió a recordar su identidad y su misión. Su pensamiento y experiencia están recogidos en Planteamiento universitario (1989). Al igual que antes, se vio conveniente revisar los planes de estudio de las diferentes carreras, pero la intensidad de la guerra no permitió concluir antes de 1989.
El pago de la deuda al Banco Interamericano de Desarrollo puso presiones fuertes sobre una economía universitaria afectada ya por la guerra. Las devaluaciones del colón, con las cuales no se contaba, triplicaron el monto adeudado. Sin embargo, un acuerdo con el Gobierno demócrata-cristiano alivió la pesada carga, pues este asumió una parte del monto que la devaluación suponía. Obviamente, la presión afectaba negativamente los salarios y las posibilidades de expansión. La carga de la deuda desapareció después de los asesinatos de 1989. En 1991, los centros de educación superior de Estados Unidos consiguieron que el Congreso de ese país liberara a la UCA de la deuda.
A finales de la década de los ochenta, la Junta de Directores comenzó a organizar un encuentro anual de todo el personal para reflexionar la misión, los desafíos y las fallas de la UCA.
El asesinato del rector, Ignacio Ellacuría; del vicerrector académico, Ignacio Martín-Baró; del director del IDHUCA, Segundo Montes; del director de la Biblioteca de Teología, Juan Ramón Moreno; de un profesor de Filosofía, Amando López, quienes además eran docentes, investigadores y escritores; junto con otro jesuita, Joaquín López, director de Fe y Alegría; y de dos mujeres, Elba y Celina Ramos, el 16 de noviembre de 1989, causó un impacto enorme en la Universidad. Pues no solo implicaron la desaparición física de una parte muy significativa de la dirección de la UCA, sino que además asestaron un golpe muy fuerte a la estructura universitaria, que se tambaleó. No se trataba solo de reemplazar a los mártires en los cargos y las responsabilidades respectivas, sino de reconstituir la identidad y la mística institucionales, gravemente maltrechas por la masacre. De este segundo impacto más trascendental no se tuvo conciencia plena de forma inmediata. En los primeros años, se percibió como falta de dirección e incluso de sentido. La UCA necesitó cinco años para recuperarse del golpe.
El 16 de noviembre se ha vuelto una fecha emblemática para la Universidad, en la cual recuerda anualmente su identidad y su misión con una serie de actividades académicas, culturales y festivas, a las cuales concurre una gran cantidad de gente que se siente identificada con la causa de los mártires. En los últimos años, la participación de los estudiantes ha sido notable. No hay que olvidar que los fundamentos de la UCA fueron puestos por los mártires, en particular por Ignacio Ellacuría. Por eso, al logotipo se le añadió una cruz, la señal del martirio.
La labor de estos jesuitas y de la UCA misma fue reconocida internacionalmente con una serie de premios, en particular el Príncipe de Asturias, la medalla de todas las universidades españolas, y varios doctorados honoris causa y medallas de las universidades de Estados Unidos. Asimismo, la UCA firmó una serie de convenios con otras instituciones de educación superior, algunos de los cuales han sido muy importantes, porque han facilitado el intercambio de profesores.
El Caso Jesuitas, la historia de la UCA y el pensamiento de sus mártires están recogidos en diversas publicaciones en español e inglés. Al tratar de explicar las causas del asesinato, los autores de estas obras no pueden evitar entrar en el ser de la Universidad a lo largo de esos años.
No obstante la incertidumbre inmediata, la UCA no se detuvo. En el área académica, impulsó nuevos proyectos, algunos de los cuales habían sido formulados previamente. Se abrieron tres carreras nuevas: la Licenciatura en Comunicación y Periodismo (1992), que incluye la especialidad de Comunicación para el Desarrollo, el Doctorado en Filosofía Iberoamericana y la Maestría en Salud Pública (ambas en 1997). Los proyectos de Comunicación y Salud Pública han sido posibles gracias a cuantiosas donaciones provenientes del exterior. Estos incluyen edificios, laboratorios, bibliografía y equipo. El primero está concluido, el segundo está en proceso. El de Salud Pública comenzó en 1992, formando promotores, en una zona suburbana de San Salvador. Esta dimensión tuvo que abandonarse por ser inviable, aunque la formación de promotores del Ministerio de Salud y de las organizaciones no gubernamentales es una posibilidad real.
En 1992, se retomó la revisión de los planes de estudio, iniciada en la década anterior. El final de la guerra, los cambios ocurridos en el país y en el mundo, y la antigüedad de los planes vigentes así lo exigían. La Vicerrectoría Académica hizo consultas sobre los criterios según los cuales se haría la revisión. Al comenzar la reforma educativa, el proceso se detuvo para acomodar los nuevos planes a los requerimientos del Ministerio de Educación.
El área que más transformaciones experimentó fue la de ingeniería. La estructura departamental existente se repensó de cara a las necesidades y los avances de la ciencia y la tecnología, y, después de amplias y largas discusiones, los miembros de los departamentos fueron reagrupados de acuerdo a áreas (Electrónica e Informática, Tecnología de Procesos y Sistemas, Mecánica Estructural, Ciencias Energéticas y Fluídicas, Matemática, Ciencias Naturales, y Organización del Espacio), a finales de 1996. Esta reestructuración fue acompañada de una fuerte inversión en laboratorios.
Asimismo, se modificó la estructura de la Dirección Académica. A finales de los ochenta, la Vicerrectoría Académica se había subdividido en una Vicerrectoría de Investigación y Grados Superiores y otra de Grados Básicos. La idea era aligerar el trabajo administrativo académico, concentrar la investigación y promover el lanzamiento de postgrados en una vicerrectoría específica. En 1993, a la Vicerrectoría Académica se le agregaron tres vicerrectorías adjuntas, una para Ingeniería y Arquitectura, otra para Ciencias Sociales y Humanidades y la tercera para la Administración Académica. En 1996, se optó por simplificar esta estructura, eliminando dos vicerrectorías adjuntas y dejando solo la de Ingeniería y Arquitectura.
Simultáneamente, se revisó de nuevo la organización interna de la UCA, reelaborándose el “Manual de funcionamiento” y algunos reglamentos. Parte de este esfuerzo fue la revisión de los estatutos, teniendo delante el anteproyecto de ley de educación superior, en cuya elaboración se participó. De hecho, la ley actual está basada en una propuesta elaborada por la Universidad, a mediados de los ochenta. El consejo superior universitario tradicional se transformó en consejo universitario, porque en el antiguo solo estaba representado el personal académico.
Se crearon nuevas unidades y programas: el Instituto de Educación, que luego se convirtió en Departamento de Educación, el cual, además de atender las necesidades internas de la UCA, apoya la reforma educativa del país, así como el Departamento de Salud Pública y la Maestría en Gestión del Medio Ambiente. En la actualidad, la UCA cuenta con fibra óptica, una red interna con acceso a Internet y varios procesos automatizados (Registro Académico, Administración Financiera y las bibliotecas).
La proyección más importante en este período es el martirio de los jesuitas y las dos mujeres, porque su asesinato fue determinante para evidenciar lo absurdo de la guerra e impulsar las negociaciones de paz. El Caso Jesuitas puso a prueba el sistema judicial, dejando en evidencia sus fallas y la necesidad de reformarlo. La UCA prestó especial atención al proceso de negociación y al cumplimiento de los acuerdos de paz, volviéndose un referente obligado de Naciones Unidas y de otras instancias interesadas en él.
La proyección social se potenció de forma notable con la apertura de YSUCA, una emisora radial participativa, educativa e informativa, y con el Centro de Producción Videográfica, que comenzó produciendo un programa de opinión para la televisión comercial y documentales de diverso tipo para instituciones privadas y gubernamentales. Se prescindió del programa por su elevado costo, y se limitó su actividad a lo segundo.
Una novedad de las vicerrectorías académicas y de Proyección Social ha sido la firma continua y creciente de contratos y convenios para prestar servicios a empresas privadas, dependencias estatales y organizaciones no gubernamentales. Esta modalidad supone una relación novedosa con los sectores público y privado, con potencial para enriquecer a ambas partes, así como un acercamiento a la problemática nacional desde una perspectiva distinta e ingresos adicionales para financiar las actividades de la UCA.
En el área administrativa también hubo novedades. De la Vicerrectoría Financiera se desprendió la Dirección Administrativa, responsable del mantenimiento de los edificios y equipos. En estos últimos años, el campus se ha ampliado con nuevos edificios de Comunicación y Salud Pública, y la ampliación de Administración Central y del Edificio “B” de Profesores. Estos últimos se han construido con recursos propios.